Justicia ecuatoriana vincula al expresidente Correa en investigación por secuestro de opositor en Colombia

El mandatario que actualmente reside en Bélgica tendría que comparecer ante la justicia ecuatoriana cada dos semanas, algo que rechazó su defensa.


Noticias RCN

jun 18 de 2018
08:33 p. m.

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El expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien vive en Bélgica, fue vinculado el lunes por la justicia de su país en una causa por el presunto secuestro en Colombia de un opositor en 2012, delito condenado con al menos cinco años de cárcel.

La jueza Daniella Camacho dispuso que el exmandatario (2007-2017) se presente "cada 15 días" ante la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que responda en la investigación por el secuestro del exdiputado Fernando Balda, señaló la fiscalía, que solicitó la vinculación de Correa en el caso por su presunta participación como autor mediato.

Camacho "acoge el pedido de Fiscalía y dispone la medida de presentación periódica del expresidente Rafael C. ante la @Corte Nacional cada 15 días, a partir del 2 de julio de 2018", indicó el organismo acusador en su cuenta de Twitter.

La jueza "dispuso algo insólito, que alguien que vive en Bélgica, que tiene su familia en Bélgica (...) que tiene su trabajo en Bélgica se venga cada 15 días al Ecuador solo para presentarse en la secretaría del juzgado", dijo a la prensa el abogado de Correa, Caupolican Ochoa, tildando a la medida de "tamaño abuso".

Entretanto, la defensa de Balda advirtió que, según la ley, Correa no podrá ser juzgado por el secuestro en caso de no comparecer.

"No se va a poder juzgar en ausencia, él (Correa) podría estar prófugo los próximos siete años y luego regresar" al país, manifestó el abogado Felipe Rodríguez.

Balda solicitará que se dicte orden de prisión preventiva contra el exgobernante si es que incumple la disposición de presentarse el 2 de julio ante la justicia ecuatoriana, añadió.

"No sé por qué"

En la audiencia en Quito, el fiscal general Paúl Pérez también solicitó como medida cautelar "el uso del dispositivo electrónico" de vigilancia por parte de Correa, pero el pedido fue rechazado por la jueza.

Previamente, el exmandatario, quien vive en Bruselas tras dejar el poder en mayo de 2017, expresó por Twitter: "No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan".

Incluso alertó: "Hoy pueden ordenar quitarme la libertad".

Balda, exlegislador del Partido Sociedad Patriótica (PSP), de oposición a Correa, sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012, y por orden del entonces presidente, cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.

Por el caso ya están detenidos tres agentes de Inteligencia policial, un excomandante de la Policía y un exjefe de la Secretaría (ministerio) Nacional de Inteligencia, quien fue capturado el domingo en España.

Correístas protestan

Correa, involucrado por primera vez en una causa penal en Ecuador al verse salpicado por supuestos escándalos de corrupción, expresó el lunes por Twitter que "nunca podrán probar nada, porque no existe. Probablemente podrán lograr falsos testimonios, pero jamás prueba material alguna".

El expresidente socialista fue vinculado a la causa por secuestro mientras varias decenas de sus simpatizantes protestaban en las afueras de la Corte con gritos y pancartas con leyendas como "Con Rafael no se metan".

Además, calificaban de "dictador" y "corrupto" al mandatario Lenín Moreno, exaliado de Correa, quien declaró de manera voluntaria el 24 de mayo desde el consulado ecuatoriano en Bruselas negando estar implicado.

Ambos sostienen una pugna de poder que llevó a la crisis al oficialismo, en el gobierno desde hace una década.

Luego de estar tres años refugiado en Colombia, Balda fue expulsado de ese país el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno correísta, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana.

También fue condenado a un año de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, tras denunciar la existencia de un centro de espionaje oficial en Ecuador.

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