Siguen las críticas por decreto que cataloga a personas trans como "enfermas mentales" en Perú

En toda la región sigue dando de qué hablar el polémico decreto firmado por la Presidencia de Perú, en el que se cataloga a las personas transexuales como "enfermas mentales".

Mientras que la comunidad LGBTIQ+ señala que es un retroceso y un atentado contra sus derechos, la actual administración defiende que con esta clasificación les garantizan el acceso a varios servicios en el sistema de salud.

Sin embargo, la discriminación, estigmatización y hasta pérdida de derechos son parte de las consecuencias esta medida dictada por el gobierno peruano.

Un decreto que acoge viejas definiciones de la OMS

Las poblaciones LGBTIQ+ denuncian que siguen siendo víctimas de un sistema que los coloca como ciudadanos de segunda clase, y que, además, los cataloga como “enfermos mentales”, etiquetando a las personas con identidades de género diversas, dentro de categorías estigmatizantes.

La resolución firmada por la presidenta Dina Boluarte y promulgada el pasado 10 de mayo, actualizó una lista del Ministerio de Salud para incluir esta y otras categorías de identidad de género.

No obstante, organizaciones que defienden la diversidad sexual acusan que el decreto incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Activistas de la comunidad LGBTIQ+ critican que en pleno siglo XXI se esté teniendo en cuenta una clasificación hecha a principios de los 90.

Las explicaciones del gobierno peruano

Ante la ola de críticas, el gobierno indicó que esta medida garantiza el acceso a una atención médica integral como terapias de reafirmación o procedimientos para la reasignación de sexo.

Algunos congresistas ya han solicitado la derogatoria del decreto, pero no han tenido respuesta del Ministerio.

Actualmente, Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre parejas del mismo sexo, ni tiene una ley que permita que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.