¿Hablar español podría llevarlo a interrogatorio en EE. UU.? Así buscan rastrear a indocumentados
Desde el departamento de Justicia califican como una camisa de fuerza la prohibición de las operaciones itinerantes en el área de Los Ángeles y los interrogatorios a personas con acento.
Noticias RCN
05:22 p. m.
Estados Unidos, después de México, es el segundo país con más hispanohablantes en el mundo: 57 millones, ubicándose por encima de Colombia, España, Venezuela e, incluso, Argentina, según datos del Instituto Cervantes.
De ellos, según la Oficina del Censo de EE. UU., 15,7 millones se encuentran en el estado de California, desde donde la Corte Suprema recibió una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para suspender la orden judicial que impide detener e interrogar a personas, argumentando que fueron vistos hablando español o inglés con acento.
¿Por qué interrogar a los hispanohablantes? Esto dice el DOJ
Según el Departamento de Justicia (DOJ), “puede ser un factor que sustente una sospecha razonable”, de que alguien se encuentra de manera irregular en el país.
Al igual que su procedencia: México y los países de Centroamérica y su ocupación: jornalero, constructor o paisajista. E ignorar esta “realidad”, según el DOJ, sería un “intento de usurpación judicial de las funciones del control migratorio”.
Personas con acento también podrían ser requeridas
En su escrito, el Departamento de Justicia sugiere que “los agentes podrían basarse razonablemente en el hecho de que alguien hable exclusivamente español para sustentar una sospecha razonable de que se encuentra en el país sin documentos, sobre todo porque un porcentaje desproporcionado de inmigrantes del Distrito Central habla español y no habla inglés con fluidez o no lo habla en absoluto”.
Y, por tanto, piden suspender la orden del 11 de julio de la jueza federal Maame E. Frimpong, de la Corte del Distrito Central de California, con la que se limitaron los operativos itinerantes en el área de Los Ángeles, y los interrogatorios a hispanohablantes de los que no se tenga una sospecha razonable. Instrucciones que fueron ampliadas a los condados de Orange, Ventura, Riverside, San Bernardino, Santa Bárbara y San Luis Obispo, por orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.