El poder de las regiones a la acción

La época de la posverdad no ha parado en el país, y aunque las elecciones territoriales le dieron un baldado de realidad al Gobierno Nacional, este insiste en incentivar la confrontación por la narrativa, con verdades ocultas o/a medias. La verdad, es que las regiones hablaron en las urnas y es mezquino que el Gobierno pretenda priorizar los territorios cercanos a su pensar. Lo razonable es pasar a la acción y trabajar con la institucionalidad territorial.

En este sentido, el Gobierno debe profundizar y acelerar la estrategia de articulación para la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), respetando la autonomía de las entidades territoriales. Se debe crear canales para la oferta institucional y dar mensajes claros de articulación con los nuevos alcaldes y gobernadores para el desarrollo del país más allá de la famosa inducción de la ESAP. Por ejemplo, es inadmisible que el 57% de los ODS se demoren más de 10 años en cumplirse, y que para esto el DNP no haya homologado los indicadores ODS en los sistemas de planeación territorial.  

De igual forma es necesario reconsiderar las formas en cómo se está llegando al territorio, primero porque se evidencia vacíos de autoridad por la fallida política de Paz Total, y segundo porque se ha dejado a un lado los términos de eficacia y optimización en la ejecución de los bienes y servicios públicos. El asunto es que se debe lograr el control del territorio dentro de la legalidad, utilizar la economía política para ejecutar e interactuar con las autoridades locales, y así reducir los tiempos en la toma de decisiones en el territorio.

Un ejemplo muy preocupante son las cifras de aprobación del Sistema General de Regalías, las cuales han caído a niveles pre-reforma de 2020. La reforma del SGR en 2020 buscó darles mayor autonomía a las entidades territoriales, y la competencia de asistencia técnica al DNP, pero en lo corrido del bienio tan solo se ha aprobado el 39% del presupuesto, cuando en 2021, a la misma fecha, se logró llegar al 49%.

Adicionalmente, poco se ha socializado o se conoce de la implementación del Sistema de Administración del Territorio a través de la Gobernanza de Modelos Extendidos que se estudió con el BID, el cual quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y permite el cumplimiento de los objetivos territoriales como el catastro multipropósito. De hecho, cuando se habla del ordenamiento alrededor del agua, no se hizo nada para darle competencias y recursos a los municipios como unidades básicas de la planeación, y en efecto siguen siendo las Corporaciones las encargadas de reglamentar los POMCAS y PORH. 

En este sentido, tampoco se ha revisado la metodología orientada al reconocimiento de capacidades que se menciona en el mismo Plan, ni Minhacienda quiere poner a discusión aumentos al presupuesto de las entidades territoriales, más allá de lo mencionado en el SGP. De igual forma los mandatarios indican que se están demorando en los trámites para autorizar la suscripción de contratos y garantías en los créditos de las entidades territoriales con la banca multilateral. 

Finalmente, es preocupante la inacción que ha caracterizado a Minhacienda en la gestión del FONPET, pues aún no se ha puesto en marcha la administración total del Fondo, y por ende se estén retrasando los pagos de los bonos pensionales, así como la liberación del desahorro para aquellas entidades que han cumplido con sus pasivos pensionales. Definitivamente, las entidades territoriales deben mostrar su poder para pasar a la acción.