Los niños que caminan solos

No lo son. Ambas terminan en la misma pregunta que Colombia sigue sin responder: ¿quién está protegiendo a nuestros niños?

Hay tragedias que deberían obligarnos a detenernos. La de Michelle Dayana es una de ellas. Una niña de seis años desapareció en Buriticá, Antioquia. Durante días, su familia, las autoridades y la comunidad la buscaron. Finalmente fue encontrada sin vida.

Michelle tenía un nombre, una familia que la esperaba y toda una vida por delante. No quiero convertirla en una cifra. Pero tampoco quiero que su historia termine convertida en otra noticia que mañana olvidemos. Su caso obliga a Colombia a hacerse una pregunta mucho más grande: ¿qué está pasando con nuestros niños cuando desaparecen?

Porque el problema no empezó esta semana. Entre 2003 y 2022 fueron reportados 41.714 menores de edad como desaparecidos en Colombia de acuerdo con los datos de la Corte Constitucional. De ellos, 21.101 aparecieron vivos, 653 fueron encontrados sin vida y 19.960 continuaban desaparecidos al momento del corte. Además, 27.296 casos correspondían a niñas y adolescentes mujeres. Son veinte años de familias buscando respuestas.

Y el problema tampoco terminó en 2022. En 2024 se reportaron 1.953 menores desaparecidos. De ellos, 919 fueron encontrados con vida, 14 sin vida y 1.020 continuaban desaparecidos. Más de la mitad de los menores reportados ese año todavía no habían sido localizados.

Durante el primer semestre de 2025, un informe de la Universidad Manuela Beltrán, elaborado con base en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, registró 837 casos: 564 niñas y adolescentes y 273 niños y adolescentes. El 67% correspondía a mujeres. Pero las cifras nacionales esconden geografías y amenazas muy distintas.

Un niño puede desaparecer en una ciudad y quedar expuesto a violencia intrafamiliar, trata, explotación sexual o captación criminal. En otros lugares del país, la amenaza puede venir directamente de los grupos armados.

Y hay un territorio que ya no podemos tratar como si estuviera separado de la vida real: internet.

Las redes criminales utilizan redes sociales, falsas ofertas laborales, promesas de estudio y engaños afectivos para captar víctimas de trata. Entre 2022 y junio de 2026, el Ministerio del Interior identificó y caracterizó 1.448 víctimas de trata de personas.

Cuando hablamos específicamente de niños, niñas y adolescentes, el ICBF reportó 107 menores vinculados a procesos de restablecimiento de derechos por trata. De ellos, 93 fueron víctimas de explotación sexual, es decir un promedio de 9 de cada 10 menores.

Y el peligro puede empezar con un mensaje. En 2025, la Policía Nacional reportó 72 capturas, 12.062 páginas web bloqueadas y 355 incidentes gestionados relacionados con explotación y riesgos digitales contra niños, niñas y adolescentes. Entre esos incidentes hubo 58 casos de grooming y 25 de sextorsión.

Las redes sociales no son la causa de las desapariciones. Pero sí pueden convertirse en una herramienta de captación y explotación. En mayo de 2026, la propia directora del ICBF advirtió sobre el papel de las plataformas y los algoritmos en la circulación y amplificación de contenidos nocivos para niños, niñas y adolescentes.

Para un niño, una pantalla también puede ser una puerta de entrada al peligro. Por eso la protección de la infancia del siglo XXI no puede terminar en la puerta de la casa. También tiene que entrar al teléfono.

Las familias tienen una responsabilidad fundamental, pero no pueden competir solas contra redes criminales que conocen las herramientas digitales ni contra plataformas capaces de amplificar contenidos perjudiciales. También tienen responsabilidades las empresas tecnológicas, las autoridades y el Estado: prevenir, detectar, preservar evidencia, reaccionar ante señales de captación y proteger a las víctimas.

Todo eso ocurre principalmente en zonas urbanas, pero las zonas en donde persiste el conflicto armado, el mapa cambia nuevamente. Durante 2025, la Defensoría del Pueblo documentó 410 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El 51% de las víctimas pertenecía a población indígena y el Estado Mayor Central fue identificado como principal presunto responsable.

En los primeros cinco meses de 2026 ya se habían registrado 51 casos. Norte de Santander encabezaba los reportes con 15, seguido de Cauca con 14 y Antioquia con 4. El 65% de las víctimas eran niños y adolescentes y el 35% niñas y adolescentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó además 65 casos de desaparición de menores relacionados con reclutamiento durante 2025 en cinco departamentos donde tiene presencia. El 49% correspondió a niñas.

La desaparición infantil, entonces, no tiene una sola causa ni un solo territorio.

Hay niños que se pierden. Hay niños que son captados. Hay niños que son reclutados. Hay niños que pueden caer en redes de trata o explotación. Y hay niños que desaparecen en contextos de violencia que el Estado ya conoce y ha advertido. Por eso tampoco sirve responder a todos los casos con la misma receta.

Un adolescente de 16 años en un territorio disputado por grupos armados necesita una respuesta distinta a la de una niña de seis años que se extravía en una zona rural. La política pública debe entender esas diferencias antes de que sea demasiado tarde, todo esto pese a que Colombia ha avanzado en herramientas para responder.

Un ejemplo claro es la Alerta Rosa que comenzó a operar nacionalmente en abril de 2026, articulando 17 entidades para reducir los tiempos de reacción frente a desapariciones. El ICBF informó que entre 2024 y 2026 había recibido más de 8.300 solicitudes de búsqueda de menores.

Y el 1 de junio de 2026 entró en vigencia la Ley 2584 de 2026, Ley Sara Sofía, que creó la Alerta Colombia para niños y niñas extraviados. La norma establece que entre el reporte y la activación de la alerta no puede transcurrir más de una hora, y que los operadores móviles deben difundirla en un máximo de una hora después de su activación.

Tenemos leyes. Tenemos alertas. Tenemos protocolos. Tenemos instituciones. Ahora tenemos que medir si funcionan cuando una familia llama desesperada porque su hijo no aparece.

No podemos afirmar, sin una investigación, que la Alerta Rosa falló en el caso de Michelle. Pero sí podemos preguntar: ¿se activó?, ¿cuándo?, ¿qué instituciones participaron?, ¿qué funcionó?, ¿qué falló? Y, sobre todo: ¿qué debemos corregir para que el próximo niño tenga más posibilidades de volver a casa?

Necesitamos medir tiempos de activación y respuesta, resultados de las búsquedas, casos pendientes y diferencias territoriales. Necesitamos saber cuánto tarda el Estado en reaccionar ante una alerta digital y qué ocurre con los casos de captación. Y necesitamos que el Congreso reciba esa información y les pida cuentas a las entidades responsables.

Porque una política pública no se demuestra en el papel. Se demuestra cuando consigue encontrar a un niño con vida.

Michelle no puede convertirse solamente en una cifra. Detrás de cada reporte hay una familia esperando. Detrás de cada pantalla puede haber un niño que necesita protección.

Y detrás de cada alerta queda una pregunta que Colombia no puede seguir aplazando: ¿Estamos haciendo todo lo que podemos antes de que sea demasiado tarde?