El presupuesto inflado que Colombia no puede pagar

El Gobierno Nacional presentó para 2026 el presupuesto más grande de la historia: 557 billones de pesos. En el papel suena a fuerza y ambición, pero en realidad es todo lo contrario. Un Estado con las cuentas en rojo no puede darse el lujo de inflar el gasto como si nada pasara. Detrás de la cifra récord hay una verdad incómoda: Colombia atraviesa una crisis fiscal de las más serias en décadas.

El déficit de este año cerrará en 7,1 % del PIB y ya hay proyecciones que lo llevan al 7,5 %. Nunca antes se había visto algo similar. Y si se mira la región, el contraste es peor: Chile ronda el 1,8 %, Perú el 2,2 % y México el 3,9 %. El promedio latinoamericano es de 2,6 %. Colombia, en cambio, duplica esa cifra. El país se quedó sin disciplina fiscal y hoy está liderando la lista en el peor de los rankings.

No es una casualidad ni un golpe de mala suerte. Es el resultado de gasto creciente y recaudo flojo por parte del gobierno de Gustavo Petro, contrario a lo que propuso en campaña. Los subsidios se multiplican, la burocracia se expande y los programas sociales se anuncian sin un financiamiento claro. Por el lado de los ingresos, las cuentas tampoco cuadran: en el primer semestre de 2025 se recaudaron 10,7 billones menos de lo proyectado. El impuesto de renta aporta con cierta estabilidad, pero no alcanza a tapar los huecos que dejan el IVA o los recursos externos, cada vez más volátiles.

La caja del Estado está en números críticos. El saldo del Tesoro Nacional se redujo a 10,8 billones, el nivel más bajo en cinco años. Eso significa que el Gobierno tiene menos margen para pagar de inmediato lo que debe y, de paso, transmite a los mercados la imagen de un país al borde de la iliquidez. El golpe ya es evidente. Las calificadoras redujeron la nota de la deuda colombiana y el Fondo Monetario Internacional suspendió la Línea de Crédito Flexible, que había sido un respaldo constante desde 2009. A esto se suma la reacción de los mercados: grandes fondos internacionales, como Vanguard, iniciaron una salida masiva de bonos colombianos, con retiros cercanos a 1,75 billones de pesos en pocas semanas. Un reflejo de la desconfianza que genera el rumbo fiscal actual.

En medio de este panorama, el Ejecutivo habla de una reforma tributaria de 26 billones y de una recompra de bonos globales sin financiamiento confirmado. Son anuncios que no despejan la duda central: ¿cómo se va a ordenar la casa? La credibilidad no se gana con parches, sino con una política clara, sostenible y capaz de demostrar que cada peso tiene un destino responsable.

El riesgo no es solo para las finanzas nacionales. También lo es para las ciudades que dependen de esos recursos. Bogotá, por ejemplo, tiene aseguradas vigencias futuras por más de 64 billones de pesos para proyectos clave: la Línea 2 del Metro, el Regiotram de Occidente y programas de movilidad integral. Hoy esas obras tienen respaldo, pero si en 2028 la regla fiscal vuelve a aplicarse en un contexto de déficit alto, los recortes caerán primero sobre estos compromisos de largo plazo.

Y es que según los cálculos de Corficolombiana, recogidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, cuando en 2028 vuelva a operar la Regla Fiscal, el país necesitará un ajuste en el balance primario de 3,2 puntos del PIB respecto a 2025, lo que equivale al recaudo de más de tres reformas tributarias. En paralelo, la deuda neta del Gobierno Central llegaría a un 63,8 % del PIB en 2027, un máximo histórico que implica que cerca de una quinta parte del presupuesto ya estaría comprometido únicamente para pagar intereses. A pesar de estas alertas, el Ejecutivo insiste en proyecciones irreales de recaudo y en un gasto que crece más rápido que los ingresos, sin un plan creíble que muestre cómo se financiará.

Colombia necesita volver a la sensatez. No se trata de recortar por recortar, pero sí de priorizar lo esencial: seguridad, educación, salud e inversión productiva. Lo demás puede esperar. También hace falta una reforma tributaria de verdad, no diseñada a las carreras ni sostenida en ingresos temporales ni en intereses políticos. Y, sobre todo, se requiere austeridad: menos burocracia, menos duplicidades y más eficiencia.

Un presupuesto de 557 billones en un país con un déficit de más del 7 % del PIB no es un logro. Es una apuesta irresponsable que puede comprometer la estabilidad de las próximas décadas. El Gobierno debe reconocerlo y corregir antes de que la factura la paguen los hogares, las empresas y las ciudades que hoy sostienen al país.