De la cuna a la vejez: la desprotección de las mujeres en Colombia

Ayelén, Ana Lucía, María Camila y Blanca vivieron historias distintas, pero a ninguna alcanzó la protección. En Bogotá, el 67% de los reportes de desaparición de menores en 2026 corresponde a niñas y adolescentes, y la violencia no se detiene en la infancia. No es mala suerte, es nacer mujer.

Ayelén Sofía Páez estuvo desaparecida durante catorce meses. El 13 de octubre de 2026 se confirmó que el cuerpo hallado en Sopó correspondía a la adolescente desaparecida en Bogotá en agosto de 2025. En septiembre, Ana Lucía González, de nueve años, desapareció en Mosquera y fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar. El 14 de octubre, Medicina Legal confirmó que había sido víctima de abuso sexual. Dos historias distintas, dos familias enfrentadas a una pérdida irreparable y una misma pregunta: ¿qué estamos haciendo para que las mujeres y las niñas puedan vivir sin que su seguridad dependa de la suerte?

En Bogotá se registraron 538 reportes de desaparición de menores durante el primer semestre de 2026. De ellos, 362 correspondían a niñas y adolescentes, aproximadamente el 67%. Son cifras de reportes, no pruebas de que todos los casos correspondan a delitos ni de que tengan una causa común, pero sí constituyen una señal que exige investigaciones rigurosas, datos comparables y una respuesta institucional capaz de reconocer los riesgos específicos que enfrentan las niñas.

María Camila Potosí tenía 21 años y ocho meses de embarazo cuando fue asesinada en Cali. Según la Fiscalía, el crimen habría tenido como fin quitarle a la bebé que llevaba en su vientre: le practicaron una cesárea artesanal, la bebé nació con vida y murió poco después. Blanca Pardo, una campesina de 72 años de Nariño, fue encontrada gravemente herida y con signos de violencia sexual cerca de su vivienda; murió cinco días después.

Pero hay un caso que me duele especialmente: el de una mujer de 70 años que fue víctima de una presunta agresión sexual en una zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Salió a caminar en la madrugada y terminó en un centro asistencial, mientras todo un municipio se unía para rechazar lo ocurrido y acompañarla. Duele que una mujer no pueda salir a caminar tranquila, que la violencia no respete ni la edad y que una comunidad tenga que reunirse para recordar algo tan básico: ninguna mujer debería vivir con miedo.

Sus historias no son equivalentes a las de Ayelén y Ana Lucía, pero juntas obligan a mirar un panorama más amplio: una niña puede desaparecer, una mujer embarazada puede ser asesinada y una adulta mayor puede sufrir una agresión brutal cerca de su casa. En Colombia, ninguna edad, condición o lugar garantiza la seguridad de una mujer.

Y, aun así, frente a la violencia seguimos examinando a las víctimas. ¿Cómo iba vestida?, ¿Con quién hablaba?, ¿Tenía novio?, ¿Por qué salió?, ¿Qué publicaba en redes sociales? A las mujeres se les exige explicar sus decisiones, mientras la conducta de quienes las agreden queda “bajo investigación”. La sospecha se instala sobre ellas antes de que se establezcan las responsabilidades de los posibles agresores.

En el caso de Ana Lucía, las autoridades ya capturaron a un presunto responsable: según la Fiscalía, la pareja de su hermana, un hombre cercano a la familia, imputado por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años, que no aceptó los cargos. Su responsabilidad deberá probarse en juicio, pero el caso muestra algo que las cifras ya advertían: el peligro para una niña puede estar mucho más cerca de lo que suponemos.

Por eso, cuando una niña desaparece, no podemos convertir ninguna hipótesis en una conclusión automática. Una adolescente puede haberse marchado con su pareja, pero también puede estar siendo manipulada, explotada o intentando escapar de una casa donde sufre violencia. No podemos convertir ninguna hipótesis en una conclusión automática. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que, entre 2019 y 2025, había abierto 137.607 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencias contra menores, de los cuales 111.488 correspondían a niñas y adolescentes. También reportó que el 67,2% de las violencias sexuales registradas contra ellas ocurrió dentro de la vivienda.

El dato importa porque desmiente la idea de que el peligro siempre está afuera. El agresor puede pertenecer al entorno cercano y la familia puede minimizar el abuso, silenciar a la víctima o proteger al adulto señalado. No sucede en todos los hogares, pero ninguna investigación debería descartar esa posibilidad por prejuicio. Cuando una niña desaparece, calificar su conducta de “rebelde” o asumir que “se fue con el novio” puede desviar la atención de una pregunta fundamental: ¿estaba segura antes de desaparecer?

Una niña no tiene que demostrar que se comportó correctamente para merecer protección.

La responsabilidad institucional tampoco termina con la existencia de una ley. Colombia cuenta con el Mecanismo de Búsqueda Urgente, creado por la Ley 971 de 2005, y con la Alerta Rosa, establecida por la Ley 2326 de 2023 y puesta en funcionamiento en abril de 2026. No hay que esperar 72 horas para reportar una desaparición. La Alerta Rosa busca articular a las entidades y facilitar una difusión inmediata de la información para localizar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidos.

Sin embargo, las familias necesitan algo más que saber que existe un protocolo. Necesitan conocer qué ocurrió después de denunciar, cuándo se activó la búsqueda, qué diligencias se realizaron, qué hipótesis siguen abiertas y quién responde por los retrasos. Un diagnóstico del Sistema Nacional de Búsqueda registró 3.647 solicitudes de activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente entre diciembre de 2016 y diciembre de 2024. El documento reportó una efectividad del 30,3%, indicador que corresponde al mecanismo y al periodo estudiado, no a todas las desapariciones del país. La cifra exige revisar sus resultados y sus límites, no asumir que representa una tasa general de éxito.

La propia normativa de la Alerta Rosa contempla evaluaciones anuales, informes públicos y análisis posteriores de las activaciones para identificar qué facilitó o dificultó la localización. Por eso, la pregunta ya no es solamente qué mecanismos tenemos, sino dónde están sus resultados, qué barreras se han identificado y qué correctivos se han adoptado. La Fiscalía y la Policía, responsables de liderar la coordinación nacional, deben garantizar información oportuna a las familias y rendir cuentas sobre la respuesta institucional. El Congreso debe ejercer control político sobre los resultados nacionales; el Concejo de Bogotá debe exigir información a las entidades distritales que participan en la protección y atención territorial.

El caso de Blanca Pardo añade otra dimensión incómoda. Su familia denunció públicamente la falta de avances y respuestas después de más de un mes, y sus reclamos ganaron visibilidad cuando el caso llegó a los medios. Posteriormente, la Fiscalía informó sobre diligencias para esclarecer los hechos e identificar al responsable. No podemos concluir que la investigación sólo avanzó por la presión mediática, pero sí preguntarnos qué pasa con las familias que no logran que su dolor se convierta en noticia.

¿Quién les responde a ellas? ¿Cuántas búsquedas y cuántas investigaciones avanzan hoy sin que nadie lo sepa, porque ninguna cámara está mirando? Una familia no debería tener que hacer pública su tragedia para que sus preguntas ocupen un lugar en la agenda nacional o, al menos, en la Fiscalía. La justicia no puede funcionar por turnos de atención: la obligación de buscar, investigar y proteger es la misma para todas, haya o no cámaras mirando.

La viralidad no puede ser el criterio que distribuya la atención institucional. Una noticia puede movilizar a la ciudadanía, aportar información y presionar para que se rindan cuentas. Pero las obligaciones de buscar, investigar y proteger existen antes de que un caso se vuelva tendencia y continúan cuando desaparecen los titulares.

Ayelén, Ana Lucía, María Camila, su bebé y Blanca tenían edades y vidas distintas, y sin embargo, ninguna estuvo a salvo. Una mujer no debería tener que preguntarse a qué edad empieza a estar segura, porque la respuesta no puede ser nunca. La obligación del Estado de prevenir, buscar, investigar y proteger es la misma a los nueve años, a los 21 y a los 72, haya cámaras mirando o no. ¿A qué edad se supone que estamos seguras?