Gobierno de Nayib Bukele enfrenta denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos en El Salvador
Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
Reuters
07:08 p. m.
El régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele podría haber derivado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, según un informe presentado por juristas internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento sostiene que existen “motivos razonables” para creer que se han producido violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco de la estrategia de seguridad contra las pandillas.
El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
Durante una audiencia pública realizada en Guatemala, los especialistas señalaron que los hechos documentados encajan en la definición de crímenes contra la humanidad establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Informe señala política estatal en violaciones de derechos humanos
Según el documento presentado ante la CIDH, los casos recopilados apuntan a la existencia de una política de actuación policial y militar que habría sido conocida e incluso promovida por altos niveles del gobierno salvadoreño. Entre las violaciones registradas se incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y otros actos considerados inhumanos bajo el derecho internacional.
De acuerdo con el informe respaldado por organizaciones internacionales de derechos humanos, hasta agosto de 2025 se habían documentado 403 muertes bajo custodia estatal, entre ellas cuatro menores de edad. Además, hasta febrero de 2025 se registraron al menos 540 casos de desaparición forzada vinculados con las detenciones realizadas durante el régimen de excepción.
Por su parte, el Defensor del Pueblo salvadoreño, general René Escobar, rechazó las acusaciones y aseguró que el gobierno niega cualquier política de desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias.
Mientras tanto, el Ejecutivo destaca que los homicidios en el país han caído más del 90% desde que Bukele asumió la presidencia, un dato que el gobierno utiliza como evidencia de la efectividad de su política de seguridad.