Distritos mineros: se va la incertidumbre, se quedan las exigencias.
Por Camila Jiménez, Asociada líder Ambiental de la práctica de Energía, Minería e Infraestructura de Baker McKenzie Colombia
El 22 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía firmó la Resolución 40579 de 2026, con la que derogó las quince resoluciones con las que se delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. La figura, creada por el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) y reglamentada por el Decreto 977 de 2024, cubría 5.340.192 hectáreas, cerca del 5 % del país, en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. El primer distrito, el del Bajo Cauca antioqueño, se delimitó en 2024; casi todos los demás, en 2026 por lo que la mayoría alcanzó a vivir apenas unos meses.
La pregunta que hoy se hacen empresas, autoridades locales y comunidades es qué cambia realmente en esos territorios. La respuesta corta es que cambia mucho en certidumbre y poco en exigencias
Lo que se corrige
Los distritos nacieron con un propósito razonable: ordenar la actividad minera y acompañar a las regiones que dependen de ella hacia otras actividades. El problema fue el instrumento. Según el Ministerio, las resoluciones no fijaban vigencia, extensión máxima ni reglas de transición; algunas podían ampliarse a municipios vecinos; no se armonizaron con los planes de ordenamiento territorial, ni se concertaron con gobernaciones y alcaldías, y los planes estratégicos de gestión nunca se adoptaron. Más de dos años después de la primera delimitación, el Gobierno no encontró resultados verificables en diversificación productiva ni en reconversión laboral.
Un instrumento pensado para la sustitución progresiva de la minería, sin fecha de vencimiento ni límites claros, es una señal difícil de ignorar para quien evalúa una inversión a largo plazo.
La derogatoria resuelve esa incertidumbre. Los títulos vigentes y las solicitudes en trámite continúan, así como los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales y los acuerdos de consulta previa protocolizados, como los del Bajo Cauca antioqueño y el Norte del Cauca. La Agencia Nacional de Minería tiene treinta días para retirar estas capas del Catastro Minero, de modo que el cambio se verá pronto en el sistema.
Lo que no cambia
Sería un error leer la decisión como una apertura automática de cinco millones de hectáreas. Las áreas protegidas, los páramos y demás ecosistemas estratégicos, las zonas excluibles de la minería conservan sus reglas. La explotación sigue requiriendo licencia ambiental y la exploración, los permisos ambientales que correspondan. La derogatoria no aprueba ningún proyecto ni ahorra ningún trámite.
Lo que cambia es dónde se hace el filtro. Lo que antes se resolvía con una delimitación general ahora se resolverá caso a caso, en el licenciamiento ambiental, en la consulta previa y en la relación con las comunidades. Ese es, a mi juicio, el punto central. La viabilidad de un proyecto dependerá menos del mapa y más de la calidad técnica de sus estudios, de su manejo del agua y la biodiversidad y de la solidez de su diálogo social.
Lo que viene para los territorios
Es previsible que en las zonas antes delimitadas aumenten las solicitudes y la exploración, incluida la búsqueda de minerales estratégicos para la transición energética. Esto significa más trabajo para las autoridades ambientales, que deberán evaluar más proyectos con la misma capacidad institucional. Si los tiempos de evaluación se alargan, la certidumbre que se gana con la derogatoria podría diluirse en la etapa de licenciamiento.
Hay además un componente social que no debe subestimarse. En varias de estas zonas, los distritos se percibieron como una promesa de alternativas económicas, y su desaparición sin un reemplazo visible puede generar desconfianza y elevar la conflictividad, especialmente donde conviven minería formal, minería en proceso de formalización y extracción ilícita. El Gobierno anunció que trabajará con las regiones mineras en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con participación de gobernaciones, alcaldías y concejos. Que ese proceso llegue a tiempo y con contenido concreto será determinante.
Hay, además una coincidencia de calendario que conviene anotar: El 19 de noviembre empieza a ser obligatorio, para la gran minería y los proyectos de interés nacional, registrar ante la ANM sus transacciones en la Plataforma de Trazabilidad de Minerales, con soportes de origen lícito del mineral. La mediana minería deberá hacerlo desde febrero de 2027 y la pequeña, desde febrero de 2028. Un país que quiere más minería necesita, al mismo tiempo, mejores herramientas para separar la legal de la ilegal.
Una oportunidad con condiciones
La diversificación productiva sigue siendo un objetivo válido, no obstante, lo que falló fue la herramienta. La ministra María Nohemí Arboleda lo resumió así: “Diversificar es sumar, no restar”. El reto ahora es demostrar que la minería legal, con estándares ambientales exigentes y buena relación con las comunidades, puede convivir con el agro, el turismo y la industria. Eso no lo hará una resolución. Lo harán los proyectos, uno por uno, y la capacidad del Estado para evaluarlos con rigor y a tiempo.