Parlamento venezolano aclara que la amnistía no beneficiará a “magnicidas ni asesinos”
El Parlamento defiende la ley como un paso hacia la reconciliación, mientras expertos y ONG denuncian discrecionalidad y exclusiones en su aplicación.
AFP
09:11 p. m.
La nueva ley de amnistía en Venezuela sigue generando debate. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que la normativa no está diseñada para beneficiar a responsables de delitos graves como magnicidio, homicidio o narcotráfico. Sus declaraciones buscan responder a las críticas que han surgido desde distintos sectores sobre el alcance real de esta medida.
La legislación fue impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en enero. Durante su promulgación el 19 de febrero, la mandataria calificó la amnistía como “un acto de grandeza”, enmarcándola como una estrategia para promover la reconciliación nacional tras años de conflicto político.
Alcance limitado de la amnistía en Venezuela
A pesar de que la ley abarca 27 años del periodo chavista, su aplicación está restringida a 13 eventos específicos. Esto deja por fuera casos relacionados con presuntos golpes de Estado o intentos de magnicidio denunciados por el gobierno, lo que ha sido uno de los principales puntos de controversia.
El propio Jorge Rodríguez insistió en que la normativa “se hizo justamente para buscar la reconciliación”, reconociendo implícitamente que pudieron haberse cometido errores “de parte y parte”. Sin embargo, la amnistía no es automática: cada caso debe ser evaluado por tribunales, lo que introduce un componente judicial que ha sido cuestionado por su posible falta de independencia.
Críticas de ONG y cifras de beneficiarios
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la ley es “excluyente” y que su aplicación podría ser discrecional. Casos como el del activista Javier Tarazona evidencian estas críticas, luego de que la justicia rechazara su solicitud de amnistía pese a haber estado cuatro años detenido por cargos de “terrorismo” y “traición”.
Tampoco fue beneficiado el opositor Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado. Estos casos refuerzan las denuncias sobre criterios selectivos en la aplicación de la norma.
Según cifras oficiales presentadas por el diputado Jorge Arreaza, un total de 8.084 personas han sido amnistiadas hasta ahora. No obstante, la ONG Foro Penal estima que alrededor de 500 presos políticos aún permanecen detenidos en el país, lo que mantiene abierto el debate sobre la efectividad real de la medida.