España regularizará por decretazo a miles de migrantes: ¿Quiénes aplican a la medida?

El Gobierno de España, del presidente Pedro Sánchez, anunció una regularización extraordinaria de migrantes que hayan permanecido al menos cinco meses en el país, una medida que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas en situación irregular.

El anuncio, presentado como una respuesta urgente a la falta de mano de obra en sectores clave de la economía española, ha sido recibido con alivio por organizaciones sociales y colectivos de migrantes.

Sin embargo, también ha generado una fuerte controversia política, especialmente por la forma en que fue adoptado (sin aval del Congreso) y por sus posibles consecuencias a mediano plazo.

Regularización por decreto para migrantes en España

La decisión fue tomada por el Ejecutivo mediante un decreto pactado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, sin pasar por el Congreso de los Diputados.

Este punto ha sido uno de los más cuestionados por la oposición, que acusa al Gobierno de esquivar el debate parlamentario en un tema de alta sensibilidad social.

Pedro Sánchez no cuenta actualmente con una mayoría sólida en el Congreso para sacar adelante reformas estructurales, lo que ha llevado a su Gobierno a recurrir con frecuencia a decretos.

En este caso, la regularización se convierte no solo en una política migratoria, sino también en una jugada política que refleja la fragilidad del equilibrio legislativo en España.

Desde el Gobierno defienden la medida como una forma de dignificar el trabajo extranjero que en el país se mantiene sin derechos laborales ni protección social, mientras sectores como la agricultura, la construcción, los cuidados y la hostelería enfrentan serias dificultades para cubrir vacantes.

¿Quiénes aplican a los documentos de regularización en España?

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que el proceso está dirigido a personas extranjeras que hayan permanecido en España hasta el último día de 2025.

Este proceso está dirigido a personas extranjeras que llevarán al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del 2025.

También podrán acogerse a esta regularización quienes hayan solicitado protección internacional antes de esa misma fecha, lo que amplía el universo de beneficiarios y responde a una demanda histórica de organizaciones de derechos humanos.

Para muchos migrantes, esta decisión representa una oportunidad concreta de salir de la invisibilidad, acceder a un empleo formal y contribuir de manera plena a la economía española.

Según la oposición, medidas de este tipo podrían incentivar a las mafias que se lucran del traslado irregular de migrantes hacia Europa, una preocupación recurrente en el debate migratorio europeo.

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que regularizar no es sinónimo de descontrol, sino de ordenamiento. La apuesta, dicen, es pasar de la economía sumergida a la integración formal, con controles, registros y derechos.