Recursos públicos malgastados en influenciadores

A diario nuestras redes sociales se inundan de contenidos de una creciente industria de las ventas y la publicidad impulsada porinfluenciadores. Personasquienes de forma digital muestran un estilo de vida -muchas veces inalcanzable- con el objetivo claro de vender un producto, impulsar una marca, una causa o una empresa mediante la explotación de su propia imagen, credibilidad y de la confianza que sus seguidores depositan en ellos.

La actividad de los influenciadores está poco regulada en Colombia como en muchos lugares del mundo. Existe un limbo jurídico acerca de su responsabilidad como agentes del mercado y el compromiso que deberían adquirir con los millones de personas que consumen su contenido publicitario. Uno de los pocos acercamientos en nuestro país que le da pautas a este tema es la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadorespublicada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Un documento sin ninguna fuerza legal, lleno de buenas intenciones y que no tiene ningún impacto real en esta actividad.

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Si en materia comercial las autoridades no han podido fijar reglas claras, en lo político el asunto está totalmente inexplorado. Con el impacto de las redes sociales estos personajesganaron un nuevo mercado financiado por recursos públicos en los cuales tienen como tarea hablar bien de quien los contrata. La lógica comercial, comenzó a aplicarse en el sector público, buscando que la credibilidad de los influenciadores sea traducida en una buena imagen del gobernante sin importar la veracidad de la información.

Mucho se ha especulado por estos días sobre los mensajes coincidentes de algunos tuiteros quienes de forma sistemática salieron a replicar las acciones y mensajes del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. No son pocas las denuncias que han salido a la luz de la forma en como Telemedellín -el canal público de la ciudad- terminó convirtiéndose en una gran agencia personal de medios del alcalde, desde la cual se reparten los recursos a diestra y siniestra para darse sus propias palmaditas en la espalda.

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Uno de los casos más sonados lo revelamos esta semana, con la contratación de la empresa Gravity Group por más de 90 millones de pesos, para que esta adquiriera los servicios de varios influenciadores como Sergio Barbosa, Juan Duque, Mario Lora, Jonatan Clay, entre otros, para que hablaran bien de la gestión de la alcaldía durante la Feria de las Flores.

Lo anterior también está sucediendo en la alcaldía de Cali con Jorge Iván Ospina. Pudimos encontrar contratos directos por más de 150 millones de pesos entre 2021 y 2022 a influenciadores reconocidos de la ciudad como Marcos Lasso, Brandon Pérez, Adolfo Moncada, Camila Ceballos y Juan Fernández para que, en sus amplias cuentas de Instagram, Facebook y TikTok divulguen campañas en favor de la ya desprestigiada alcaldía de la ciudad.

Deberíamos preguntarnos como país si este tipo de contrataciones está inmersa en el buen uso del erario. Recordemos que los recursos públicos se utilizan para la atención de servicios que satisfacen derechos, como educación, salud, seguridad, justicia, transporte, al tiempo que sostienen el funcionamiento del Estado. ¿Es entonces la publicidad de los gobernantes parte de esta definición?

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Este modus operandi comienza a popularizarse en las administraciones municipales y departamentales. La forma irresponsable como algunos venden productos en el ámbito privado y comercial se trasladó al ámbito político, donde sin ninguna transparencia o control difunden información a favor de quienes pagan sus contratos.

Es cierto que el Estado debe modernizarse y adaptarse a la nueva era digital, de eso no me queda la menor duda. Pero hoy Colombia tiene necesidades más inmediatas que el autobombo de los políticos. La ineficiencia del gasto en este tipo de cosas únicamente busca manipular la visión de las personas sobre uno u otro gobierno. ¿No deberían hablar las acciones de los gobernantes por si solas?