El Estado engorda, el ciudadano paga

Los gobiernos cambian, los discursos también, pero el contribuyente sigue pagando las consecuencias de decisiones que nunca tomó.

La llamada Ley de Rescate Económico, presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, debería obligarnos a discutir algo más profundo que una eventual reforma tributaria: ¿hasta cuándo vamos a seguir financiando el crecimiento del Estado sin exigirle primero que demuestre para qué sirve cada peso que gasta?

El gobierno de Gustavo Petro dejó una situación fiscal que obliga a tomar decisiones difíciles. En 2025, el déficit primario alcanzó el 3,5 % del PIB, reflejo de un desequilibrio entre ingresos y obligaciones que se profundizó durante su administración. Pero reconocer la gravedad del problema no significa aceptar cualquier mecanismo para corregirlo.

El Proyecto de Ley 477 de 2026 contempla que, desde 2028, muchas frutas y verduras frescas pasen a pagar IVA del 19 %. También perderían beneficios tributarios determinados computadores, celulares y servicios de internet residencial de los estratos 1, 2 y 3. Incluso los vehículos eléctricos e híbridos pasarían del 5 % al 19 %. Es decir, encareceríamos desde la alimentación y las herramientas para estudiar o trabajar hasta alternativas de movilidad que deberíamos incentivar.

El golpe no termina en el consumo. La retención en la fuente comenzaría desde 65 UVT de ingreso mensual gravable, unos 3,4 millones de pesos, con una tarifa marginal del 9 % sobre el tramo correspondiente. Además, uno de los cuatro puntos porcentuales de aportes a las cajas de compensación se destinaría a financiar la salud, y recursos no ejecutados del fondo de protección al cesante podrían cubrir obligaciones de ese sector. Nuevamente, resolvemos las dificultades de un sistema trasladándole recursos destinados a otros propósitos sociales.

Hay algo particularmente injusto para la clase media: millones de colombianos trabajan, pagan impuestos y sostienen sus hogares sin recibir suficientes beneficios del Estado como para sentirse protegidos por él. Tampoco ganan tanto como para absorber tranquilamente nuevas cargas. Son demasiado solventes para recibir ayudas, pero no lo suficientemente ricos para que los impuestos les resulten indiferentes.

No se trata de negar la necesidad de los tributos. Ninguna sociedad puede garantizar seguridad, justicia, infraestructura o educación sin recursos públicos. El problema aparece cuando se rompe la relación entre lo que el ciudadano entrega y lo que recibe. Y esa relación, más que tributaria, es de confianza.

Durante años hemos confundido fortalecer el Estado con aumentar su burocracia. Más dependencias, cargos y asesores no significan necesariamente mejores servicios. En demasiadas ocasiones, el sector público se convierte en escenario de distribución de favores políticos, donde la preparación compite en desventaja frente a las recomendaciones y las lealtades.

Sin embargo, reducir el Estado tampoco debería limitarse a despedir contratistas. Buena parte de las funciones misionales recae sobre funcionarios de planta, cuyo desempeño también debe evaluarse. La estabilidad laboral es necesaria frente a la arbitrariedad política, pero no puede proteger la negligencia o el incumplimiento. Necesitamos servidores preparados, evaluaciones rigurosas y responsabilidades claras. Recortar una nómina sin corregir esas fallas no garantiza mejores resultados.

El Gobierno propone reducir gastos de personal, contratación y funcionamiento, y eso merece reconocerse, aunque el alcance del ajuste exige un escrutinio más profundo, especialmente cuando sostiene que cerca del 70 % del esfuerzo provendrá de racionalizar el gasto, mientras que un análisis de La Silla Vacía calcula que los recortes directos sumarían unos 16,7 billones de pesos en 2028, apenas el 21 % del efecto fiscal del proyecto. La diferencia obedece, en parte, a que se contabiliza la eliminación de beneficios tributarios como una reducción del gasto, cuando dejar de conceder una exención no equivale a gastar menos, sino que, para el ciudadano, significa sencillamente pagar más.

Es cierto que se proponen devoluciones del IVA para hogares vulnerables e incentivos a la inversión. Pero la devolución depende principalmente de compras registradas mediante factura electrónica: ¿qué tan fácil será hacerla efectiva para quienes compran en la tienda de la esquina? Y ninguna de estas medidas reemplaza la necesidad de eliminar duplicidades, profesionalizar el empleo público, combatir el clientelismo y evaluar los resultados del gasto.

Colombia necesita un Estado que cueste menos donde desperdicia recursos y funcione mejor donde resulta indispensable. La clase media no necesita que le expliquen permanentemente por qué debe pagar más, sino que le permitan trabajar, emprender y prosperar. Sanear las finanzas públicas es indispensable, pero recuperar la confianza ciudadana también; y mientras los gobiernos sigan considerando que resulta más sencillo aumentar los impuestos que transformar la manera como funciona la administración pública, seguiremos rescatando al Estado sin que el Estado termine de rescatar a sus ciudadanos.