Cristina Kirchner lleva su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
La expresidenta de Argentina asegura que ha sido víctima de arbitrariedad judicial en búsqueda de apartarla de la política.
AFP
02:03 p. m.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidió llevar su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al considerar que la condena en su contra respondió a decisiones judiciales arbitrarias destinadas a impedir su participación política.
Kirchner, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, cumple desde 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria. Además, fue sancionada con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
¿Por qué la condenaron?
La dirigente aseguró que la sanción que más impacto tiene sobre su futuro es la prohibición de ejercer funciones públicas. En su criterio, esa medida busca impedir que los argentinos puedan volver a respaldar el proyecto político que ella representa.
De acuerdo con la exmandataria, la presentación ante el organismo internacional pretende que la actuación de los magistrados que participaron en el juicio sea evaluada bajo los estándares del derecho internacional de derechos humanos.
Este caso también reavivó la discusión dentro del peronismo sobre el liderazgo de la principal fuerza opositora al presidente Javier Milei, debido a que la inhabilitación de Kirchner la aparta de futuras contiendas electorales.
En su pronunciamiento, la exjefa de Estado afirmó además que durante el proceso fue objeto de prácticas vinculadas a un sesgo de género que, a su juicio, aún persiste en algunos sectores.
¿Qué decisión podría tomar el comité de la ONU?
Paralelamente, la justicia rechazó recientemente un recurso presentado por su defensa para frenar un millonario decomiso de bienes. También fue suspendido el pago de la jubilación especial que recibía como expresidenta, mientras que la pensión correspondiente por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner fue restablecida de manera parcial.
A estas decisiones se suma una advertencia emitida en junio por las autoridades judiciales, que le ordenaron respetar las condiciones impuestas durante su arresto domiciliario. Entre ellas figura el uso de una tobillera electrónica y la obligación de evitar conductas que alteren la convivencia en el lugar donde cumple la condena, bajo el riesgo de que ese beneficio sea revocado.