Destrabar sin sacrificar las garantías de la consulta previa

Un parque eólico en La Guajira que incrementó sus costos 67% por bloqueos que ocuparon seis de cada diez días de obra en 2023. Un corredor eléctrico que pasó de consultar130 a 235 comunidades durante su desarrollo. El yacimiento de gas más grande que ha encontrado Ecopetrol en años, detenido a la espera de una consulta previa. Tres proyectos, un mismo diagnóstico. En Colombia, licenciamiento ambiental y consulta previa se volvieron trámites lentos, costosos y fragmentados, no por un exceso de protección ambiental o étnica, sino por falta de reglas claras, previsibles y aplicables de manera uniforme.

La comparación con lo que sí funciona es reveladora. Un proyecto solar redujo su evaluación ambiental de 152 a 40 días tras la expedición del decreto 1033 de 2025 que simplificó requisitos según la tecnología y escala del proyecto. La diferencia no estuvo en una menor exigencia ambiental ni en una menor participación de actores involucrados. Estuvo en la existencia de procedimientos claros y en una autoridad capaz de aplicarlos de manera consistente.

Por eso el anuncio que hizo el Gobierno el 3 de septiembre, a través del vocero Miller Soto, de impulsar que la licencia ambiental y la consulta previa avancen de manera paralela y autónoma, en lugar de que una condicione por completo a la otra, reabre una discusión que Colombia arrastra hace más de una década.

Las cifras respaldan el diagnóstico. Un informe de Fedesarrollo ha documentado trámites que se extienden hasta 800 días. La consulta previa tampoco escapa a esta realidad. Según el senador Juan Espinal, apenas el16% de los procesos adelantados en los últimos años alcanzó la etapa de de protocolización de acuerdos, mientras que cerca de un tercio permanece estancado durante más de cuatro años sin una decisión definitiva. El problema no es la existencia de estos instrumentos, cuya importancia constitucional es indiscutible. El problema es la incertidumbre bajo la cual operan.

Ese es el verdadero costo de la incertidumbre normativa. No se refleja solo en cronogramas incumplidos o presupuestos desbordados. También afecta la capacidad del país para atraer inversión de largo plazo en sectores estratégicos como energía, infraestructura, minería y transporte. Ningún inversionista espera la ausencia de regulación; por el contrario, lo que exige es certeza sobre las reglas del juego, los tiempos de decisión y las condiciones para desarrollar sus proyectos. Cuando esas variables son impredecibles, el riesgo aumenta y la inversión se desplaza hacia jurisdicciones más confiables.

Sin embargo, hacer que licenciamiento ambiental y la consulta previa corran en paralelo solo resuelve un problema de secuencia, no necesariamente el problema de fondo. De poco servirá adelantar ambos procesos simultáneamente si no se recupera el propósito esencial de la consulta previa como un verdadero espacio de diálogo intercultural entre el Estado, las comunidades étnicas y los operadores de los proyectos, pues la consulta previa no fue concebida para convertirse en un escenario permanente de confrontación ni en un mecanismo condicionado por expectativas económicas ajenas a la protección de los derechos colectivos de las comunidades. Su legitimidad depende precisamente de que las partes puedan construir acuerdos desde la confianza, el reconocimiento y la comprensión de impactos culturales, sociales y ambientales que pueden derivarse de un proyecto.

Por esa razón, sigue siendo indispensable dotar al sistema de reglas claras sobre quienes deben ser consultados, bajo qué criterios se identifican las comunidades, cuales son las etapas del proceso, plazos aplicables y alcance de las decisiones que pueden adoptarse. Sin esa seguridad jurídica, la paralelización de los trámites podría simplemente trasladar el cuello de botella desde la fase de secuencia hacia una mayor litigiosidad y judicialización de los proyectos.

Lo dijo recientemente el viceministro de Minas, Luis Francisco Madriñán, al señalar que cerca "del 85% de las consultas previas en el continente están concentradas en Colombia", una cifra que refleja la dimensión de los desafíos institucionales que enfrenta el país..

Por ello vale la pena revisar propuestas como las que plantea Fedesarrollo: La creación de un Registro Único de Pueblos que permita identificar de manera temprana y definitivalas comunidades con derecho a ser consultadas; la expedición de una ley estatutaria que reglamente integralmente el derecho fundamental a la consulta previa, una tarea pendiente desde hace décadas; y el fortalecimiento técnico de la ANLA, la Dirección de Consulta Previa y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Este último punto merece especial atención. Ninguna reforma será exitosa sin funcionarios técnicamente idóneos, capacitados y con la experiencia suficiente para conducir procesos complejos de manera eficiente y transparente. Unas reglas claras pueden fracasar cuando quienes deben aplicarlas carecen de herramientas, capacidades o criterios uniformes de decisión. Por el contrario, autoridades sólidas y especializadas permiten generar confianza tanto en las comunidades como en los inversionistas y reducen significativamente los conflictos que terminan retrasando los proyectos.

Nada de esto es incompatible con la eficiencia que busca el Gobierno. Al contrario, son condiciones para que esa eficiencia sea sostenible en el tiempo. Un Estado que identifica oportunamente las comunidades potencialmente afectadas, que cuenta con autoridades fortalecidas y que ofrece reglas claras para todos los actores, puede reducir tiempos sin sacrificar derechos.

El anuncio del 3 de septiembre abre una ventana de oportunidad. La verdadera discusión no debería centrarse únicamente en que la licencia ambiental y la consulta previa avancen simultáneamente, sino en si el país será capaz de construir un sistema que combine seguridad jurídica, fortalecimiento institucional y respeto efectivo por los derechos de las comunidades étnicas. Sin esos elementos, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en un ajuste procedimental que cambie la forma de los trámites, pero no resuelva las causas estructurales que hoy mantienen paralizados muchos de los proyectos estratégicos que Colombia necesita.