El costo de sanar: las deudas de la salud mental en Colombia

El 27 de agosto, Camilo Isaza Herrera, un abogado bogotano de 48 años, murió tras caer desde el CEFE de Chapinero. Las autoridades todavía investigan las circunstancias de su muerte. No sabemos qué ocurrió en esos últimos minutos y no deberíamos apresurarnos a construir una explicación. Pero una muerte así, en medio de una conversación nacional sobre prevención del suicidio, sí debería obligarnos a hacer una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo antes de que una persona llegue al límite?

Durante años hemos repetido el mismo mensaje: hable, no se quede solo, pida ayuda. Y claro que hay que hacerlo. El problema es que muchas veces la conversación termina justamente ahí. Le decimos a una persona que busque ayuda, pero pocas veces nos preguntamos qué encuentra cuando decide hacerlo. ¿Una cita? ¿Un profesional? ¿Una valoración oportuna? ¿Un tratamiento que pueda continuar? ¿Alguien que vuelva a llamarla cuando la crisis pase?

La nueva Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 (ENSM), elaborada por el Ministerio de Salud y la Universidad de Antioquia, entrevistó a 110.842 personas de siete años en adelante, en los 32 departamentos y Bogotá, y por primera vez pone un énfasis explícito en el acceso a los servicios de salud mental. Sus resultados muestran un país que está sufriendo, pero también un sistema que todavía tiene que demostrar que sabe acompañarlo.

En Colombia, 29.4% de las personas con problemas de salud mental buscó atención durante el último año y, de quienes la buscaron, 82.8% logró recibirla. Es un avance, pero también deja una pregunta imposible de ignorar: ¿qué pasó con quienes buscaron ayuda y no la recibieron? Y aun entre quienes lograron entrar al sistema, la oportunidad no está garantizada para todos: cerca de tres de cada diez esperaron más de un mes para su primera atención. La continuidad tampoco debería darse por sentada: la ENSM reporta 83.1% de continuidad, con diferencias entre regiones que van desde 75.9% en la Pacífica hasta 88.5% en la región Central; Bogotá registra 837%, mientras Orinoquía y Amazonía llegan a 77.5%.

Y entonces aparece una verdad que suele perderse cuando hablamos de “los colombianos” como si todos enfrentáramos el mismo problema. No es lo mismo ser mujer que ser hombre. No es lo mismo tener 10 años que tener 40. No es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en el Pacífico o en la Amazonía.

En los adultos, la morbilidad psiquiátrica alcanza 10.8% en mujeres y 5.7% en hombres. Pero cuando miramos el suicidio, la brecha se invierte: en Bogotá, por ejemplo, 74.4% de los suicidios de 2025 correspondió a hombres. Durante el primer semestre de 2026, fueron hombres 128 de los 164 suicidios registrados. Las mujeres, en cambio, concentran alrededor del 63% de los casos de ideación e intento de suicidio notificados en Bogotá durante ese mismo semestre.

Esto debería impedirnos diseñar políticas con una sola receta. Las mujeres están enfrentando una mayor carga de trastornos e ideación; los hombres están muriendo más. Y detrás de esa diferencia hay formas distintas de vivir el dolor, pedir ayuda y llegar (o no) a los servicios.

Con nuestros niños y adolescentes la alarma es todavía más dolorosa. La ENSM encontró que 2.1% de los niños entre 7 y 11 años y 4.8% de los adolescentes entre 12 y 17 años tuvieron ideas de suicidio en los últimos 30 días. En la adolescencia, la brecha entre sexos se hace mucho más grande: 6.4% en mujeres frente a 3.3% en hombres. Además, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes ha experimentado al menos un evento traumático.

Y esto no ocurre únicamente en Bogotá. Barranquilla reportó 653 intentos de suicidio hasta agosto de 2025, con 61.3% de los casos en mujeres. Cartagena registró 396 intentos hasta la semana epidemiológica 33 de 2026. Medellín, por su parte, informó una reducción de 21.5% en los intentos durante 2025 frente a 2024. Cada ciudad está enfrentando la situación con capacidades, respuestas y resultados diferentes.

Por eso tampoco podemos hablar de salud mental sin hablar de territorio. Una persona que vive en Bogotá puede tener una oferta que simplemente no existe a horas de distancia. Y aunque la ENSM encontró que la primera atención en menos de una semana fue reportada con mayor frecuencia en zonas rurales que urbanas, eso no significa que las barreras hayan desaparecido. La oportunidad, la continuidad, la disponibilidad de especialistas y la posibilidad de mantener un tratamiento siguen dependiendo demasiado de dónde nació y dónde vive cada colombiano.

También tenemos que mirar el bolsillo. La misma encuesta muestra que sólo alrededor de 30% de las personas con diagnóstico de trastorno mental tomó medicamentos durante el último año y una de cada cuatro tuvo que pagarlos de su bolsillo. No hay prevención efectiva si para continuar un tratamiento una persona tiene que escoger entre su salud y los gastos de su casa.

Colombia ya tiene herramientas nuevas. En 2026 se puso en marcha el Código Dorado, mediante la Resolución 0347, para fortalecer la detección temprana, la atención inmediata y el seguimiento integral de las personas con conducta suicida. Además, la Ley 2460 de 2025 estableció obligaciones de continuidad en la dispensación de medicamentos para personas con trastornos de salud mental.

Ahora viene la parte difícil: hacer que esos derechos existan en la vida de las personas y no solamente en las normas.

Porque la salud mental no se resuelve con una campaña, una publicación en redes o una línea telefónica. Una línea puede salvar una vida, pero después de esa llamada alguien tiene que atender, diagnosticar, tratar y acompañar. Una cita puede abrir una puerta, pero esa puerta no sirve de mucho si detrás no hay continuidad. Y pedir ayuda puede ser un acto de valentía, pero no podemos convertir esa valentía en una carrera de obstáculos.

La verdadera prueba de nuestra política de salud mental no debería ser cuántas veces le decimos a alguien que hable. Deberíamos preguntarnos cuántas personas que hablaron encontraron respuesta, cuánto esperaron, cuántas pudieron continuar y cuántas quedaron solas en algún punto del camino.

Porque prevenir no es llegar cuando la tragedia ya ocurrió. Prevenir es llegar antes. Y quizás esa sea la pregunta que hoy Colombia tiene que responder: cuando alguien finalmente encuentra el valor para decir “necesito ayuda”, ¿estamos ahí para responder?

Porque decir “pida ayuda” es fácil. Lo difícil es no llegar tarde.