Colombia y el extraño hábito de premiar lo que critica

Durante años, la política se ha sentido distante para buena parte de la ciudadanía, casi como un asunto ajeno, reservado para otros. El Congreso aparece, para muchos, como un lugar encerrado en su propio lenguaje, desconectado de lo que pasa en la calle. Pero esa idea choca con una verdad simple y difícil de esquivar: las decisiones que se toman allí terminan afectando la educación de los hijos, el acceso a la salud, las posibilidades de empleo, la equidad y las oportunidades de millones de familias colombianas. Cada ley aprobada o bloqueada deja huella. No es una discusión teórica ni abstracta. Es la diferencia entre avanzar o seguir atrapados en los mismos problemas.

Y, aun así, algo no está funcionando. En las elecciones legislativas de 2022, el 51 % de las personas habilitadas para votar decidió no hacerlo. Más de la mitad del país optó por no participar en la elección de quienes definen buena parte del rumbo nacional. ¿Qué pasó ahí? ¿Desinterés? ¿Desconocimiento? No. Lo que hay detrás es algo más profundo.

Ese dato no es una simple cifra electoral. Es el reflejo de un quiebre. Detrás de la abstención hay cansancio, frustración y una sensación extendida de que la política dejó de escuchar. Hay adultos mayores que siguen esperando una vejez digna. Hay madres que todos los días hacen malabares para que sus hijos estudien y estén seguros. Hay jóvenes que buscan oportunidades que no llegan. Muchos no se alejaron por indiferencia, sino por decepción. No por falta de interés, sino por desconfianza. Y esa ausencia tiene efectos concretos: termina reforzando el poder de quienes sí votan de manera organizada y constante.

La desconfianza no apareció de la nada. Tiene causas claras. El Congreso figura de manera reiterada entre las instituciones con peor imagen ante la ciudadanía. Apenas el 10,7 % de los colombianos dice confiar en sus representantes. No es escepticismo gratuito: es el resultado de escándalos de corrupción, prácticas clientelistas, debates eternos que no resuelven nada y decisiones que parecen desconectadas de las urgencias reales. El dato más duro lo confirma: solo el 32 % cree que un servidor público rechazaría un soborno. Y entonces la pregunta es inevitable, ¿cómo se construye legitimidad cuando la corrupción dejó de escandalizar?

Aquí aparece una contradicción incómoda que rara vez se enfrenta con honestidad. Se rechaza la corrupción en el discurso, pero se la termina ratificando en las urnas. Se critican los mismos clanes, los mismos apellidos, las mismas prácticas… y aun así esos actores acumulan décadas en el poder gracias a reelecciones sucesivas y a maquinarias que se sostienen, en buena parte, sobre la abstención. La inconformidad es grande; la sanción electoral, mínima. ¡La abstención no es neutral! Termina jugando a favor de los mismos de siempre. Así, la indignación se queda en desahogo, pero no se convierte en cambio real.

Reconocer ese deterioro no puede llevar a la resignación. Al contrario. La abstención no castiga a quienes han fallado; les facilita seguir ahí. En la práctica, los premia. Quejarse sin votar no debilita al poder: lo protege y lo perpetúa. Elegir representantes no es un ritual vacío ni un gesto simbólico. Es la forma concreta de definir reglas, vigilar el uso de los recursos públicos y decidir prioridades, especialmente en los territorios que han cargado históricamente con el abandono. ¿De verdad podemos darnos el lujo de renunciar a eso?

La democracia no se sostiene solo con inconformidad expresada en privado, ni con indignación en redes sociales. Exige participación real. Exige informarse, comparar trayectorias, exigir rendición de cuentas y distinguir entre quienes usan la política para beneficio propio y quienes asumen el servicio público con responsabilidad ética. El desencanto es comprensible. ¡Claro que lo es! Pero renunciar a participar es entregar el control precisamente a quienes se han beneficiado de ese desencanto.

Colombia no tiene un problema de leyes electorales. Tiene un problema de involucramiento ciudadano. Participar no es una formalidad legal; es una decisión que tiene efectos concretos sobre el país. En las urnas se define cómo se protegen los derechos, cómo se distribuyen los recursos, qué regiones reciben atención prioritaria y qué modelo de desarrollo se impulsa.

Cada abstención pesa. Y pesa en contra de quien decide no participar. Sin participación, la democracia se vacía y la representación pierde sentido.

Transformar la desconfianza en acción es una tarea colectiva. Implica rechazar el clientelismo, exigir cuentas y respaldar proyectos políticos coherentes con las necesidades reales del país. El voto informado no es un acto de fe: es una herramienta de control ciudadano. Es la manera más directa de abrir espacio a nuevos liderazgos y cerrar el paso a quienes han convertido la política en un negocio.

Porque seamos claros: el problema no es votar mal. El problema es no votar y dejar todo igual. Un Congreso que refleje de verdad la diversidad social, territorial y generacional de Colombia no surge del cansancio ni de la queja permanente, sino de una ciudadanía que decide ejercer su derecho político con conciencia crítica. La democracia no se fortalece desde la indiferencia, sino desde la participación sostenida.

Renunciar al voto es renunciar a incidir en las decisiones que organizan la vida colectiva. Ejercerlo, en cambio, es afirmar que el país puede ser distinto. Colombia no necesita más inconformidad sin consecuencias. Necesita una ciudadanía que deje de premiar con reelecciones a quienes ha denunciado durante años y asuma, de una vez por todas, el poder que tiene en las urnas.