En su tercer día, cierre de Gobierno no ha logrado destrabarse en los EE. UU.: presupuesto de ICE en la mira

Bajo la sombra de una crisis social que estalló tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis, el presidente Donald Trump exigió este lunes, 2 de febrero, al Congreso destrabar inmediatamente el presupuesto nacional.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano lanzó un mensaje contundente para intentar poner fin al tercer día de parálisis administrativa. "Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA. En este momento NO PUEDE HABER CAMBIOS", sentenció Trump ante este segundo "shutdown" en menos de seis meses.

Demócratas tienen una lista de exigencias sobre los agentes del ICE:

El conflicto radica en la exigencia de los demócratas de reformar profundamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La indignación estalló tras los fallecimientos de Alex Pretti y Renee Good, ambos de 37 años, que fueron abatidos por disparos de la policía migratoria (ICE).

Debido a esto, la oposición se niega a financiar los servicios de migraciones si no se implementan cambios operativos estrictos, tales como el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición del uso de pasamontañas por parte de los agentes y la obligatoriedad de órdenes judiciales para efectuar detenciones.

Aunque el Senado logró aprobar el pasado viernes cinco proyectos que garantizarían el funcionamiento de la mayor parte del gobierno hasta septiembre, el presupuesto específico para el DHS solo contempla un margen de maniobra de dos semanas.

Los efectos del segundo cierre en menos de seis meses no son tan evidentes:

Esta limitación temporal obliga a los legisladores en la Cámara de Representantes a negociar bajo una intensa presión política. Mientras los republicanos aceptan la generalización de las cámaras, rechazan que los agentes operen a cara descubierta por temor al acoso de activistas; asimismo, recuerdan que legalmente no se requiere una orden judicial para arrestos en la vía pública, a diferencia de los allanamientos domiciliaros.

Pese a la polarización, los efectos de este cierre gubernamental son actualmente menos visibles que el traumático bloqueo de 43 días vivido entre octubre y noviembre pasados por disputas sobre los seguros de salud. En dicha ocasión, cientos de miles de funcionarios quedaron en paro técnico o trabajaron sin recibir salario hasta el final del conflicto.