En el país del “cambio”, estudiar dejó de ser mérito y comprar el título se volvió atajo al poder

Hay cosas que indignan porque son injustas, y hay otras que indignan porque son una bofetada moral para los colombianos. El escándalo de los títulos de la Fundación San José pertenece a la segunda categoría.

Esta situación no solo da rabia, da vergüenza como país. Porque aquí no estamos hablando de “un debate académico”, ni de una pelea entre universidades. Estamos hablando de algo más sucio: convertir el mérito en un chiste. Mientras miles de colombianos se matan estudiando, trabajo de día, clases de noche, deudas, sacrificios familiares, aparece gente con poder que compra el atajo y después pretende que el Estado le crea, le pague y le aplauda. Eso no es “viveza”. Eso es robarle el futuro a otros y burlarse de su esfuerzo en la cara.

Y no, esto no es un “cuento de redes”, mucho menos de una persecución política como algunos simpatizantes lo han querido hacer ver. Hay hechos verificables y hay números. La denuncia pública habla de al menos 24 funcionarios y contratistas con títulos irregulares de esa institución, y el detalle es aún más grave: 6 habrían recibido diploma sin presentar Saber Pro (requisito obligatorio), y otros 18 presentaron el examen después de haber recibido el título, lo que invalida el grado según el marco legal. El costo en contratos entre 2023 y 2025, según esa misma indagación, supera los $1.100 millones. Eso es plata pública. Plata de todos.

Lo más indignante es el mensaje que deja: en Colombia estudiar puede ser una desventaja si no se tiene padrino. Porque esos títulos no son para colgar en la sala, sirven para cumplir requisitos, para subir en el escalafón, para ganar concursos o contratos, para justificar cargos y salarios. Cada diploma “exprés” que entra por la puerta de atrás significa, en la práctica, una oportunidad menos para alguien que sí hizo el recorrido completo durante años de esfuerzo. Y esa sensación (la de competir contra la trampa) es exactamente la gasolina que alimenta el cinismo, la desesperanza y esa frase venenosa que ya se oye demasiado: “aquí el esfuerzo no vale”.

Ese mensaje cae sobre una generación ya golpeada. El 61% de los jóvenes ocupados entre 15 y 25 años está en la informalidad laboral, incluso teniendo formación técnica o profesional. Y entre los jóvenes ocupados con educación superior, más del 40 % trabaja en actividades que no corresponden a su nivel de formación. En ese contexto, descubrir que otros acceden a cargos públicos con títulos comprados no solo frustra, también termina de romper el pacto entre estudio, esfuerzo y oportunidad.

Y ojo con esto, el Ministerio de Educación no puede venderse como salvador en esta historia, porque el propio Ministerio ha salido a decir que no tiene competencia en la expedición de títulos y se ha “desvinculado” del proceso formativo; al mismo tiempo, admite que la actuación está en “inspección y vigilancia” desde una investigación abierta el 10 de noviembre de 2025. Es decir: hay investigación, sí, pero también hay un Estado que se defiende diciendo “yo no expido títulos”, mientras el país se pregunta lo obvio: ¿y quién vigiló a tiempo? ¿quién evitó que esto se volviera negocio?

Porque lo que indigna no es solo que una institución expida títulos de forma irregular, sino ver el panorama completo: entidades públicas contratando sin verificar de verdad, hojas de vida pasando filtros como si fueran trámite, y un país donde la “palanca” se volvió más determinante que la preparación. El resultado es un Estado más torpe, más caro y más injusto, gente sin formación real tomando decisiones públicas, diseñando políticas, administrando presupuestos, firmando conceptos. Y eso se siente en la vida real: en servicios que no funcionan, en programas que fracasan, en instituciones que pierden credibilidad.

Aquí el Gobierno nacional tiene un problema mayor: la incoherencia. Se prometió acabar con el nepotismo y las roscas, pero se han seguido destapando redes de cercanos y recomendados en cargos, en un país que ya venía con el vaso lleno y hoy está desbordado de desconfianza. La gente ya no está pidiendo perfección, está pidiendo decencia mínima. Y cuando el discurso de cambio convive con prácticas que huelen a lo mismo de siempre, la ciudadanía no se vuelve “opositora”, se vuelve harta.

En ese ambiente, el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata como ministro de Igualdad cae en terreno minado. Es necesario aclarar que esto, de ninguna manera, es un ataque a su origen ni a su liderazgo social. Es una pregunta legítima sobre méritos, preparación y capacidad de gestión, más todavía en un ministerio joven, golpeado por crisis internas y de corrupción y con altísima rotación. Según reportes de prensa, la hoja de vida publicada señala que Acosta Zapata solo acredita bachillerato y no registra experiencia en el sector público, lo que explica la resistencia y las dudas. Y, además, desde 2023, el Ministerio de Igualdad ya va por su cuarto ministro, y el promedio de permanencia ronda nueve meses. Eso no es estabilidad institucional, eso es pura improvisación.

Esto conecta con un problema estructural que los colombianos sienten a diario: la corrupción y el atajo como cultura de poder. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, Colombia obtuvo 39/100 puntos y quedó en el puesto 92 de 180, retrocediendo frente al año anterior. Eso es una alarma sobre la confianza, la inversión, la legitimidad del Estado y la calidad de la democracia. En un país así, cada escándalo como este no “pasa”; se acumula. Y lo que se acumula, al final, es rabia y desesperanza.

Y termino con lo esencial, porque aquí no podemos hablar suave: un título comprado es una forma de violencia social. Es decirle al joven que trabaja en un call center para pagar la universidad que su esfuerzo vale menos que un contacto. Es decirle a la mamá cabeza de hogar que estudia los fines de semana que no compite contra talento, sino contra trampas. Y es especialmente doloroso cuando hablamos de igualdad: el Estado no puede predicar equidad mientras tolera atajos que perpetúan privilegios. La Procuraduría ya ha advertido que el país sigue lejos de una participación equitativa —por ejemplo, en elecciones regionales recientes solo 16% de las candidatas a alcaldías fueron mujeres—, y un sistema que premia roscas y cartones exprés cierra más puertas de las que abre.

Este escándalo no se resuelve con comunicados, ni con investigaciones que se dilatan, ni con discursos defensivos. Se resuelve con verificación estricta y pública de títulos en la contratación estatal. Con sanciones reales para quien compra, para quien vende y para quien contrata haciéndose el de la vista gorda. Con un mensaje claro desde el poder: la educación no se trafica y el mérito no se negocia. Porque cuando el Estado tolera la trampa, educa en la trampa. Y un país que normaliza el atajo no solo pierde confianza: pierde futuro.