Dos Colombias, la de las encuestas y la del desconcierto e incertidumbre

Es sorprendente cómo un cambio de gobierno varía las percepciones de las personas, si se le cree a la medición Nº 150 de Invamer, del mes de agosto de 2022. Según esa encuesta el porcentaje de personas que cree que Colombia está mejorando pasó de 23% en julio de 2022 a 33% en agosto y el de quienes creen que está empeorando pasó de 63% a 48%.  La aprobación de Petro, que estaba en el 23%, subió al 56% y la desaprobación bajó del 68% al 20%. Duque, en cambio, registró una aprobación del 29% y una desaprobación del 58%. 

La medición muestra que las personas creen que la seguridad, la economía, la calidad y cubrimiento de la salud, la lucha contra la pobreza, el manejo de migrantes venezolanos, el apoyo al campo y al agro, la calidad y cubrimiento de la educación y las relaciones internacionales están mejorando, al paso que creen que los problemas de corrupción, narcotráfico, guerrilla, desempleo, asistencia a la vejez, reintegración de desmovilizados, están disminuyendo. Con otras palabras, que el país mejoró sustancialmente entre julio y agosto.

Mientras la encuesta indica que todo mejora, el ambiente que se palpa en el país es de una sensación de desconcierto e incertidumbre, que puede llevar a una mayor polarización. El precio del dólar se dispara y sería necio pensar que la explicación obedece solamente al alza en las tasas de interés en USA o que el clima interno no tiene incidencia alguna. La verdad es que la gente opina sobre expectativas y no sobre realidades y es muy dudoso que quienes no votaron por Petro hayan cambiado de opinión. Recuérdese que por él votó el 28,7% del potencial de votantes.

Los mensajes que está enviando el gobierno francamente empiezan a causar honda preocupación. 

Los tuits de Petro frente al rechazo democrático del pueblo chileno a la nueva Constitución son tremendamente desafortunados y constituyen una intromisión indebida en asuntos soberanos de otro país, como ya lo hizo al defender a Cristina Kirchner, acusada de corrupción en su país. Decir que “Revivió Pinochet” y afirmar que “Sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas” significa claramente que, al igual que a Marx, no le sirve la democracia en una sociedad capitalista y que solo removiendo la estructura capitalista se llega a la democracia real, la comunista, cuando todos sabemos que la democracia no existe en una sociedad comunista. ¿Está acaso invitando a desconocer el resultado chileno, como lo hizo Santos en Colombia con el plebiscito que rechazó el acuerdo de paz? ¿Está el país asomándose a una ideología en que los principios y valores ceden terreno para implantar una democracia que no es democracia?

Ciertos nombramientos en el servicio diplomático han causado estupor pues han recaído en personas seriamente cuestionadas, que no dejarán en alto el nombre del país, y otros en los ministerios han suscitado serios interrogantes sobre su idoneidad para estar al frente de esas carteras, en grado tal que son el hazmerreír en las redes sociales. Pululan las declaraciones altisonantes, imprudentes o no reflexivas, pronto corregidas o reversadas, es decir, que se nota improvisación, falta de conocimiento y de profundidad. 

Se está colocando al frente de ciertos ministerios a quienes no apoyan lo que esos ministerios hacen y el resultado no podrá ser peor. Varios ejemplos lo ilustran: la de Minas y Energía, quien no cree en el gas ni en la minería,  dejó aflorar una confusión mental sobre la teoría del decrecimiento de Serge Latouche -la cual no se aplica en ningún país-, y pretende exigir a los demás países que decrezcan.

El de Defensa no cree en los militares y policías, los maniata y por las medidas adoptadas bien podría llamarse ministro de la Indefensión. El de Relaciones Exteriores, cómplice de gobiernos de izquierda y defensor de terroristas. El de Educación, en lugar de fortalecer la educación, quiere distorsionar la historia dando crédito a un informe que no lo merece.

El de Hacienda no cree en quienes le pagan al Estado ingentes cantidades de dinero por concepto de tributos, no estimula la creación de empresa y la generación de empleo, pero sí en desincentivar la inversión e imponer tasas de tributación francamente expropiatorias. El del Interior, con su llamado a movilizaciones populares en apoyo de la tan criticada reforma tributaria, muestra claramente, al mejor estilo de un dictador, que el diálogo y la democracia pasan a un segundo plano con tal de imponer lo que se quiere, así el caos vuelva a las calles y la incertidumbre económica reine. Ya no importa el sentir de quienes no votaron por Petro y tampoco que el deber del gobernante sea gobernar para todos y no solo para quienes lo eligieron. 

Si es en el campo de los derechos humanos, el discurso de defensa de esos derechos solo se pronuncia cuando la izquierda no está en el poder, pues cuando lo está, pasa enteramente al olvido. El ejemplo claro lo brinda la ausencia de Colombia en la votación en la OEA para censurar a Nicaragua por violación de los derechos humanos, que se debió a una instrucción expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores, como este tuvo que reconocer. Con otras palabras, la solidaridad con el gobierno de Nicaragua, como gobierno de extrema izquierda que es, prevaleció sobre toda otra consideración, sin importar que ello signifique dejar enteramente de lado la política de defensa de los derechos humanos que Colombia históricamente ha mantenido, o que exista un importante diferendo limítrofe con Nicaragua. El apoyo dado a Nicaragua va en línea con la felicitación de las Farc a ese gobierno, poco después del fallo de La Haya, por los “éxitos alcanzados en favor de la soberanía” (El Espectador, 5/11/2013), todo lo cual suscita serias dudas acerca de la posición que asumirá Colombia en ese diferendo. 

Este hecho, unido al pronto restablecimiento de relaciones con Venezuela, acusada también de violar derechos humanos y cuyo presidente fue denunciado por Colombia ante la Corte Penal Internacional, ¿será presagio de lo que en el futuro nos espera, es decir, que Colombia pronto actuará como lo vienen haciendo Nicaragua y Venezuela?

En el discurso del gobierno de Petro, ¿en dónde quedan los derechos humanos de nuestros soldados y policías, que han puesto muertos, heridos y familias desvertebradas? ¿Cuál es la respuesta a las viles masacres de las que son objeto? ¿Acaso sus derechos son inferiores a los de aquellos a quienes por mandato de la Constitución han combatido o es que la política de paz total que impulsa el gobierno se opone al respeto debido a la institución militar y a la Policía? Es obvio que el Gobierno al eliminar la cabeza de la pirámide de las Fuerzas Militares y de Policía demostró no importarle los grados militares, los cursos de ascenso, las medallas obtenidas, la preparación académica, las enseñanzas en el arte de la guerra, la antigüedad, los procesos de ascenso ni los soles. Si bien algunos oficiales de los retirados son objeto de investigación -que no de condena-, prescindir de aquellos que no tienen tacha alguna y que no son objeto de investigación,  que ocuparon los primeros puestos de su clase y con carreras brillantes y meritorias -como es el caso de los generales Emilio Cardoso y Díaz Mateus-, muestra la intención torcida de desmantelar al Ejército, dejando a pocos militares activos de carrera militar y a otros que no fueron precisamente los más distinguidos, y prescindir de la valiosa asesoría que prestan a los gobiernos las fuerzas militares. 

Suspender los bombardeos valiéndose de un pretexto injustificado -medida que ha recibido toda clase de críticas- implica para el Ejército dejar de usar la medida más efectiva en la lucha contra el terrorismo y los grupos subversivos; pretender acabar de un tajo con el servicio militar obligatorio y que los alcaldes municipales se conviertan en jefes de los militares -rompiendo la cadena de mando-, es un verdadero despropósito, como también lo es la pretensión de desarmar a la población civil en un momento en que la inseguridad recrudece pues equivale a dejar inerme a la población civil contra los grupos delincuenciales, que no necesitan permiso para el porte de armas. 

Ya no es suficiente con ver sentados en el Congreso, haciendo leyes y sintiéndose con autoridad moral, a personas que no merecen estarlo por estar acusadas de cometer delitos de lesa humanidad. Ahora se trata de que también los de la Primera Línea gocen de privilegios, a los cuales habrían de sumarse los que resulten de los procesos de paz que se adelantarán con el ELN y otros grupos delincuenciales. El título de la obra es “El terrorismo y la delincuencia pagan”. 

No puede causar sorpresa que los ganaderos hayan optado, como dijo el presidente de Fedegan, por acudir a grupos de reacción solidaria inmediata, pues se sienten totalmente desamparados frente a acciones de personas que invaden las fincas alimentadas con la idea de que la tierra debe devolverse a sus dueños ancestrales o simplemente a quienes la necesitan. Es probable que los ingenios azucareros los sigan, no sólo para defenderse sino también para defender a sus trabajadores, en su mayoría de raza negra, que han dejado en claro que no están dispuestos a que los indígenas les arrebaten su sustento.

Los indígenas del Cauca se sienten con derecho a agredir a quien quieran por fuera de sus territorios, sin temor a que los apresen, invocando la justicia indígena, mientras que en sus territorios nada puede moverse sin su aprobación. Son los únicos en todo el hemisferio que se sienten con derecho a reclamar nuevas tierras, cuando las que tienen o no las explotan o lo hacen solo con cultivos de coca. 

Todo indica que estaremos viviendo la “Crónica de una muerte anunciada”.

@josetorresf
Abogado