La autoridad criminal

"Yo le suplico como ciudadano, como obispo, al señor presidente Petro que mire por favor al Chocó, a todo el Pacifico colombiano", estas palabras desgarradoras y valientes salen de la boca de monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Tadó, quien continúa su declaración diciéndole al mandatario "no defrauden, por favor, las urgencias de esta gente, que son muchas".

Imposible encontrar palabras más contundentes que estas del prelado católico para describir el drama de seis municipios de Chocó sitiados por el ELN y la desidia con la que el Gobierno atiende semejante crisis.

Los medios de comunicación publican decenas de declaraciones de alcaldes, líderes sociales, voceros de varias ONG, ciudadanos del común, que aterrorizados claman por atención para la crisis humanitaria que padecen por cuenta de un nuevo paro armado. El ELN ejerce autoridad y ordenó que nadie puede transitar por ríos y carreteras, lo que hace imposible abastecerse de alimentos y medicinas o realizar alguna actividad que signifique el sustento o salvar su vida.

Mientras tanto, cerca de San José del Guaviare, 98 soldados fueron secuestrados por lugareños que exigen que la tropa se vaya de su territorio. Durante días los militares fueron sometidos a la humillación de no poder defenderse y, más aún, impotentes tratando de resolver el problema por su cuenta porque, salvo dos trinos destemplados de los ministros del Interior y de Defensa, a nadie del Gobierno le ameritó mayor atención. ¡98 soldados secuestrados, 98! y el tema seguía siendo cambiar el escudo de Colombia.

Al tiempo que todo esto sucede, los habitantes de al menos seis municipios de Meta están cansados de denunciar la extorsión a la que son sometidos. Un tal Alexis Cancharino, de las disidencias, decidió que todos los que allí vivan y trabajen deben pagarle a cambio de su vida. Cita a reuniones, carnetiza a sus víctimas y vuela con explosivos los negocios de quienes se resisten. El turismo, gran fuente de ingresos de esa parte del departamento, prácticamente desapareció. Nadie quiere ir a Lejanías o Mesetas por puro miedo y eso que este Gobierno se llena la boca diciendo que el turismo será el reemplazo del petróleo y, aun así, no le merece a ningún funcionario suficiente preocupación como para voltear la mirada hacia esa zona del país.

Y me atrevo a mencionar una más de estas situaciones preocupantes. Ocurrió en un bar de Tacueyó, en Cauca, guerrilleros de las disidencias ingresaron al lugar y como cualquier autoridad les exigieron documentos a quienes allí se encontraban y tan campantes se fueron, por fortuna, no consideraron necesario llevarse a alguien o peor, asesinarlo por sospecha.

Así pasan los días varias regiones que creían superada la violencia y que en los últimos dos años han visto cómo se desbarata el sueño de la paz. Sí, podremos echarle la culpa a los errores en la implementación del acuerdo de La Habana, claro, allí puede estar parte del problema, pero ¿qué pasa con la capacidad de reacción de la fuerza pública o la voluntad política para combatir a los delincuentes? ¿Dónde está el límite entre la Paz Total y la inacción contra los alzados en armas?, ¿y el derecho de los ciudadanos a que el Estado los proteja? Es inevitable que surjan estas preguntas, pero lo que es inaceptable es que no haya respuestas.

Basta escuchar las declaraciones del alcalde de Istmina, Jaison Mosquera: "me dejó solo el Gobierno, en seis paros armados del ELN no he podido hablar con nadie del Gobierno"- Y semejante abandono no parece llamar la atención de quienes tanto se ufanan de su compromiso con el pueblo.

Esta situación en Chocó ya deja tres muertos, una mamá y su bebé en gestación y una niña de un año que no pudo recibir atención médica por un cuadro de desnutrición severa. Su familia no pudo trasladarla a Istmina por cuenta de las restricciones de movilidad decretadas por el ELN, así como en las épocas del llamado "estallido social" cuando la primera línea bloqueó las entradas de varias ciudades. En Cali y Tunja murieron dos bebés que estaban a punto de nacer, sus mamás quedaron atrapadas en las ambulancias sin poder pasar a pesar de los ruegos de los paramédicos. Las mismas tácticas infames que cuestan vidas y se repiten dramáticamente.

Pero el alcalde de Istmina no es el único que denuncia una soledad estremecedora, en otras regiones como el Meta la gobernadora también se ha cansado de decirlo, se sienten abandonados.

Es claro el común denominador en esta situación tan compleja: las denuncias de las propias autoridades regionales por el abandono del Gobierno. Una orfandad que pone en duda su retórica humanista, porque en la práctica las cosas no pasan de mensajes virulentos en redes sociales, ya sea del propio presidente o de los fanáticos influencers contratados. Por eso es inevitable llegar a la conclusión de que todo se queda en palabras tan estériles como la presencia del Gobierno en las regiones.

De qué sirve ponerle al escudo "Libertad y orden justo", si esa frase no deja de ser una postura ideológica que en nada aporta al bienestar de nadie. La deuda histórica del Estado con las regiones es endémica, pero eso no es suficiente disculpa para quienes hoy gobiernan.

Qué bueno sería cambiar esa lógica, romper con esas "formas" de ejercer lo público y de verdad servir al ciudadano. Por lo menos en los casos de Chocó, Cauca y Meta no se ha logrado.

Este Gobierno desperdicia día a día una oportunidad invaluable de hacer lo que nadie ha hecho en estas regiones, pero me temo que estaremos condenados a ver impotentes el accionar peligroso de la autoridad criminal.