Régimen de Maduro no para de encarcelar a funcionarios en Venezuela por “terrorismo"

La Fiscalía de Venezuela confirmó este martes el arresto del activista de derechos humanos Eduardo Torres, cuya "desaparición forzada" había sido denunciada por la oenegé Programa Venezolano de Acción Educativa en Derechos Humanos (Provea).

Torres es abogado y miembro de Provea desde 2019. Según sus familiares, fue visto por última vez el viernes 9 de mayo en una zona central de Caracas, donde tenía previsto asistir a una reunión.

"Eduardo no es ningún delincuente, Eduardo simplemente es un defensor. Es un defensor de la dignidad de las personas, es un defensor por los derechos laborales, Eduardo no ha cometido ningún delito", dijo su esposa Emiselys Núñez en una rueda de prensa este martes 13 de mayo.

Defensor de DDHH de Provea podría exponerse a 30 años de cárcel

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó luego que Torres fue "detenido por su vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones (legislativas y regionales) programadas para el 25 de mayo".

"Fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación", indicó Saab en una nota de prensa.

Estos cargos pueden acarrear una sentencia de 30 años, la pena máxima en Venezuela.

Según sus familiares y compañeros de trabajo, el activista recibió "amenazas" por parte de cuerpos de seguridad del Estado en varias ocasiones.

Provea presentó el lunes un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.

No cesan las intimidaciones en Venezuela

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mencionó en esta misma jornada el caso del activista.

"El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, insta a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y a garantizar que se cumplan los estándares de debido proceso y juicio justo", indicó en una declaración su portavoz, Liz Throssell.

Desde las elecciones del año pasado, defensores de derechos humanos, periodistas y otros percibidos como voces disidentes han sido objeto de intimidación y persecución, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Protestas contra la reelección del presidente izquierdista Nicolás Maduro en julio pasado dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos. Unos 1.900 han sido excarcelados, en su mayoría con medidas cautelares.