Defender a Bogotá también es defender el bolsillo de la gente
Lo que le falta a la ciudad es que en el Congreso dejen de estorbar y empiecen a destrabar: educación útil, inclusión financiera de verdad y reglas que protejan a la gente para que el trabajo no termine en deuda o en estafa.
Bogotá no está quieta. Bogotá va rápido. Madruga, produce, paga impuestos y resuelve. Y, aun así, a demasiada gente le pasa lo mismo: llega el sueldo y vuelve el miedo. Miedo al arriendo, a la cuota, al “no me alcanza”, a la llamada del cobro, al préstamo fácil que termina siendo una trampa.
Esa angustia no se arregla solo con más cajeros o con abrir cuentas. El país ha avanzado en acceso financiero, sí, pero el dato duro no puede ocultar la realidad cotidiana. En 2024, el 96,3 % de los adultos tenía al menos un producto de depósito o crédito. Eso significa que la puerta está abierta para casi todos. El problema es lo que pasa después: decisiones financieras sin herramientas, gente firmando sin entender, jóvenes entrando al mundo laboral sin saber cómo funciona una tasa, una deuda, un seguro o una estafa digital. La inclusión financiera sin educación termina siendo otra forma de desigualdad.
Por eso esta columna no es un discurso académico. Es una pregunta política: ¿de verdad vamos a seguir graduando generaciones sin enseñarles a ahorrar, invertir y gastar con inteligencia, como si eso no fuera parte de la vida real?
Porque esa ignorancia financiera se vuelve el negocio perfecto para los abusivos. El gota a gota, el “compre hoy y sufra mañana”, el mensaje falso que roba datos, la supuesta inversión milagrosa. Y encima, cuando el fraude crece, el golpe no solo es al bolsillo, sino a la confianza. La autoridad financiera del país ha advertido sobre la magnitud de ataques cibernéticos al sistema y la necesidad de más exigencias para proteger al consumidor.
Aquí es donde educación e inclusión financiera dejan de ser un tema “bonito” y se vuelven un tema de ciudad. La propuesta que se debe llevar al Congreso de la República el próximo año es sencilla: la inclusión financiera empieza en el aula. Y no como una charla de una hora, sino como formación seria en finanzas personales, tecnología y ciudadanía económica. Aprender a presupuestar, comparar, desconfiar cuando toca, tomar decisiones y no dejarse tumbar.
Eso tiene que ir amarrado a trayectorias educativas completas, desde primera infancia hasta educación superior, para que nadie quede por fuera por falta de cupo, plata o acompañamiento. Bogotá puede ampliar convenios con universidades, fortalecer programas tecnológicos conectados con el mercado laboral y crear formación continua que convierta educación en empleo digno.
En barrios donde emprender parece una odisea, esa conexión es clave: educación que sirva para trabajar, para emprender con reglas claras y para innovar sin miedo en un mundo donde la tecnología ya cambió la economía. Y sí: esto también es defender a Bogotá. Porque la ciudad no se frena solo por trancones o por inseguridad. Se frena cuando la política se vuelve show, cuando hay muchos likes y pocas leyes útiles, cuando el Congreso está más pendiente del celular que del territorio.
Se frena cuando desde arriba hay ministerios que en vez de gobernar estorban, y la respuesta a cada problema es apretarle la vida al que ya cumple. Una ciudad de este tamaño no se planea con ideas chiquitas. Si de verdad queremos una Bogotá que avance, necesitamos educación que prepare para la vida real, escuelas seguras y con salud mental, infraestructura que funcione, movilidad escolar pensada en los estudiantes y un vínculo directo entre formación y empleo.
Esa lucha que doy desde estas letras, y sobre todo desde los territorios, no es ideológica, es práctica. Porque a la Cámara de Representantes se debe ir a quitarle estorbos a Bogotá, a empujar educación útil, inclusión financiera real y reglas que protejan a la gente para que el trabajo de madrugar no termine convertido en deuda o en fraude. Bogotá ya hace su parte y ahora necesita congresistas que hagan la suya.