El derecho a estar bien gobernado, ¿qué está pasando en Colombia?

La Constitución Política de Colombia consagra los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos y del ambiente y establece normas relativas a la protección y aplicación de esos. No menciona de una manera explícita el derecho del pueblo a estar bien gobernado. La revocación de alcaldes de alguna manera obedece a esa idea, solo que el mecanismo de la revocación se estructuró para que difícilmente operare y, en aquellos casos relevantes en que han estado dadas las condiciones, la misma autoridad electoral se ha encargado de obstaculizar las formas de expresión democrática colocando toda clase de trabas para que no haya lugar a la revocación, como sucedió en el caso de Medellín.  

La Carta señala que ningún servidor público ejercerá su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución, que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar cumplir la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos.

Es tiempo de preguntarse si existe o no ese derecho a estar bien gobernado o si debe consagrarse expresamente y cuáles son las consecuencias de su violación, por cuanto los gobernantes, animados o no de buenas intenciones, frecuentemente dejan de lado el juramento que prestaron, hacen caso omiso de normas básicas de buen gobierno o, simplemente, al gobernar solamente para sus electores se olvidan de que obtuvieron su triunfo electoral en veces por escasa mayoría o de que sus electores no representan la mayoría del censo electoral, fracturando así el país y rompiendo de tajo la unidad nacional.

El derecho a estar bien gobernado se vulnera por decisiones del gobernante que atentan contra el bien común; se apartan de preceptos constitucionales o legales; implican abuso de poder y la asunción de funciones que tienen otras ramas del poder; afectan considerable y negativamente el orden público; se liberan delincuentes que han demostrado peligrosidad; paralizan las actividades regulares de las FF. MM. y de Policía; van dejando desprotegida a la comunidad que queda a merced de la delincuencia; colocan en cargos neurálgicos para el país a personas que no reúnen los requisitos para ocuparlo, que no pasarían un proceso riguroso de selección y cuyas actuaciones generan grave daño a la economía del país precisamente por su falta de experiencia y conocimiento; se aplican a los servicios públicos criterios políticos y no técnicos; sumen al país en la incertidumbre en diversos aspectos; suponen intromisión en asuntos del resorte interno de otros países apartándose del principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos consagrado constitucionalmente; alientan deliberada, inconsciente o ingenuamente la proliferación de cultivos de coca; colocan en riesgo el sistema de salud y de pensiones; y otras decisiones semejantes, dentro de una larga lista que empieza a quitar el sueño.

Históricamente la pregunta acerca de si existe o no el derecho a estar bien gobernado no se ha formulado de esa manera. La filosofía política lo ha abordado desde una perspectiva distinta, la del derecho de rebelión, o la resistencia a la opresión, o la desobediencia civil, cuando quiera que el gobernante tenga origen ilegítimo o cuando, teniendo origen legítimo, pierde legitimidad por su actuar contrario al interés común. 

El derecho de rebelión aparece desde antaño -con diferencias de matices desde luego-, en Platón, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, entre otros, y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1976, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789 y 1793, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948, para citar algunas fuentes. En todas ellas se alude a la idea de la rebelión contra la tiranía y la opresión, a la oposición decisiva contra el despotismo, a que, como dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de los derechos inalienables, “el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.” Algunas constituciones contemplan, incluso, el derecho de rebelión, como la alemana, según la cual -anota Fernando Astudillo Becerra- "todos los alemanes tienen el derecho de resistencia" contra cualquiera que intente eliminar el orden del Estado "cuando no fuere posible otro recurso". 

La violación del derecho al buen gobierno no se produce por cualquier motivo sino por una larga cadena de acciones, con abusos de poder, que se traducen en una pérdida de confianza en el gobernante, el cual no detenta un poder absoluto sino que está sometido a la voluntad popular, que le puede poner freno a su arbitrariedad. 

Colombia no ha sido en el pasado ajeno a ello. La caída del General Rojas Pinilla empezó a gestarse en 1956 cuando los partidos políticos tradicionales le retiraron el apoyo al General, y se intensificó en 1957, con ocasión del arresto de Guillermo León Valencia, con la movilización de los estudiantes universitarios, el cierre de los bancos, la huelga general del comercio, la parálisis industrial y el paro económico, culminando el 10 de mayo con la designación de una Junta Militar.

En tiempos modernos parecería resultar más atractivo o apropiado hablar del derecho a un buen gobierno antes que del derecho de rebelión, conceptos que no se identifican. Un pueblo tiene el derecho a que se le gobierne bien, nombrando a los mejores, particularmente en los cargos de relevancia, y a que las políticas que se implementen consulten cabalmente el interés general. Así como en las empresas existen normas de gobierno corporativo, procesos rigurosos de selección, reflexiones profundas en el equipo directivo sobre hacia dónde encaminar la empresa, en el Estado no se puede obrar de otra manera. Un ejemplo importante lo constituye Singapur, que hace 55 años era como Buenaventura en el Chocó y hoy es un un Estado-Ciudad con un desarrollo envidiable, que cualquier país sueña con tener. 

¿Cómo medir cuándo se viola? La respuesta parecería no ser simple pero un buen termómetro se da cuando empieza a surgir un consenso en la sociedad y en opiniones calificadas de los distintos actores, en el sentido de que las cosas no van por bueno camino. La protesta es uno de los mecanismos para repeler la violación, pero no el único. ¿Tiene acaso sentido que un gobernante que ejerce de manera mediocre sus funciones o cuya actuación genera enorme daño al país, permanezca en el poder? No pretendo en un corto espacio analizar el tema sino solamente hacer una ligera aproximación al mismo. 

Están aflorando voces importantes que colocan el grito en el cielo para llamar la atención de lo que está sucediendo y que critican duramente el sorpresivo llamado gubernamental a movilizaciones populares, apoyado seguramente por delincuentes liberados y los 100.000 beneficiarios del millón de pesos mensual de que habla el gobierno, para defender unas reformas que el país aún no conoce, pero que tendrían profundas repercusiones en la vida nacional. Movimientos que pueden tener consecuencias impredecibles en un momento en que afloran el descontento y la preocupación en la población y en la clase dirigente, a lo que se suman los paros anunciados, la situación en el sur del país, el desabastecimiento por bloqueos en la vía Panamericana, y otros factores. 

Es tiempo de prestar a estos temas la mayor atención para que nuestra querida Colombia no se descarrile y esta tarea debe involucrar a todos los sectores pensantes del país. El país se está saliendo de las manos.

@josetorresf