La salud mental, rehén de un sistema de salud en crisis

El verdadero peso de esta crisis cae sobre quienes sostienen la atención y el cuidado. El paciente espera meses, el médico trabaja al límite, la enfermera carga turnos imposibles, el familiar se vuelve cuidador sin ayuda, y el sistema responde con trámites, incertidumbre y escasez. Cuando el desgaste se vuelve regla, la salud mental se convierte en el centro del problema. La propia Ley 2460 de 2025 y la nueva Política de Talento Humano en Salud ya reconocen la dimensión del problema; lo grave es que la realidad siga yendo por detrás de la norma.

Hoy el país no solo enfrenta una crisis administrativa; enfrenta una crisis emocional colectiva. El INS reportó más de 35.000 intentos de suicidio en 2025 y para el 2026 ya van cerca de 2.200 casos registrados. Cuando una sociedad acumula dolor en la casa, en el trabajo y en la calle, eso termina reventando en la convivencia, en la productividad, en la seguridad y en los servicios de salud. Por eso, preocupa tanto que sigamos tratando la salud mental como si fuera una conversación blanda, cuando en realidad es una variable dura del funcionamiento del país. Un sistema que no previene, no acompaña y no atiende a tiempo termina pagando más en urgencias, hospitalizaciones, incapacidades, violencia y vidas rotas. De nada vale que se haya sancionado la nueva Ley de Salud Mental si no se aterriza en los territorios, la indiferencia institucional también mata.

Y en medio de esa tormenta están los trabajadores de la salud, sosteniendo una estructura que los exprime y luego los deja solos. La Política Pública de Talento Humano en Salud admite que el país debe mejorar la disponibilidad, distribución y condiciones de empleo, bienestar y trabajo digno. Eso es una confesión institucional de que el modelo viene fallando también con quienes cuidan. A eso se suma la alerta reciente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina sobre agotamiento laboral, presión asistencial y afectación de la salud mental del personal médico: hasta un 20% de los médicos residentes ha experimentado ideación suicida, asociada a jornadas extenuantes, alta presión y desgaste emocional. Lo más duro de esto es su normalización, nos acostumbramos a que quien salva vidas trabaje exhausto, quien escucha el dolor de otros no tenga espacio para el suyo, y que su colapso emocional se lea como una prueba de vocación y no como una falla estructural. Eso no es heroicidad; eso es abandono sofisticado.

A esa sobrecarga humana se le suma ahora una crisis de aseguramiento y financiación que puede golpear todavía más fuerte a hospitales, pacientes y territorios. La Federación Nacional de Departamentos advirtió que una liquidación de EPS sin transición podría dejar una deuda incobrable de hasta $4,5 billones para los hospitales públicos. Las EPS intervenidas acumulan $10,6 billones de deuda y, tras procesos de liquidación, esa cartera históricamente se vuelve irrecuperable en un 99%. En otras palabras, si el sistema se reordena mal, el hueco no lo absorbe el debate ideológico, lo absorben los hospitales regionales, los pacientes crónicos, el personal de salud y las familias que dependen de la red pública. Un mal cierre o una mala transición no se traduce solo en balances; se traduce en cirugías aplazadas, tratamientos interrumpidos y más presión sobre una red asistencial que ya trabaja con fatiga acumulada.

En este sentido, el tema de los medicamentos muestra esa fractura con toda crudeza. La escasez no puede entenderse solo como un problema de inventario o distribución: en la vida real significa demoras, entregas incompletas y barreras infinitas para el acceso a tratamientos. Pero en salud mental esto se vuelve una amenaza concreta. La Asociación Colombiana de Psiquiatría alertó esta semana por falta de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y tratamientos para TDAH en distintas regiones del país, y advirtió que la interrupción abrupta de estos tratamientos puede causar recaídas, hospitalizaciones y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluido el suicidio. Así pues, cuando falta un medicamento psiquiátrico no se está retrasando una comodidad, se está poniendo en vilo la estabilidad clínica de una persona. Y cada recaída que no se evita recae después sobre urgencias, psiquiatras, cuidadores y hogares que ya venían haciendo equilibrio. No hay política de salud mental seria si el medicamento esencial nunca aparece.

Sumado a esto, hay otro grupo que sostiene silenciosamente el sistema: las cuidadoras y cuidadores no remunerados. En Colombia, el trabajo de cuidado sigue siendo uno de los motores invisibles de la economía y uno de los mayores focos de desigualdad. En Bogotá, el 81% de los cuidadores no remunerados son mujeres; el 29% le dedican más de 6 horas diarias; y el 22% ha renunciado a su trabajo para cuidar sin pago. El cuidado no remunerado también enferma cuando se vuelve encierro, sobrecarga y renuncia obligada al proyecto de vida. Por eso no sorprende que la salud mental de las mujeres esté mostrando señales de alerta tan fuertes. La Secretaría Distrital de la Mujer advirtió que las mujeres cabeza de hogar que conviven con más miembros presentan un 59% más de probabilidades de sufrir depresión. No es casualidad. Es la consecuencia directa de una desigualdad que junta ingresos inestables, trabajo doméstico, maternidades vigiladas, empleos precarios y falta de redes de apoyo.

Entonces no, aquí no basta con liquidar EPS, vigilar gestores farmacéuticos o nuevas leyes. Eso puede mover piezas, pero no corrige un sistema que sigue descargando su fracaso sobre pacientes, trabajadores de la salud y familias cuidadoras. Colombia necesita una transición seria y técnica; continuidad de tratamientos; protección del talento humano; y una política de cuidado que no esconda en los hogares lo que debería asumir el Estado. La política tiene que estar, con decencia, a la altura de esa complejidad. Yo sí creo que Colombia puede ordenar este caos, pero eso exige dejar de maquillar la realidad. No hay “humanización” posible mientras el sistema siga enfermando a quienes cuidan y abandonando a quienes dependen de un tratamiento. La pregunta de fondo es muy simple: ¿vamos a seguir administrando la crisis o por fin vamos a proteger a quienes sostienen la vida cotidiana del país? Porque un Estado decente no solo atiende al enfermo, también protege a quien lo cuida. Y hoy Colombia está en deuda precisamente con ambos.