¿Los ataques contra Irán ordenados por Trump fueron legales?
¿Trump actuó dentro de la legalidad al atacar a Irán? Esto dicen los analistas expertos.
Noticias RCN
07:58 a. m.
La reciente ofensiva militar ordenada por Donald Trump contra Irán volvió a encender un viejo debate en Washington y en el derecho internacional: ¿puede el presidente de Estados Unidos lanzar ataques militares sin autorización del Congreso? Para varios expertos legales consultados por CNN, la respuesta no es alentadora para la Casa Blanca.
Los analistas coinciden en que existe un alto grado de escepticismo frente a la legalidad constitucional de una nueva acción armada contra Irán, sobre todo si la operación se extiende en el tiempo y deriva en un conflicto abierto.
La Constitución estadounidense es clara al señalar que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza militar.
Sin embargo, hasta ahora, la Casa Blanca no ha hecho pública una justificación legal sólida. De acuerdo con fuentes citadas por el prestigioso medio internacional, ni siquiera el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció un informe detallado al Congreso sobre el fundamento jurídico de la ofensiva.
Christopher Anders, abogado de la American Civil Liberties Union y experto en seguridad nacional, fue tajante: el presidente habría violado la Constitución al ordenar una invasión sin aval legislativo.
Trump violó la Constitución al invadir Irán porque la Constitución es meridianamente clara sobre quién tiene la autoridad para declarar la guerra y comprometer a los militares estadounidenses en la batalla y ese es solo el Congreso.
En su concepto, el poder ejecutivo no puede apropiarse de una atribución que corresponde exclusivamente al Congreso.
El presidente ha intentado apropiarse de ese poder sin obtener antes autorización del Congreso, dijo Anders.
¿Los ataques de Trump contra Irán son legales según la Constitución de EE. UU.?
El debate gira en torno al alcance del Artículo II de la Constitución, que designa al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Tradicionalmente, este artículo ha sido utilizado por distintos mandatarios para justificar acciones militares rápidas en el exterior, cuando se considera que están en juego los intereses nacionales.
Ilya Somin, profesor de Derecho en la George Mason University e investigador del Cato Institute, considera que el caso iraní va más allá de una operación limitada. “Esto es, obviamente, una guerra”, afirmó, recordando que el propio Trump utilizó ese término al anunciar los ataques.
Además, la Supreme Court of the United States ha avalado en años recientes una interpretación amplia del poder presidencial, especialmente tras su fallo de inmunidad de 2024, lo que ha servido como respaldo indirecto para decisiones ejecutivas controvertidas.
Si bien Estados Unidos no es el policía del mundo, a medida que su poder ha crecido, la amplitud de sus intereses regionales se ha expandido y las amenazas a los intereses nacionales planteadas por el desorden extranjero han aumentado, escribió la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Trump en 2018 con respecto a los ataques aéreos en Siria.
Legalidad o riesgo de un conflicto prolongado con Irán
El problema, advierten los expertos, surge cuando la operación deja de ser puntual. Trump describió la campaña como “masiva y continua”, y fuentes militares anticipan varios días de ataques.
Para Steve Vladeck, analista y profesor en Georgetown, los argumentos del Departamento de Justicia pierden fuerza cuando la escala y duración se amplían.
Casos anteriores, como los ataques en Libia bajo Barack Obama o las operaciones en Siria y Panamá, también se justificaron bajo el Artículo II. No obstante, en esos escenarios se insistió en que no alcanzaban el umbral constitucional de una guerra formal.
Ciertamente no derramaría ni una lágrima si el régimen iraní fuera derrocado. Es un régimen terrible. Es nuestro enemigo, etc., pero la guerra que se ha iniciado aquí es inconstitucional, mencionó Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason e investigador del Cato Institute, un centro de estudios libertario.
Para Somin, incluso si se debate la conveniencia estratégica de debilitar al régimen iraní, el problema central sigue siendo jurídico: la guerra iniciada carecería de respaldo constitucional. Un precedente que, de consolidarse, podría redefinir aún más los límites del poder presidencial en Estados Unidos.