Seis meses después de la Nueva Ley de Salud Mental: ¿y ahora quién responde?

Colombia no desconfía de las leyes por capricho; desconfía por experiencia. Durante años, el país ha visto cómo normas bien intencionadas se aprueban con discursos solemnes y titulares optimistas, para luego diluirse entre reglamentaciones tardías, presupuestos insuficientes y responsabilidades que nadie asume. Por eso, frente a la Nueva Ley de Salud Mental (2460 de 2025), la expectativa convive con una duda legítima: ¿será distinta esta vez o terminará archivada en el mismo estante simbólico donde reposan tantas promesas incumplidas?

El diagnóstico que dio origen a esta ley es incuestionable. 1 de cada 4 personas enfrenta un trastorno mental a lo largo de su vida y el sistema registra más de 700.000 atenciones anuales, muchas de ellas tardías y fragmentadas. La salud mental dejó de ser un tema marginal y se volvió una urgencia cotidiana en hogares, colegios, empresas y comunidades. Sin embargo, el país ya aprendió que reconocer un problema no garantiza resolverlo. El verdadero desafío no está en el texto aprobado, sino en su ejecución sostenida en el tiempo.

La Ley 2460 amplía enfoques, prioriza infancia y juventud, introduce educación emocional, reconoce a cuidadores y agentes comunitarios, y obliga a articular sectores más allá del sistema de salud (educación, trabajo, cultura y deporte). En el papel, es una arquitectura ambiciosa y moderna. No es un problema menor, Colombia ha aprobado cerca de 100 leyes sociales por año, pero solo una fracción cuenta con reglamentación completa y mecanismos claros de seguimiento. En la práctica, esa arquitectura exige algo que históricamente ha faltado: gobernanza clara, liderazgo institucional y continuidad administrativa, tres elementos que históricamente han fallado cuando el entusiasmo inicial se agota y la implementación pierde ritmo. ¿Quién coordina?, ¿quién responde si no se cumple?, ¿qué entidad lidera y cuál solo acompaña? Sin respuestas operativas, la ley corre el riesgo de convertirse en un catálogo de buenas intenciones sin músculo real.

Seis meses después de su aprobación, la pregunta central no es qué promete la norma, sino qué está cambiando en la vida de la gente. La ley fija plazos, habla de programas integrales, protocolos actualizados y seguimiento desde el Observatorio Nacional de Salud Mental. Pero su impacto depende de decisiones presupuestales explícitas y de una priorización real dentro del gasto público. Aquí aparece una pregunta inevitable: ¿con qué recursos se va a cumplir lo que la ley promete? Sin financiación clara, la política pública corre el riesgo de quedarse en el mismo lugar que tantas otras.

El enfoque territorial es una de las mayores promesas de la ley y, al mismo tiempo, su punto más frágil. Colombia no vive la salud mental de la misma manera en una capital que en una vereda, ni en un colegio urbano que en un resguardo indígena. En más del 40 % de los municipios del país no existe un solo psiquiatra y en amplias zonas rurales la atención depende de remisiones que tardan semanas, meses o nunca llega. Si la implementación no reconoce esas diferencias, el impacto será desigual y, peor aún, invisible. Medir el impacto territorial no es un asunto técnico menor: es la única forma de saber si la política llega a donde más se necesita o si reproduce las brechas que dice combatir.

El talento humano vuelve a aparecer como un cuello de botella crítico. En el país tenemos tan solo 3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del estándar (10) recomendado por la OMS. Hablar de prevención, atención primaria y atención integrada es correcto, pero insuficiente si no se resuelve la escasez de profesionales, su concentración en grandes ciudades y la precariedad laboral en regiones apartadas. La ciudadanía está cansada de escuchar planes que no dialogan con la realidad operativa del sistema. Sin condiciones dignas para quienes atienden, no habrá humanización posible ni continuidad en la atención.

La ley también deposita grandes expectativas en la prevención escolar y laboral. Educación emocional, tamizajes, ambientes de trabajo saludables y control de riesgos psicosociales son avances necesarios. Pero el país ya sabe que, sin vigilancia efectiva, muchas obligaciones se quedan en documentos internos que nadie supervisa. Aquí surge otra pregunta clave: ¿quién vigila que estas disposiciones se cumplan realmente y no se queden en manuales internos o informes de cumplimiento formal?, ¿qué sanciones existen cuando no se aplican? La Superintendencia Nacional de Salud recibe más de 1,5 millones de quejas al año, muchas relacionadas con barreras de acceso, demoras y negación de servicios, incluidas las atenciones en salud mental.

Todo esto ocurre en un momento político decisivo. Colombia se prepara para un nuevo Congreso y un nuevo Gobierno, y eso convierte la implementación de esta ley en una prueba de madurez institucional. La Nueva Ley de Salud Mental no puede depender de la voluntad política de turno ni del entusiasmo inicial que suele agotarse rápido. El Congreso que llega no puede limitarse a producir más normas; debe ejercer control político serio, exigir indicadores, hacer seguimiento territorial y corregir fallas. Legislar sin vigilar es una forma de irresponsabilidad que el país ya no tolera.

La gente está cansada, no de las leyes, sino de que no se cumplan. La desconfianza no nace del escepticismo, sino de la repetición del fracaso. La salud mental no puede convertirse en otro capítulo de esa historia, tampoco necesita más discursos bien intencionados ni fechas conmemorativas vacías. Si esta ley se queda en el papel, el costo no será político ni simbólico: será humano. Y esa es una deuda que Colombia ya no está en condiciones de seguir acumulando. La pregunta, seis meses después, es si tendrá el carácter político para hacerlo bien y a tiempo. Aquí no caben aplausos automáticos; caben resultados.