Colombia frente a un clima que sobrepasa los límites: prepararnos empieza por proteger nuestros ecosistemas
Por Laura Caicedo Valencia, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia
El mundo se encamina a superar los 1,5 °C de calentamiento global y Colombia no puede seguir preparándose para la crisis climática como si los desastres fueran episodios aislados.
El nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que, con el nivel actual de emisiones, el planeta probablemente sobrepasará el límite de los 1,5 °C en los próximos años. Y cada fracción de grado adicional importa: aumenta la intensidad de los eventos extremos, los riesgos para el acceso al agua y los alimentos, la pérdida de ecosistemas y la posibilidad de alcanzar puntos de inflexión difíciles o imposibles de revertir, entre ellos cambios profundos en el bosque amazónico.
Superar temporalmente los 1,5 °C no significa que podamos simplemente reducir la temperatura décadas después y volver al punto de partida. Durante ese periodo pueden producirse pérdidas y transformaciones ecológicas irreversibles. Por eso, no solo importa volver por debajo de ese umbral, sino también limitar cuánto lo sobrepasamos y durante cuánto tiempo.
Para Colombia, esta advertencia exige decisiones concretas. En las últimas semanas vimos incendios forestales, territorios recuperándose de un terremoto y cientos de municipios bajo alerta, mientras se fortalecen las condiciones asociadas a El Niño. De hecho, en agosto se llegaron a reportar 36 incendios activos y 339 municipios en alerta roja, al mismo tiempo que el país atendía las consecuencias del terremoto y el IDEAM advertía una probabilidad del 90 % de condiciones asociadas a El Niño para septiembre. Es un escenario de multiamenaza, en el que distintos fenómenos pueden coincidir y poner bajo presión a comunidades, ecosistemas e instituciones.
Pero una amenaza no tiene por qué convertirse inevitablemente en un desastre. Una amenaza se convierte en desastre cuando encuentra territorios expuestos y vulnerabilidades acumuladas: desigualdad, ocupación inadecuada o transformación de los usos del territorio, degradación ambiental, infraestructura insuficiente y capacidades institucionales débiles.
No podemos controlar El Niño ni evitar todos los eventos naturales, pero sí podemos reducir nuestra vulnerabilidad. Eso implica fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, planificar mejor los territorios, proteger las fuentes de agua, garantizar recursos permanentes para la prevención y fortalecer las capacidades de las comunidades.
Durante demasiado tiempo hemos concentrado los mayores esfuerzos después de que ocurre la emergencia. Sin embargo, en un escenario de calentamiento creciente, reaccionar será cada vez más costoso e insuficiente. No se trata solo de evitar pérdidas humanas y ambientales: el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) recoge estimaciones para Colombia según las cuales invertir en adaptación podría reducir de manera significativa los daños económicos asociados al cambio climático. La advertencia es clara: una mitigación insuficiente aumentará los impactos y obligará a destinar cada vez más recursos a responder a las emergencias. Prevenir no es un gasto adicional frente a la emergencia, sino una inversión para evitar que sus consecuencias sean mucho más costosas.
Prepararnos también significa proteger los ecosistemas que reducen esos riesgos.
Bosques, páramos, humedales y fuentes hídricas deben ser entendidos también como infraestructura climática crítica. Su capacidad para regular el agua y el clima, sostener la biodiversidad y favorecer la recuperación de los territorios ayuda a reducir vulnerabilidades frente a eventos cada vez más extremos. Proteger su integridad es, por lo tanto, una medida esencial de adaptación, pero adaptarnos a un escenario de sobrepaso temporal de los 1,5 °C no significa aceptar sus impactos como inevitables. Limitar ese sobrepaso sigue siendo una prioridad, porque algunos daños ocurridos durante ese período pueden ser irreversibles y no desaparecerán automáticamente aunque posteriormente logremos reducir la temperatura. Por eso, la adaptación no sustituye otras políticas necesarias ni, mucho menos, la reducción urgente de emisiones.
La Amazonía es uno de los ejemplos más claros. El PNUMA advierte que el bosque amazónico se encuentra entre los sistemas más expuestos a cambios críticos y que podrían atravesar puntos de inflexión conforme aumenta la temperatura global. Pero también advierte que la deforestación, los incendios y la fragmentación reducen su integridad y aumentan su vulnerabilidad al calentamiento. Para un país amazónico como Colombia, protegerlo no es solamente una obligación ambiental: es parte de nuestra estrategia de adaptación.
Lo mismo ocurre con los páramos, fundamentales para la regulación hídricay abastecimiento de agua de amplios territorios que impactan a millones de personas en Colombia. Cuando estos ecosistemas se incendian o degradan, las consecuencias exceden por mucho la pérdida de vegetación.
Por eso ya no podemos separar la protección ambiental de la gestión del riesgo. En un escenario climático más peligroso, ambas forman parte de una misma política de resiliencia territorial.
Y esa preparación tiene que incorporar una dimensión de justicia ambiental. Los desastres no afectan a todas las personas por igual. Las comunidades con menor acceso al agua, infraestructura, recursos económicos o capacidad institucional enfrentan impactos más profundos y recuperaciones más lentas.
El mensaje del PNUMA es preocupante, pero no invita a la resignación. Cada fracción de grado que evitemos sigue importando y reducir las emisiones continúa siendo indispensable. Pero también tenemos que prepararnos para los impactos que ya son inevitables.
Colombia necesita actuar en ambos frentes: contribuir a frenar el calentamiento global y construir un país capaz de anticiparse a sus consecuencias. Este es también un desafío para el nuevo gobierno y para los que vengan: la prevención, la adaptación y la protección de los ecosistemas deben atravesar las decisiones sobre territorio, agua, infraestructura e inversión pública, y no aparecer únicamente cuando comienza una emergencia.
La pregunta ya no debería ser qué haremos ante la próxima emergencia, sino qué estamos haciendo hoy para evitar que la próxima amenaza vuelva a convertirse en un desastre. En un clima cada vez más extremo, el desastre no está determinado únicamente por la amenaza: también lo determinan nuestras decisiones sobre el territorio, la desigualdad, los ecosistemas y la prevención.
Proteger la Amazonía, los páramos, los bosques y el agua no es un complemento de esa respuesta, sino una de sus condiciones fundamentales. Destruir estos ecosistemas no representa únicamente una pérdida ambiental: también aumenta nuestra vulnerabilidad frente a la propia crisis climática.