Radiografía de los grupos armados: el nuevo mapa criminal de Colombia
Cerca de 30.000 integrantes hacen parte hoy de grupos armados y estructuras delincuenciales en Colombia. Detrás de esa cifra hay un país donde el crimen organizado tomó fuerza en los territorios, diversificó sus rentas y, en algunas regiones, terminó imponiendo sus propias reglas.
Muchas veces, desde las grandes ciudades, la guerra parece una noticia distante. Un enfrentamiento en el Catatumbo, un secuestro en el Cauca, una extorsión en el Chocó o un atentado contra la Fuerza Pública aparecen en las noticias y luego desaparecen de la conversación nacional. Pero para miles de colombianos que viven en las regiones, la violencia no es una noticia: es la realidad del día a día. Es el miedo a hablar, es la amenaza, es la extorsión, es el desplazamiento, es el reclutamiento de menores, es saber que, en determinados territorios, el Estado dejó de ser autoridad.
Esta grave enfermedad que tiene azotado a nuestro país nos obliga a mirar más allá de las cifras. Según el último informe de inteligencia presentado por el Ministro de Defensa, General Jorge Mora, al presidente Abelardo de la Espriella, cerca de 29.869 personas estarían vinculadas actualmente a grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados en Colombia. De ellas, 27.367 pertenecen a estructuras armadas organizadas, distribuidas en 172 estructuras con presencia o afectación en 646 municipios de 31 departamentos. A esto se suman otros 2.502 integrantes de grupos delincuenciales organizados, correspondientes a 20 organizaciones con presencia en 72 municipios de nueve departamentos.
Hagamos entonces una radiografía general de esta dolencia que padece Colombia:
El Clan del Golfo es hoy la organización con mayor número de integrantes: 9.915, distribuidos en 39 subestructuras. De ellos, 3.364 corresponden a hombres en armas y 6.551 a componentes criminales focalizados. Le sigue el ELN, con 6.877 integrantes y 69 estructuras: 3.442 hombres en armas, 3.189 integrantes de redes de apoyo y 246 pertenecientes a estructuras urbanas.
En las disidencias de las Farc, el panorama tampoco es similar. La facción de alias Iván Mordisco registra 4.176 integrantes y 26 estructuras, mientras la facción de alias Calarcá suma 2.837 integrantes y 17 estructuras. También aparecen la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con 2.144 integrantes; las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con 594; la Segunda Marquetalia, con 573, y Comuneros del Sur, con 251.
Y detrás de las grandes estructuras existe otro universo criminal, menos visible pero igualmente determinante. Los grupos delincuenciales organizados incluyen a Los Costeños, Los Espartanos, El Mesa, Los Shottas, Los Chatas, Pachelly, Los Pepes, La Terraza, Los Triana y el Tren de Aragua, entre otros. Algunos tienen alianzas; otros se enfrentan entre sí y, en determinados territorios, mantienen conexiones o disputas con organizaciones de mayor capacidad como el Clan del Golfo.
La conclusión es evidente: la violencia colombiana dejó de tener un solo rostro. Hay guerrillas, disidencias, estructuras sucesoras del paramilitarismo, organizaciones criminales urbanas y redes que funcionan como brazos logísticos, financieros o territoriales. No todos persiguen los mismos objetivos ni tienen la misma naturaleza. Pero comparten algo: la capacidad de desafiar al Estado y de convertir economías ilegales en poder territorial.
El crecimiento durante el Gobierno Petro
Sería engañoso señalar que el fortalecimiento de los grupos armados comenzó con Petro, pero durante su gobierno la tendencia no se contuvo; por el contrario, aumentó. Según el informe de la Fundación Conflict Responses (CORE), durante el gobierno del cambio hubo un incremento en el número de integrantes, en las disputas y en la expansión territorial. En algunos casos, los ceses al fuego sin líneas rojas, desafortunadamente, terminaron dando tiempo y espacio para crecer.
Calarcá pasó de unos 1.300 integrantes en 2022 a casi 3.000 en 2025, y de presencia en 61 municipios a 113. El cese bilateral limitó operaciones ofensivas y facilitó su expansión: en Huila pasó de no tener presencia a operar en 17 municipios. Una negociación sin límites puede convertirse en una oportunidad para ganar territorio, hombres y rentas ilegales. Mordisco: cuando la paz no detuvo la guerra. El Estado Mayor Central pasó de unos 2.200 integrantes en 2022 a cerca de 4.000 en 2025, mientras amplió su presencia de 97 a 133 municipios. El caso demuestra que la fuerza militar es indispensable, pero no suficiente: sin inteligencia, justicia, control financiero y presencia estatal, los grupos pueden resistir, financiarse y recomponerse a costa del terror de la gente y de la flexibilidad que tuvo el Gobierno.
“Juguemos a los Congelados”
La frase de Danilo Rueda en 2022 resume una de las mayores controversias de la “paz total”: una parálisis del Estado mientras avanzaban los diálogos. La pregunta es inevitable: ¿qué pasa cuando el Estado se congela y el crimen sigue moviéndose? El Clan del Golfo pasó de unos 4.000 integrantes en 2022 a casi 10.000 en 2025 y amplió su presencia de 200 a 292 municipios. Negociar no es rendirse. Pero un cese al fuego no puede convertirse en tiempo para reclutar, extorsionar y fortalecerse.
El crecimiento del Clan del Golfo tampoco puede atribuirse directamente a la “paz total”: durante buena parte del Gobierno Petro no tuvo cese al fuego ni mesa formal. Su expansión respondió a una estrategia criminal propia. Pero el resultado es contundente: más hombres, más territorio y más dinero ilegal. Colombia no enfrenta solamente grupos armados. Enfrenta economías criminales capaces de financiar armas, reclutar personas y sustituir al Estado en territorios ENTEROS.
El verdadero desafío de De la Espriella
Durante cuatro años el Presidente no podrá gobernar mirando permanentemente por el espejo retrovisor. Petro será parte de la historia y podrá ser objeto de balances, pero no puede convertirse en la explicación permanente de cada fracaso del nuevo Gobierno. Porque los colombianos no eligieron a De la Espriella para administrar las consecuencias del pasado, sino para resolver los problemas del presente.
El nuevo Gobierno hereda un mapa de organizaciones armadas fortalecidas. Su reto no será simplemente aplicar “mano dura”, sino recuperar el control territorial, cortar las finanzas criminales, impedir el reclutamiento y garantizar que cualquier negociación no se convierta en una ventaja para los violentos. Pero detrás de las cifras hay algo que no puede perderse de vista: las víctimas siguen esperando. Familias desplazadas, comunidades confinadas, niños en riesgo de reclutamiento y campesinos que todavía viven bajo las reglas de los grupos armados no pueden esperar otros cuatro años de discusiones políticas.
Abelardo de la Espriella ha marcado un cambio de rumbo frente a la “paz total” y ha cerrado mesas que, según su Gobierno, no mostraban una voluntad real de paz. Su apuesta es clara: no negociar por negociar y recuperar la autoridad del Estado. Pero aquí empieza su verdadera prueba: un Estado que dialogue cuando exista voluntad real de abandonar las armas, pero que actúe cuando el diálogo sea utilizado para fortalecerse. Un Estado que llegue a las regiones no solo con soldados, sino con justicia, oportunidades y protección. Porque al final, el éxito de este Gobierno no se medirá por cuánto habló de Petro ni por cuántos cabecillas capturó. Se medirá por cuántas víctimas dejaron de ser víctimas, cuántos territorios recuperaron la libertad y cuántos colombianos volvieron a vivir tranquilos desde sus regiones, muchas de ellas, históricamente olvidadas.