Colombia no puede vivir bajo las reglas de los criminales

Recuperar el territorio exige Fuerza Pública, pero también inteligencia, justicia, persecución de las rentas criminales y una presencia estatal sostenida que impida que el crimen organizado vuelva a ocupar el espacio que pierde.

Hay algo profundamente doloroso en ver una ciudad paralizada por miedo. Un comerciante que baja la reja, un trabajador que decide no salir, una familia que cancela un viaje, un colegio que modifica sus actividades, una persona que antes de moverse por su propia ciudad tiene que preguntarse qué está permitido y qué no. Eso es mucho más que un problema de seguridad. Es la demostración de que un grupo armado está intentando decidir cómo vive una comunidad.

Y es justo lo que volvió a ocurrir en Santa Marta. Después de una operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en la que fueron neutralizados siete integrantes y capturadas otras tres personas, la organización amenazó con un paro armado. La operación, realizada en zona rural de Guachaca, golpeó estructuras de mando, control y financiación y dejó, según la Policía, diez fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros incautadas. Entre los muertos estaba alias “Cholo”, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y articulador financiero de la organización.

Pero aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cómo puede una estructura recibir semejante golpe y después tener capacidad para amenazar con paralizar una ciudad?

La respuesta está en entender que el problema no empieza ni termina con un hombre armado. La propia Defensoría del Pueblo advirtió en diciembre de 2025 que Santa Marta y otros 20 municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira estaban bajo riesgo por la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las ACSN. La alerta identificó economías ilegales como narcotráfico, préstamos gota a gota, contrabando y tala ilegal. No estamos, entonces, frente a una organización que simplemente dispara: estamos frente a estructuras que buscan territorio, rentas, movilidad, control social y capacidad de intimidación.

Y Santa Marta tampoco es cualquier ciudad. En junio de 2025 tenía 7.771 prestadores de servicios turísticos activos y durante los primeros cinco meses de ese año recibió 31.554 visitantes extranjeros no residentes, un 28.5% más que en el mismo periodo de 2024. Cuando una estructura criminal amenaza con detener una ciudad como esta, no está afectando únicamente la seguridad: también está interfiriendo en el trabajo, el comercio, el turismo y la vida económica de miles de personas.

Lo más preocupante es que Colombia conoce demasiado bien esta historia. Los paros armados no nacieron en Santa Marta ni comenzaron en 2026. En mayo de 2022, la Defensoría registró un paro armado del Clan del Golfo que afectó a más de diez departamentos y advirtió que 290 de los 521 municipios monitoreados presentaban entonces riesgo alto o extremo por vulneraciones asociadas al accionar de grupos armados.

En Chocó, la historia se ha repetido con una crudeza todavía mayor. En julio de 2023, un paro armado del ELN llegó a afectar a unas 9.000 personas de 52 comunidades. En noviembre de ese mismo año, otra restricción de movilidad amenazó a cerca de 10.000 personas de unas 80 comunidades étnicas. Y en agosto de 2024, otro paro armado en el San Juan dejó confinadas a unas 45.000 personas de 85 comunidades afro e indígenas.

Por eso sería un error mirar lo ocurrido en Santa Marta como una anomalía regional. La Defensoría documentó que la presencia, injerencia, tránsito o tercerización de las AGC/EGC/Clan del Golfo pasó de 213 municipios en 2019 a 392 en 2024. En ese mismo período también aumentó la presencia territorial registrada de otros grupos armados. Para 2024, la Defensoría advertía riesgo por presencia de grupos armados ilegales en el 71% de los municipios del país.

Ahí está el problema estructural que no podemos perder de vista. Colombia ha aprendido demasiadas veces a reaccionar cuando el fusil ya apareció, cuando la carretera ya está bloqueada, cuando el comercio ya cerró o cuando una comunidad ya está confinada. Pero la seguridad no puede medirse únicamente por cuántos hombres fueron capturados, cuántas armas fueron incautadas o cuántos cabecillas fueron neutralizados. Todo eso importa. Mucho. Pero también importa qué ocurre después.

Porque una organización criminal puede perder un cabecilla y conservar sus rentas. Puede perder armas y conservar sus rutas. Puede perder hombres y mantener el control sobre una comunidad. Puede recibir un golpe militar y seguir teniendo capacidad para ordenar que un comerciante cierre su negocio o que una familia permanezca encerrada en su casa.

Santa Marta vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Colombia lleva décadas aplazando: el Estado no solo tiene que recuperar el territorio; tiene que impedir que los criminales puedan volver a gobernarlo a través del miedo.

Eso exige fuerza pública, pero también inteligencia, investigación judicial, persecución de las finanzas criminales, control de las economías ilegales y presencia institucional sostenida. La propia Alerta Temprana sobre la Sierra Nevada muestra que el fenómeno está conectado con narcotráfico, contrabando, tala ilegal y otras rentas.

El verdadero problema no es que un grupo criminal anuncie un paro armado. El verdadero problema es que una organización ilegal crea las condiciones para que una comunidad tenga que preguntarse si debe obedecerlo. Y eso no puede normalizarse.

Porque cuando un ciudadano necesita permiso de un grupo armado para trabajar, desplazarse o abrir su negocio, el Estado ya no está siendo medido por la cantidad de operativos que realiza. Está siendo medido por algo mucho más elemental: si una persona puede vivir libremente en su propio territorio.

Santa Marta es el escenario de hoy. Pero la pregunta es nacional. Y Colombia no puede seguir descubriendo el mismo problema cada vez que cambia el nombre del grupo armado, la región o la modalidad de la amenaza.