Ordenan la toma de bienes y equipos de DirecTV en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dio la orden luego de que la plataforma por suscripción cesara sus operaciones a raíz de sanciones de Estados Unidos.
Noticias RCN
11:52 a. m.
Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) "tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción" de DirecTV.
"Para ello, Conatel contará con el auxilio de la Fuerza Armada", anunció el TSJ en un comunicado.
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El tribunal también instruyó designar "una junta administradora ad-hoc" de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (DirecTV Venezuela) con "las más amplias facultades" a fin de "garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios" y "los derechos laborales de todos los trabajadores". Emitió una prohibición de salida del país, así como de grabar y enajenar bienes, contra los actuales directivos.
El TSJ admitió un recurso de amparo interpuesto por el chavismo el miércoles, un día después de que AT&T anunciara el cese de operaciones de DirecTV en el país. La acción exigía la restitución del suspendido servicio.
La empresa explicó que las sanciones financieras de Washington prohíben la transmisión de la televisión privada Globovisión y del canal PDVSA TV. La emisión de ambos canales, según la compañía, era requerida por la licencia otorgada por el régimen para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela.
"Las medidas cautelares" ante el recurso de amparo presentado el miércoles "se harán extensivas a todas aquellas operadoras de televisión por suscripción que de manera intempestiva suspendan la prestación de sus servicios", advirtió la sentencia del TSJ.
DirecTV abarcaba 45,32% del mercado de televisión por suscripción en Venezuela, según cifras oficiales, y el cese de sus operaciones afecta a unos 6,5 millones de personas en este país de 30 millones de habitantes.