Tragedias de Halloween: ¿y la salud mental para cuándo?

El fin de semana anterior dejó dos noticias que no deberían ser parte de la normalidad. Jaime Esteban Moreno, un estudiante universitario, murió después de una agresión en la calle tras una fiesta de Halloween. Y en Pasto, un coronel retirado asesinó a su hijo y a su exesposa en un restaurante lleno de familias. Dos escenas distintas, dos ciudades distintas, pero un mismo hilo: una mezcla de rabia, impulsividad, ausencia de contención y un Estado que llega cuando ya es tarde.

Lo fácil es decir “fue una riña”, “fue un caso aislado” o “fue violencia intrafamiliar”. Lo honesto es admitir que en Colombia estamos viendo cada vez más episodios de descontrol emocional que terminan en tragedia. Jóvenes que no miden el golpe, adultos que no procesan la frustración, familias que no encuentran dónde pedir ayuda antes de que la violencia explote y, lamentablemente, una intolerancia desbordada. Y ahí es donde el tema deja de ser policial y se vuelve político. Esto es, también, un fracaso de la salud mental pública.

Porque la verdad es que hoy en día, si un papá ve a su hijo entrando en consumo de sustancias psicoactivas, en depresión o en una espiral de agresividad, no tiene un camino claro y rápido en el sistema. Si una mujer detecta que su expareja está escalando en el control y la amenaza, tampoco. Y si una universidad quiere proteger mejor a sus estudiantes en fechas de alto riesgo, quizás no encuentra los caminos para acudir a las instituciones que le ayuden. Todo eso, infortunadamente, termina pasando la cuenta de cobro en la calle.

Y no estoy defendiendo a Los Andes, estoy expresando el menester de más leyes que fortalezcan la salud mental en todas las instituciones educativas, en entidades públicas y privadas, en los hogares, en las propias calles y en todos los ámbitos de la sociedad colombiana.

Por eso es clave recordar que en Bogotá sí ha habido voces que llevan años diciendo que esto no es un tema “suave”, sino estructural. Una de esas voces es la de Gloria Díaz, quien desde el Concejo impulsó que la salud mental fuera prioritaria en la ciudad, que se hablara del asunto sin estigmas y que se integrara al sistema de atención, no como un apéndice sino como parte del cuidado real de la población. No porque “suene bonito”, sino porque la ciudad ya estaba dando señales de alarma: más consultas por ansiedad, más casos de violencia intrafamiliar y más jóvenes involucrados en peleas absurdas, entre otras múltiples desafortunadas situaciones.

Lo que está pasando ahora en Bogotá y en el país muestra que esa agenda no puede quedarse en lo local. Tiene que subir al Congreso. Se necesitan leyes que obliguen a tener rutas de atención temprana, presupuesto estable, articulación con colegios y universidades, y atención prioritaria en comisarías y estaciones cuando se detecten riesgos emocionales. Hoy eso depende demasiado de la voluntad de cada administración. Y así no se evita una muerte a las 3 de la mañana ni un doble homicidio en un restaurante.

Por eso mi visión es la de un Congreso que vuelva a lo serio, a los datos, al control político responsable y a las soluciones. Por eso me gustaría ver ahí a una persona como Gloria, que ya demostró que sabe llevar a la política pública un tema que la mayoría deja en el discurso. Eso es lo que uno espera de quienes van al Legislativo: que lo que ya funcionó en Bogotá se convierta en obligación nacional.

En junio de este año el Congreso aprobó la Ley 2460 de 2025, que actualiza la vieja Ley 1616 de 2013 y, en el papel, suena muy bien: habla de derecho pleno a la salud mental, de educación emocional desde el colegio, de campañas masivas, de rutas y de articulación Nación–territorios. Incluso obliga a que más entidades distintas al sector salud se metan en el tema. Pero ahí está el vacío: la ley no amarra plata específica, deja muchas cosas sujetas a reglamentación y no baja con claridad a escenarios donde hoy están pasando las tragedias: centros educativos, hogares, espacio público, estaciones de Policía y hasta a través de plataformas digitales.

Es un avance, pero no resuelve lo que vimos el fin de semana. Nadie detectó a tiempo la escalada de violencia. Por eso sí hace falta que en el Congreso haya gente que coja esa ley nueva, la complemente, le ponga dientes presupuestales y la conecte con seguridad ciudadana y educación. Justo lo que hizo Gloria Díaz en Bogotá, cuando logró que la salud mental dejara de ser un tema decorativo y se volviera una prioridad de ciudad.

Las dos tragedias no son anécdotas de Halloween. Son la representación de un país sensible, cansado y saturado, al que le estamos ofreciendo muy poco soporte emocional e institucional. Si el Congreso no pone la salud mental en el centro, nos vamos a seguir indignando por videos virales de peleas y por crímenes cometidos que se habría podido evitar leyendo las señales de alerta de quienes los perpetraron. Y la indignación, ya lo sabemos, no devuelve vidas.

Colombia no puede resignarse a convivir con violencias que eran evitables. Para eso se necesita más que likes y más que discursos moralistas. Se necesita gente en el Capitolio que ya haya trabajado el tema, que lo entienda y que lo convierta en política nacional. Esa sería la diferencia entre comentar y lamentar las tragedias y evitar la próxima.