Dueños de la discoteca Jet Set podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel por tragedia que dejó 236 muertos
La Fiscalía sostiene que los propietarios conocían los riesgos estructurales del lugar.
Valentina Bernal
09:36 p. m.
La tragedia de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, vuelve a dar un giro. Un tribunal modificó la calificación del delito por el que son procesados los propietarios del establecimiento, una decisión que podría elevar hasta 20 años la pena de prisión que afrontarían si son declarados culpables.
El caso se remonta al 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca se desplomó durante un concierto del reconocido cantante de merengue Rubby Pérez. El colapso dejó 236 personas muertas, incluido el artista, y numerosos afectados.
De homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual
Antonio Espaillat, propietario del establecimiento, y su hermana Maribel, quien se desempeñaba como administradora, habían sido enviados a juicio en junio de 2025 por el delito de homicidio involuntario, que contemplaba penas de entre dos y tres años de prisión.
Sin embargo, el tribunal recalificó la conducta como homicidio por dolo eventual, una figura jurídica que puede aplicarse cuando una persona, pese a prever la posibilidad de un resultado mortal derivado de sus actos u omisiones, continúa actuando y acepta ese riesgo. Este delito contempla penas de hasta 20 años de cárcel, según la información del caso.
El cambio no significa que los hermanos hayan sido declarados culpables. La responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso judicial.
Fiscalía sostiene que los propietarios conocían los riesgos
Uno de los puntos centrales de la acusación es que, según la Fiscalía, los hermanos Espaillat habrían tenido conocimiento previo de las condiciones estructurales de la discoteca y de los peligros que estas representaban para quienes asistían al lugar.
Durante la decisión judicial, el juez Franny González citó los argumentos del ente acusador, que sostiene que el desplome no fue un hecho inevitable y que existían advertencias sobre los riesgos.
La Fiscalía argumenta que la tragedia pudo evitarse si se hubieran tomado las medidas necesarias. Será la justicia la encargada de evaluar las pruebas y determinar si los acusados tenían conocimiento del peligro y si su conducta permite atribuirles responsabilidad penal.