Crece la censura en Nicaragua: nueva ley de ciberdelitos limita la libertad de expresión en redes sociales

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva ley que impone penas de cárcel a quienes publiquen comentarios que generen "alarma" en redes sociales. Establece penas de tres a cinco años de prisión y multas para quienes, tanto dentro del país como en el extranjero, publiquen contenidos que causen "alarma, temor, pánico o zozobra" entre la población, especialmente si se consideran críticos del régimen.

La normativa fue calificada como una "ley mordaza" por medios opositores en el exilio, ya que restringe la difusión de información sobre graves violaciones de derechos humanos y la persecución del régimen, aumentando la censura digital y limitando la libertad de expresión.

Nicaragua refuerza el control de redes sociales y endurece las penas

Según el comunicado del parlamento nicaragüense, controlado por el gobierno de Daniel Ortega, con la nueva ley las penas pueden aumentar de cinco a diez años de prisión si se considera que la publicación promueve discriminación, odio, violencia, o pone en peligro la estabilidad económica y social del país.

Esta nueva legislación endurece la ley de ciberdelitos de 2020, que ya había llevado a la acusación y arresto de numerosos opositores y periodistas bajo el cargo de "propagación de noticias falsas".

Salvador Marenco, abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, criticó la medida, afirmando que la ley materializa un "control total" sobre las redes sociales, que son cruciales para denunciar violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Marenco advirtió que la nueva norma amplía la "política de represión transnacional" del régimen de Ortega.

Félix Maradiaga, excandidato presidencial nicaragüense exiliado en Estados Unidos, comparó la legislación con las existentes en Rusia y China, y advirtió que Ortega sigue el "manual de censura" de estos regímenes para criminalizar cualquier crítica que amenace su poder.

Ley de ciberdelitos y reforma penal intensifican la represión en Nicaragua

El parlamento, por su parte, argumentó que la ley fortalecerá la prevención, investigación y judicialización de los delitos relacionados con sistemas informáticos y redes sociales. La aprobación se enmarca en un contexto de represión creciente tras las protestas opositoras de 2018, que dejaron más de 300 muertos y llevaron al exilio a miles de nicaragüenses. Desde entonces, el gobierno ha cerrado unas 5.500 ONG y confiscado sus bienes.

La nueva legislación se suma a una reforma del código penal aprobada la semana pasada, que impone condenas de hasta 30 años de prisión por "delitos contra el Estado", independientemente del lugar donde se cometan. Nicaragua también retiró la nacionalidad y confiscó los bienes a 135 expresos políticos recientemente enviados a Guatemala.

El informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentado en Ginebra, criticó la ley aprobada y advirtió que podría intensificar la represión de los nicaragüenses en el exilio. La nueva ley entrará en vigor una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta.