La epidemia de feminicidios que desangra a Colombia

Entre el 12 y el 19 de julio, nueve mujeres fueron asesinadas o halladas sin vida en Soacha, Medellín, Sabaneta, Villamaría, Valledupar, Barranquilla, Líbano, Cali y Soledad. Rosa Mayerly Olaya murió en su trabajo en Soacha después de meses de acoso por negarse a una relación con su agresor; el ataque quedó grabado en cámaras de seguridad. Melanie Sarahí Fajardo, de 17 años, fue apuñalada por su pareja en un parque de Sabaneta. Paola Gimena Osorio, de 38, ya tenía antecedentes registrados de violencia intrafamiliar y había sido reportada como desaparecida, luego apareció muerta en zona rural de Caldas. María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, fue asesinada en Cali; su hija recién nacida apareció muerta días después y ya hay cinco personas capturadas por el crimen. A estos atroces crímenes, se suman los feminicidios de María Alejandra Castaño, en Líbano, Tolima; Herianny Montilla, de 16 años, en Barranquilla; Danelly del Valle en Soledad, Atlántico; y Yasleidis Martínez, en Valledupar. Estos caos tenían historial, denuncia o antecedente conocido antes del asesinato, y ese es quizá el dato más perturbador de todos. En Colombia muchas mujeres no están muriendo porque nadie supiera que corrían peligro; están muriendo después de haber advertido que corrían peligro. Denuncian, buscan ayuda, activan rutas institucionales, cuentan lo que está pasando y aun así terminan asesinadas. Cuando una mujer denuncia violencia y luego aparece muerta, el país no puede limitarse a hablar de un agresor. También tiene que preguntarse qué falló en el sistema que debía protegerla.

Vale la pena dejar de nombrar esto como una tragedia repetida y empezar a leerlo como lo que realmente es: una falla de gestión pública medible, el abandono Estatal con las mujeres. Según la Defensoría del Pueblo, el feminicidio casi nunca es el primer episodio de violencia, es la fase final de un proceso de control, amenazas y aislamiento que pudo detectarse e interrumpirse antes de que llegara a la muerte. Y esto lo podemos ver en las cifras de violencia intrafamiliar más allá de los feminicidios consumados, pues solo en lo que va de 2026, el país ya registra 5.985 casos de violencia intrafamiliar, con las mujeres como el 80% de las víctimas. Ese dato es la antesala del feminicidio: la violencia intrafamiliar que no se atiende a tiempo termina siendo, en la práctica, el semillero del que salen los feminicidios que después ocupan los titulares.

Así pues, las cifras confirman que esto no es un simple pico aislado, sino que es una tendencia sostenida. Según el informe trimestral de la Defensoría, con datos de la Fiscalía, entre enero y marzo de 2026 se abrieron 129 noticias criminales por feminicidio: 15 consumados y 114 en tentativa. En todo 2025 la cifra fue de 472 noticias criminales, con 121 feminicidios consumados. En Antioquia, entre enero y el 21 de julio de este año, ya habían sido asesinadas 68 mujeres,con catorce casos solo en Medellín. En Bogotá la Fiscalía tipificó siete feminicidios entre enero y mayo, una baja frente a los diez del año anterior, pero Medicina Legal practicó 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio en ese mismo periodo, un aumento del 64% frente a 2025, con 688 casos catalogados como riesgo extremo. Esto nos lleva a concluir que la reducción de casos consumados en una ciudad no compensa el aumento generalizado de mujeres en riesgo extremo en todo el país.

Por esta razón, no podemos limitar la ola de violencia solo a un problema de vacíos legales, porque esto también es un problema de plata mal priorizada. La Ley Rosa Elvira Cely tipifica el feminicidio como delito autónomo desde 2015, con penas de hasta 50 años, así que la herramienta jurídica lleva más de una década disponible. El problema no es la norma, es que nunca se le dio a su cumplimiento el mismo presupuesto que se le da a otras prioridades del gasto público. Sisma Mujer calcula que el 86% de las denuncias por violencia intrafamiliar e intento de feminicidio en el país queda en la impunidad, y esa cifra no habla de jueces perezosos, habla de rutas de atención sin personal suficiente, de medidas de protección sin seguimiento real y de un Estado que prefiere anunciar leyes nuevas antes que financiar las que ya existen. Sumado a esto, la Procuraduría reconoció que hay fallas concretas en la activación de rutas de atención y en la articulación entre entidades, mientras ya van más de 129 posibles feminicidios registrados en lo corrido de 2026. Cuando un Estado sigue gastando en actos protocolarios y de despedida sin que las líneas de atención, los albergues o el seguimiento judicial reciban ese mismo nivel de financiación sostenida, la prioridad queda clara, y no son las mujeres. En consecuencia, es inevitable preguntarnos ¿cuántas vidas más tienen que perderse para que la protección de las mujeres sea tratada como una prioridad nacional permanente y no como una reacción temporal frente al caso que ocupa los titulares de la semana? Porque cada feminicidio genera indignación, ruedas de prensa, comunicados y promesas de acción, pero cuando la atención pública desaparece, las mujeres siguen enfrentando exactamente los mismos riesgos, las mismas rutas congestionadas y la misma incertidumbre frente a un Estado inexistente.

Desde otra perspectiva, sobre la salud mental hay que ser precisos y de ninguna manera usarla como justificación: es común ver que en estos casos que el agresor se quite la vida después de matar a la víctima, y eso no convierte el hecho en una tragedia compartida ni en un problema psiquiátrico aislado. Quien mata y luego se suicida sigue siendo un feminicida. Lo que sí revela ese patrón es la ausencia de una política seria de detección temprana y acompañamiento psicosocial que intervenga antes de la escalada, no un atenuante para quien decide matar.

En definitiva, lo que sigue no puede ser otro ciclo de indignación de una semana que se apaga con la siguiente noticia. Colombia necesita que la atención a mujeres en riesgo deje de depender de la voluntad de turno de cada funcionario y se convierta en una obligación presupuestal exigible, con líneas de atención que respondan, medidas de protección con seguimiento real y rutas judiciales que no dejen ocho de cada diez denuncias archivadas. Esto no se resuelve con un comunicado de solidaridad ni con un minuto de silencio en una plenaria; se resuelve con recursos, con funcionarios que respondan por cada caso que se les escapó, y con una ciudadanía que deje de tratar cada feminicidio como una noticia aislada del fin de semana. Al final, ya no hay excusa que valga, el Estado tiene la ley, tiene las cifras y tiene el diagnóstico; lo único que le ha faltado es decidirse a actuar. Una sociedad que se acostumbra a contar feminicidios cada semana empieza a perder algo más que seguridad: empieza a perder su humanidad.