Niños desaparecidos en Colombia: cuando el peligro también entra por la pantalla

¿Dónde está?, ¿Con quién?, ¿Qué pasó?, ¿Por qué no contesta?. En Bogotá, esas preguntas dejaron de ser excepcionales hace mucho tiempo.

Esta semana, una de esas preguntas terminó de la peor manera. Una niña de apenas nueve años, que había sido reportada como desaparecida en Mosquera, fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar. Mientras otros niños jugaban cerca se encontraron con su cuerpo. Hay algo insoportable en esa escena: la inocencia de un juego infantil interrumpida por el hallazgo de una niña que alguien llevaba días buscando.

Las autoridades ya identificaron al presunto responsable y la investigación continúa para establecer exactamente qué ocurrió. No sabemos todavía todas las circunstancias de este caso y no debemos inventarlas. Pero sí sabemos algo: una niña de nueve años desapareció y terminó muerta a kilómetros de donde había sido vista por última vez.

Entre enero y junio de 2026 se reportaron 538 menores desaparecidos en Bogotá, según datos de la Policía y Medicina Legal analizados en el Concejo. Con corte al 16 de septiembre, 200 fueron encontrados con vida y uno falleció, mientras que 337 niños aún siguen sin aparecer. El 86% de los reportes correspondió a adolescentes entre 12 y 17 años y el 67% fueron niñas y adolescentes mujeres. En 2025 fueron 814 reportes de menores y en 2024, 774. Son cifras provenientes del SIRDEC, el sistema de información administrado por Medicina Legal, y requieren una lectura cuidadosa: un reporte de desaparición no equivale por sí mismo a un delito, y cada caso puede tener circunstancias diferentes.

Y el fenómeno no es exclusivamente bogotano. En Cali, la Personería reportó 570 personas desaparecidas durante 2024; 162 eran menores de edad: 115 niñas y adolescentes y 47 niños y adolescentes. En Medellín, durante el primer semestre de 2025, fueron activadas rutas para 409 personas reportadas como desaparecidas; 338 fueron encontradas con vida y 15 sin vida. No son cifras directamente comparables, cambian el período, la población y la metodología, pero sí muestran algo que no deberíamos perder de vista: la desaparición atraviesa ciudades distintas y afecta de manera importante a niños y, especialmente, a adolescentes mujeres.

Pero después de conocer la historia de Ana Lucia G., es imposible mirar esas cifras de la misma manera. Ya no son estadísticas. Son 538 familias en Bogotá que, en algún momento de este año, tuvieron que hacerse la pregunta que ningún padre debería tener que hacerse: ¿dónde está mi hijo?

Detrás de ese interrogante no siempre hay un callejón oscuro o un rapto violento en la calle. En la era digital, la desaparición de un menor muchas veces comienza en el lugar que considerábamos más seguro: el entorno virtual. Las dinámicas del peligro han cambiado, y los captores ya no necesitan vigilar los parques o las esquinas de los colegios; ahora se camuflan detrás de perfiles falsos para entrar directamente al círculo más íntimo de sus víctimas.

Puede escribirle. Puede observar lo que publica. Puede construir durante semanas una relación de confianza. Puede hacerse pasar por otro menor. Puede ofrecerle amistad, dinero, una oportunidad, atención o una promesa. Y puede hacerlo sin acercarse un solo metro.

La amenaza puede entrar por la pantalla y sentarse en la habitación del niño mientras sus padres creen que, precisamente porque está en casa, está seguro.

Esto tampoco es una hipótesis. La Policía Nacional informó el 2 de septiembre de la operación Halcón Digital, desarrollada durante un año contra la explotación sexual infantil en entornos digitales. La operación terminó con 21 presuntos agresores sexuales de menores capturados en nueve países, seis de ellos en Colombia, y permitió rescatar a una menor. Las autoridades documentaron el uso de redes sociales para contactar niñas mediante falsas promesas de modelaje.

Y el problema no se limita a una operación. El ICBF reportó que entre enero de 2023 y mayo de 2025 atendió 69 casos de menores víctimas de trata; el 90% estaba relacionado con explotación sexual y el 88% de las víctimas eran niñas y adolescentes mujeres. Bogotá concentró el 14% de esos casos, mientras Norte de Santander registró el 28% y Antioquia el 13%. Esto no significa que esas víctimas fueran previamente reportadas como desaparecidas ni que todas las desapariciones estén relacionadas con trata. Significa que existen formas de captación y explotación que pueden comenzar o facilitarse en espacios digitales.

Por eso el debate sobre redes sociales no puede reducirse a “los padres deben vigilar más”. Claro que deben hacerlo. Pero sería ingenuo pedirle a una familia que enfrente sola un entorno digital cada vez más complejo.

Colombia ya reconoce esa responsabilidad compartida. La Ley 2564 de 2026 establece medidas de prevención, protección y atención frente a la violencia en entornos digitales y menciona expresamente riesgos como grooming, sextorsión, ciberacoso y otras formas de violencia contra menores. También contempla formación para padres, cuidadores, docentes y estudiantes, además de mecanismos de verificación de edad, control parental y denuncia.

Y el debate político ya llegó al Congreso. El proyecto “Niños Sin Redes”, radicado en agosto de 2026, propone una edad mínima para crear y mantener cuentas, mecanismos proporcionales de verificación de edad y obligaciones de seguridad y diseño responsable para las plataformas.

La pregunta, entonces, no es si debemos demonizar el celular. Tampoco si debemos culpar a los padres. El cuestionamiento es mucho más incómodo: ¿estamos protegiendo a nuestros niños con reglas pensadas para un mundo que ya dejó de existir?

Durante años enseñamos que un desconocido era alguien que podía acercarse a nuestro hijo en una calle. Hoy tenemos que aceptar que un desconocido puede entrar a su conversación, ganar su confianza y conocer detalles de su vida sin cruzar la puerta de su casa.

Algunos niños desaparecen de nuestras calles. Otros pueden estar siendo alcanzados por el peligro delante de nosotros, con la pantalla iluminándoles la cara y nosotros creyendo que están jugando.

Ese es el nuevo desafío de proteger la infancia: entender que la seguridad de un niño ya no termina en la puerta de su casa. Porque el celular no siempre es un juguete. A veces también es una puerta.