350 billones de ahorro pensional en máximo riesgo

Esta semana con la instalación de la subcomisión de reforma pensional el Gobierno Nacional confirmó lo que muchos temíamos: al Congreso le será presentada una propuesta de reforma a las pensiones, cuyo objetivo es el traslado obligatorio de millonarios recursos de los fondos privados a Colpensiones para financiar una renta básica a cerca de 4.5 millones de personas, equivalente a medio salario mínimo, para aquellos que no lograron una pensión.

Ayudar a las personas de la tercera edad que por cualquier razón no pudieron obtener un ingreso para su retiro es una idea altruista y con la cual una gran mayoría en el país estamos de acuerdo. Sin embargo, la forma en como pretende hacerlo el gobierno del presidente Petro podría ocasionar que la solución se convierta en la puerta de entrada a otros problemas de gran impacto fiscal sobre los cuales no se podrá hacer mucho en los próximos años.

Según la propuesta, el nuevo sistema pensional estaría estructurado bajo tres pilares fundamentales. El pilar solidario que se encargará de la renta básica de medio salario mínimo; el pilar contributivo en el cual todas las personas que devenguen hasta cuatro salarios mínimos aportarían obligatoriamente a Colpensiones y un pilar complementario en donde aquellas personas que ganan más de cuatro salarios podrán, si así lo desean, hacer aportes adicionales a los fondos privados.

Lo que omitió decir el Gobierno Nacional en sus anuncios es que en la actualidad 9 de cada 10 trabajadores en Colombia ganan hasta cuatro salarios mínimos. De acuerdo con el pilar contributivo, esto generaría que el 90% de los aportes del sistema deban estar obligatoriamente en Colpensiones. La mayoría del ahorro pensional de los colombianos que actualmente cotizan en los fondos privados cambiaría su naturaleza y se convertiría en recursos para financiar la renta básica que propone el gobierno.

Esto, más que una reforma pensional, es la segunda parte de la nueva reforma tributaria. Los ahorros de los millones de trabajadores que actualmente están en las AFP ya no serían para su vejez, sino que se transformarían en la base para el pago de subsidios y, además, sus aportes mensuales se convertirán en un impuesto que tendrán como objetivo sacar adelante una propuesta de campaña del presidente Gustavo Petro. 

Aquí surgen varias preguntas: ¿Cómo se acreditará el ahorro que viene de las AFP? ¿Qué pasará con aquellas personas que no cumplan las semanas para pensión? ¿Perderán sus ahorros y rentabilidades? Son preguntas que deben hacerse dentro del debate de esta propuesta.

Lo anterior se suma al negativo efecto macroeconómico que algunos economistas consideran que tendría la reforma en el país. Según Asofondos esta reducción del ahorro podría aumentar el déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos al quitar recursos del mercado bursátil internacional y generar menores ingresos por rentabilidades al país. Menos dólares en el mercado generan una mayor devaluación, que impacta en mayores tasas de interés para buscar estabilización cambiaria y hace más costoso el financiamiento del propio gobierno.

Ayudar a las personas de la tercera edad es un acto loable, pero puede hacerse de forma más responsable en materia fiscal. El Gobierno Nacional en su afán de obtener los recursos necesarios y de reafirmar su enorme animadversión por los fondos privados, puede llevarnos por un camino del que difícilmente la economía del país pueda regresar. El Presidente quiere jugar con los recursos de 18 millones de personas que están en las AFP y cuyos ahorros hoy representan unos 350 billones de pesos. Una suma atractiva para cualquier gobernante pero que la constitución y la ley han querido alejar cada vez más de las manos de los políticos para garantizar la pensión de los colombianos.

Por último, no es que se esté en contra de garantizar recursos para la tercera edad, pero existen formas menos riesgosas para el país de financiar estos subsidios. Tal vez se podrían desmontar los altos subsidios a las mega pensiones o abstenerse de crear más puestos burocráticos en la DIAN, la Fiscalía y el nuevo ministerio de la Igualdad. También podría revisarse seriamente la posibilidad de una fuerte reducción en los gastos de funcionamiento de la Nación que rondan los 210 billones para el 2023. Los recursos están. Solo hay que dejar de lado el exceso de burocracia y respetar los derechos que ha otorgado la constitución.

@Danielbricen

Abogado especialista en Derecho Público - magister en análisis político y electoral.