Ni las iglesias se salvan: Nicaragua les exigirá impuestos y cierra otras 151 ONG

El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de otras 151 organizaciones no gubernamentales (ONG) y ha impuesto nuevas exigencias fiscales a las entidades religiosas, incluyendo iglesias y fundaciones. Esta medida se enmarca en un endurecimiento del control estatal sobre las organizaciones civiles y religiosas del país.

La resolución, publicada en el diario oficial La Gaceta y firmada por el presidente Daniel Ortega, deroga la exención de impuestos para las iglesias y otras organizaciones religiosas, que hasta ahora estaban exentas del impuesto a la renta.

Bajo la nueva legislación, las iglesias deberán pagar hasta el 30% de sus ingresos anuales en impuestos, dependiendo del monto reportado al final del año.

Continúa el creciente control estatal y el cierre de ONG en Nicaragua

El gobierno también ha cancelado la inscripción de 151 ONG, muchas de ellas dedicadas al comercio, solo tres días después de cerrar 1.500 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría de carácter religioso. Esta acción ha sido condenada por la oposición en el exilio, que considera el cierre masivo como una arremetida contra la sociedad civil.

Desde las protestas de 2018, que según Ortega y su esposa Rosario Murillo fueron apoyadas por ONG y la Iglesia Católica, el gobierno ha anulado alrededor de 5.300 organizaciones.

Estas manifestaciones, que desafiaron al régimen de Ortega, dejaron más de 300 muertos en tres meses, según informes de la ONU. En respuesta, muchos clérigos fueron encarcelados o expulsados del país.

Como parte de las nuevas regulaciones, el pasado 16 de agosto se implementó una normativa que obliga a las ONG a colaborar exclusivamente en "alianzas de asociación" con entidades estatales.

Esta normativa se suma a la ley de "Control de Organismos Sin Fines de Lucro" y a la de "Regulación de Agentes Extranjeros", que ahora incluyen cambios fiscales significativos.

Expertos y comunidad internacional condenan la represión en Nicaragua

Martha Patricia Molina, experta en temas de la Iglesia y exiliada en Estados Unidos, ha señalado que el gobierno busca "ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso".

Por su parte, José María Tojeira, portavoz de los jesuitas cuya universidad fue confiscada en Nicaragua, afirmó que "cada día es más evidente" el intento de "destruir toda posibilidad de religión y de iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo".

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las recientes medidas. Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, condenó el cierre de las ONG y el acoso a las comunidades religiosas en Nicaragua.

La ONU también calificó la decisión como "profundamente alarmante", y el excandidato presidencial Félix Maradiaga lo describió como un "nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática" del régimen de Ortega.

Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el círculo cercano a Ortega, acusando al gobierno de graves violaciones a los derechos humanos. Ortega, exguerrillero de 78 años y en el poder desde 2007, ha defendido las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado respaldado por Washington.