Nuevo golpe a la Iglesia Católica en Nicaragua: ¿por qué prohibieron las procesiones?
El país ha sido condenado internacionalmente por la violación de derechos y la persecución que se ha desatado contra opositores, periodistas y la iglesia.
AFP
09:40 a. m.
Lo que ocurre en Nicaragua ha despertado la atención internacional y la violación de derechos fue fuertemente condenada por varios países. Estos hechos se han visto evidenciados en la persecución contra opositores, periodistas y la iglesia que se lleva a cabo desde el Gobierno. Esta vez la Policía de Nicaragua prohibió a la iglesia católica realizar procesiones religiosas en la ciudad de Masaya.
La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, anunció que la Policía le notificó que "por razones de seguridad pública no serán permitidas las procesiones en las festividades" de San Miguel Arcángel y de San Jerónimo, que se celebra en Masaya, 30 km al sureste de la capital.
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La festividad de San Miguel Arcángel se realiza el 29 de septiembre y la de San Jerónimo, patrono de la ciudad, el 30 del mismo mes. Esa celebración se extiende hasta noviembre, siendo una de las más extensas en el país. Ante la medida policial, la Arquidiócesis que comprende la capital y ciudades vecinas de Masaya y Carazo invitó a los devotos y promesantes de los santos patronos a rendirles homenaje con la fe y devoción en sus corazones y "con la fuerza de la herencia ancestral en sus comunidades".
Es la segunda vez, que las autoridades prohíben a la iglesia católica realizar una procesión. Antes lo hizo en ocasión del cierre del Congreso mariano y el fin de la peregrinación de la imagen de la virgen de Fátima, el pasado 13 de agosto, ambos en la capital. La iglesia católica había reanudado este año la realización de procesiones, después de dos años que las interrumpió por medidas de seguridad a causa de la pandemia del Covid-19.
Contexto: ¿Qué ocurre en Nicaragua?
En 2018, Masaya, fue considerada una ciudad rebelde, por su rechazo a las medidas de fuerza hacia manifestantes que protestaban contra una reforma a la seguridad social y que derivó en un reclamo de renuncia al presidente Daniel Ortega, en el poder desde el 2007. La prohibición de realizar actos religiosos en la vía pública se inscribe en las acciones emprendidas por el Gobierno contra la iglesia católica, que arreciaron en agosto con el arresto domiciliar, del obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Un hecho que generó rechazo internacional.
Las relaciones entre el clero y el gobierno son tensas desde 2018, cuando los curas abrieron los templos para atender heridos en las protestas que hacían los ciudadanos para manifestarse en contra del Gobierno. Estos hechos dejaron 355 muertos y cientos de heridos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).