IN-COMPETITIVIDAD, IN-NOVAR: cuando las instituciones compiten y las regiones pierden
Colombia no necesita más diagnósticos, mesas, ni agendas aisladas, sino colaboración efectiva para convertir sus capacidades regionales en soluciones de impacto, empleo y desarrollo sostenible.
¿Y si la falta de competitividad radicara no en la escasez de talento o recursos, sino en la dificultad para articularlos? Esta paradoja refleja la IN-Competitividad, donde el protagonismo y los intereses particulares desplazan el liderazgo colectivo.
El fortalecimiento de la IN-NOVACIÓN conlleva a la creación de valor económico, social y ambiental, transformando los modelos de colaboración, intercambio de información, toma de decisiones y corresponsabilidades. El reto es convertir esfuerzos dispersos en proyectos viables y resultados compartidos, articulando ciudadanos, empresas, universidades, gremios y gobiernos en torno a prioridades regionales comunes.
Instancias como las CRCI, los CODECTI, los OCAD CTeI, los CUEE, las agencias PRO e Invest In, las RAP, las Redes Regionales de Emprendimiento y los centros tecnológicos y de productividad cumplen funciones complementarias en el desarrollo regional. Sin embargo, la IN-Competitividad surge cuando se confunden competencias y se duplican diagnósticos, agendas, proyectos y solicitudes de información, generando reprocesos y dispersión de recursos. Convocar no es coordinar, proponer no es ejecutar y promover inversiones no implica decidir sobre ellas.
Más actores no garantizan mejores resultados, se requieren roles claros, información trazable y responsabilidades definidas. Los traslapes implican riesgos de ineficiencia, no pruebas de irregularidades o conflictos de interés.
¿Competir o cooperar? La encrucijada regional
En un contexto de contracción económica, la cooperar para ser competitivos (coompetencia) exige superar rivalidades institucionales y compartir información para mejorar la productividad, la calidad y la innovación. Implica acordar objetivos, reconocer roles, distribuir responsabilidades y rendir cuentas por resultados verificables, con transparencia y salvaguardas frente a conflictos de intereses, cuya gestión debe garantizar decisiones imparciales sin presumir irregularidades por participar en varios espacios.
Por eso, la pregunta clave para cada mesa regional no debería ser «¿cómo demuestra mi institución que está activa?», sino «¿qué resultado debemos lograr juntos, ¿qué aporta cada actor y cómo verificaremos su cumplimiento?»
Sin datos confiables, la coompetitividad e innovación se convierte en ilusión
La desarticulación institucional se agrava por información dispersa y desactualizada, cambios de funcionarios y gobiernos y pérdida de memoria institucional. El ICET 2024 del DANE registró promedios de 67 puntos en ciudades, 61 en departamentos, 43 en municipios no PDET y 41 en municipios PDET; la accesibilidad y uso estadístico fue la dimensión más débil (49, 44, 34 y 33, respectivamente). Estas brechas no miden directamente productividad ni prueban subregistro o manipulación, pero dificultan comparaciones históricas, simulaciones, predicciones y decisiones confiables sobre actividad económica, trámites y permisos.
Cinco decisiones para desenredar el sistema
1. Agenda regional compartida: Acordar y actualizar transparentemente prioridades alineadas con las necesidades sociales, ambientales y productivas, evitando reconstruirlas en cada comité.
2. Portafolio único y trazable de proyectos: Asignar a cada iniciativa un identificador, líder, aliados, presupuesto, riesgos, posibles fuentes de financiación, nivel de madurez y resultados esperados. Diferenciar claramente una idea, un perfil y un proyecto viable para cofinanciación.
3. Competencias e integridad: Delimitar las funciones de decisión, coordinación, apoyo, financiación y ejecución; documentar decisiones, prevenir conflictos de intereses y corregir duplicidades verificables.
4. Gobernanza de datos y conocimiento: Garantizar fuentes verificables, definiciones homogéneas, responsables permanentes, series históricas y protocolos de empalme, articulando los sistemas regionales con fuentes nacionales cuando sea legal y técnicamente viable.
5. Proyectos de valor compartido: Priorizar iniciativas que integren conocimiento, capacidades empresariales y activos territoriales para generar beneficios económicos, sociales y ambientales, evaluando resultados reales para las personas, las empresas y los ecosistemas, más allá de la inversión o las actividades realizadas.
Innovar desde lo que hace única a cada región
Colombia puede transformar cadenas productivas, saberes locales, capacidades universitarias y residuos agroindustriales en materiales biodegradables, biorrefinerías, empresas tecnológicas y startups, aprovechando arroz, café, caña, cacao y palma. Esto exige diseñar cadenas de valor mediante una construcción inversa de la competitividad: partir del resultado deseado desde el decimotercer pilar hacia el primero, definiendo inversiones inteligentes según necesidades del mercado y del territorio. Implica identificar productos, mercados, financiación, tendencias laborales, necesidades educativas y sanitarias, sostenibilidad ambiental, adopción de TIC, infraestructura habilitante y respaldo institucional para lograr resultados sostenibles.
Menos protagonismo, más resultados
El país dispone de instrumentos para la planeación del desarrollo (Ley 152 de 1994), el desarrollo nacional (Ley 1450 de 2011), el ordenamiento territorial (Ley 1454 de 2011), la regionalización (Ley 1962 de 2019), las regalías (Ley 2056 de 2020), el emprendimiento (Ley 2069 de 2020) y la ciencia, tecnología e innovación (Ley 2162 de 2021), además de los decretos 2212 de 2023 y 0979 de 2024. El reto es articularlos, respetar competencias y lograr resultados regionales verificables.
Superar la IN-Competitividad exige que cada actor cumpla su función de manera complementaria: el gobierno coordina y habilita; la academia aporta conocimiento y talento, las empresas convierten capacidades en soluciones y actividad económica, los gremios articulan necesidades, los centros tecnológicos facilitan la transferencia de conocimiento, las PRO promueven el desarrollo territorial, los Invest In atraen inversión, y la ciudadanía participa y hace seguimiento a los resultados.
La IN-novación transforma el conocimiento en soluciones útiles y la coompetencia convierte las diferencias en fortalezas complementarias. Colombia necesita menos dosis de protagonismo y más colaboración efectiva entre instituciones, empresas, academia y ciudadanía. El éxito no radica en acumular reuniones, diagnósticos, ideas, o informes, sino articular capacidades y convertirlas en proyectos viables que generen valor compartido, a través de la competitividad sostenible basada en la innovación.