El cierre de 1.500 ONG en Nicaragua es "sumamente preocupante", afirma la ONU
El Gobierno nicaragüense ha justificado el cierre de las ONG, en su mayoría de carácter religioso, por incumplimientos en la presentación de estados financieros.
AFP - Noticias RCN
05:58 p. m.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el cierre de masivo de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes según informes de la ONU.
La clausura masiva se produce tres días después de la implementación de una nueva normativa que obliga a las ONG a operar exclusivamente en "alianzas de asociación" con entidades estatales. Esta normativa se suma a una serie de medidas que han estrechado el control del Gobierno sobre la sociedad civil.
Liz Throssell, portavoz de la ONU, calificó la medida como "profundamente alarmante", especialmente en un país donde el espacio cívico ha sido severamente restringido y se han impuesto limitaciones indebidas a la libertad religiosa.
¿Cuál es la razón para el cierre de las ONG en Nicaragua?
El Gobierno ha tomado la decisión de cerrar 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), en su mayoría de carácter religioso, elevando a más de 5.100 el total de entidades disueltas desde las protestas en 2018.
La medida, publicada en el diario oficial La Gaceta, es parte de una serie de restricciones que opositores del régimen de Daniel Ortega consideran una represión contra grupos que critican al presidente. Las ONG, han sido acusadas de no reportar sus estados financieros durante periodos de hasta 35 años. Los bienes de estas organizaciones serán confiscados.
¿Qué organizaciones No Gubernamentales han sido disueltas?
Entre las entidades disueltas se encuentran numerosas asociaciones católicas y evangélicas, así como organizaciones benéficas, deportivas, rurales, de jubilados, indígenas y de excombatientes.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió la nueva normativa, mientras la ONU insta a Nicaragua a respetar los derechos humanos y restaurar los espacios cívicos y democráticos.
Críticos como el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y analistas de derechos humanos denuncian que estas acciones buscan consolidar un mayor control sobre las organizaciones y sus recursos.
Además, el gobierno de Ortega, que enfrenta sanciones internacionales por su autoritarismo, ha intensificado la represión, encarcelando y expulsando a críticos y clérigos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a cesar la represión generalizada y la persecución religiosa en el país.