Arrestan a pareja estadounidense que escondió durante año y medio el cadáver de un amigo para cobrar su pensión

James Agnew y su esposa, Suzanne Agnew, vivieron durante año y medio con el cadáver de su amigo James Francis O’Neill, en un suburbio de Denver, Colorado, de acuerdo con el Departamento de Policía de Lakewood.

La pareja habría decidido conservar el cuerpo para cobrar su pensión del Seguro Social, por poco menos de 1.000 dólares, luego de que O’Neill falleciera entre el 10 y el 20 de diciembre del 2023 por complicaciones de salud.

Con todo y que estuvo en su apartamento durante meses, no tomaron medidas para conservarlo y, al ser encontrado por las autoridades, explicaron que los ocho chihuahuas de los Angew estuvieron mordisqueando los restos.

Una llamada de la familia O’Neill alertó a las autoridades:

A mediados de junio, un hermano de O’Neill se puso en contacto con las autoridades e informó que habían pasado meses desde que hablaron por última vez.

Entonces, la Policía de Lakewood tomó el casó y llegó a casa de los Agnew, que mantenían una relación cercana con el hombre de 64 años, pero tuvieron que quedarse fuera.

Más tarde, el 3 de julio, ingresaron al apartamento con una orden judicial y se encontraron con una escena aterradora, el cadáver de O’Neill bajo un colchón inflable en una de las habitaciones de sus amigos cercanos.

No es el primer caso de abuso de cadáveres por ganancias financieras del que se tiene registro:

Los Agnew, que fueron capturados en los últimos días, admitieron durante el allanamiento que habían decidido ocultar el cadáver de su amigo para reclamar su pensión, que sumó 18.000 dólares desde el día en que murió.

Un caso similar al del propietario de una funeraria en colorado que escondió 190 cadáveres en pandemia para beneficiarse y el de un hombre en Texas que vivió junto a los cuerpos sin vida de sus padres durante meses para utilizar sus pensiones. La pareja, al igual que ellos, podría enfrentarse a los delitos de abuso y manipulación de un cadáver, hurto y uso no autorizado de dispositivos financieros, con penas de hasta 10 años en prisión y multas por 10.000 dólares.