El Salvador impone condenas de más de mil años de cárcel a pandilleros

El Salvador volvió a imponer condenas de más de mil años de cárcel a pandilleros en el marco de la ofensiva impulsada por el presidente Nayib Bukele contra las estructuras criminales. La Fiscalía informó que un tribunal sentenció a 28 integrantes de la banda conocida como El Gremio, procesados por delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la información oficial divulgada por la Fiscalía en la red social X, dos de los 28 procesados recibieron una pena individual de 1.048 años de prisión. La entidad no precisó si este proceso hace parte de los juicios colectivos que se desarrollan bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.

¿Por qué los pandilleros recibieron condenas de más de mil años en El Salvador?

Según la Fiscalía, los integrantes de El Gremio fueron juzgados por tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. Estas sentencias se producen dentro de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Nayib Bukele, que desde 2022 ha permitido la captura de más de 90.000 pandilleros, quienes permanecen recluidos en cárceles de máxima seguridad.

En el ámbito legislativo, el Congreso salvadoreño aprobó en marzo una reforma constitucional que eliminó la antigua pena máxima de 60 años contemplada en el Código Penal y la reemplazó por la prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Posteriormente, la Asamblea Legislativa también avaló la prisión perpetua para menores de 18 años responsables de esos mismos delitos.

¿Qué otros procesos judiciales avanzan contra las pandillas en El Salvador?

El pasado 15 de julio concluyó el juicio colectivo contra 485 integrantes de la Mara Salvatrucha. La fecha de la sentencia aún está pendiente, aunque la Fiscalía también solicitó penas de miles de años de prisión para los procesados. Entre ellos se encuentran los 22 miembros de la denominada "ranfla histórica", identificada como la cúpula de esa organización criminal.

Estas decisiones judiciales se producen en un contexto de cuestionamientos internacionales. Organizaciones no gubernamentales sostienen que en El Salvador no existe independencia judicial y han señalado presuntas violaciones a los derechos humanos durante la ofensiva contra las maras. Según Amnistía Internacional, durante el régimen de excepción cientos de personas han muerto bajo custodia y más de 90.000 han sido detenidas arbitrariamente, situación que la organización considera podría constituir "crímenes de lesa humanidad". Por su parte, el Gobierno mantiene su estrategia de combate contra las pandillas, mientras continúan los procesos judiciales contra integrantes de estas organizaciones criminales.