Filtrar información sobre el caso de Maduro puede tener complicaciones legales para los abogados
En diálogo con NTN24, la analista Maibort Petit explicó los impactos que traería la filtración de detalles en torno al caso.
Noticias RCN
10:38 a. m.
La Fiscalía de Estados Unidos presentó un documento adicional que establece restricciones sobre el manejo de información en el caso contra Nicolás Maduro y otros acusados venezolanos, incluyendo a su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y alias El Niño Guerrero.
Según explicó la analista internacional y periodista investigadora venezolana Maibort Petit, para NTN24, la nueva propuesta fiscal va más allá de la orden judicial, argumentando que, por el poder político y económico que han tenido en Venezuela, pueden eliminar testigos, asesinar o secuestrar a las familias, romper las evidencias u obstaculizar las investigaciones.
Las restricciones en el proceso con los documentos
El documento establece tres niveles de restricción. Primero, información exclusivamente para los abogados defensores, quienes deberán acudir a un salón específico, registrarse y revisar los documentos sin posibilidad de extraerlos.
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Segundo, material compartido únicamente entre el acusado y su abogado correspondiente. Y tercero, prohibición absoluta de divulgar cualquier dato en redes sociales, discursos políticos o medios de comunicación.
El impacto de las ‘fake news’ durante el proceso
La fiscalía también advierte que los acusados pueden implosionar el caso. Es decir, destruirlo completamente; razón por la cual no quieren poner en riesgo la investigación. Además, expresan preocupación específica sobre campañas de desinformación generadas particularmente en el caso de Maduro y Flores, señalando que las ‘fake news’ (noticias falsas) han creado turbulencia dentro y fuera de la opinión pública.
Las nuevas reglas incluyen penalizaciones, tanto para los abogados defensores como para los acusados, si se detecta filtración de información. En caso de que cualquier dato aparezca en medios de comunicación, redes sociales e incluso en declaraciones de agrupaciones, podrían incrementarse los cargos contra los acusados y establecerse responsabilidades legales para sus representantes.