Subpresidente
Atravesamos como país uno de sus momentos más oscuros en décadas, y lo más alarmante no es solo la presencia del crimen organizado, sino la sospecha cada vez más fundada de su infiltración en las entrañas mismas del Estado.
Que desde la Fiscalía se destape que la inteligencia estatal habría sido penetrada por alias “Calarcá” no es un hecho menor: es la confirmación de que las líneas entre legalidad y criminalidad se han vuelto peligrosamente difusas.
Más grave aún resulta escuchar a un director de inteligencia hablar, sin rubor, de poner al servicio de alias “Papá Pitufo” estructuras del Estado bajo el paraguas de la llamada “Paz Total”, una política que, lejos de pacificar, parece haber abierto la puerta a la legitimación de estructuras delincuenciales. La promesa de reconciliación se ha convertido en un blindaje de facto para quienes históricamente han desangrado al país.
Hemos caído muy bajo. Un país donde figuras cercanas al poder visitan cárceles con ligereza, donde el hermano del presidente aparece en estos escenarios, donde su hijo reconoce haber recibido dinero del narcotráfico, y donde la primera dama es señalada en medio de controversias, es un país donde el mensaje es devastador: delinquir no solo no tiene consecuencias, sino que puede acercarte al poder.
En este contexto, la criminalidad no le teme al gobierno; por el contrario, parece sentirse representada por él. Se ha instalado una percepción peligrosa: la de un Estado cooptado, donde las instituciones ya no contienen al crimen, sino que conviven con él.
Y como si fuera poco, los fantasmas del pasado regresan con fuerza. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay y las denuncias de interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella evocan épocas que creíamos superadas. Colombia no puede permitirse retroceder a los años en que la violencia política y la persecución eran herramientas de poder.
Ante este panorama, la respuesta no puede ser la resignación. Este entramado debe ser derrotado en las urnas el 31 de mayo. Se necesita un voto castigo, silencioso pero contundente, como el que hace décadas transformó el rumbo del país. El cambio resultó, el abismo.
Colombia está en una encrucijada. O recupera sus instituciones y restablece la autoridad legítima del Estado, o se resigna a ser rehén de quienes han encontrado en el poder un nuevo territorio para delinquir.
@josiasfiesco