Adiós a la audiencia de imputación

La iniciativa contempla diversas reformas, entre las cuales destaca una de las más importantes y llamativas: la eliminación de la audiencia de imputación tal como la conocemos.

Con esta propuesta, dicha audiencia dejaría de ser una etapa inicial y esencial para vincular formalmente a una persona al proceso penal y pasaría a ser una diligencia facultativa, que sería rebautizada como «audiencia de terminación anticipada». Tal como su nombre lo indica, esta audiencia se llevaría a cabo únicamente cuando una persona quisiera acogerse a alguno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso, tales como el allanamiento a cargos, los preacuerdos, el principio de oportunidad o la reparación integral.

En el eventual caso de que una persona no haga uso de estos mecanismos de terminación anticipada, la Fiscalía General de la Nación estaría obligada a proceder con la audiencia de formulación de acusación. En consecuencia, esta se convertiría en la primera audiencia de carácter obligatorio dentro del proceso penal.

Con este nuevo marco procesal se reforzaría uno de los propósitos fundamentales del sistema penal acusatorio: la priorización de los mecanismos de solución anticipada y de la justicia premial. Esto podría convertirse en una herramienta clave para descongestionar el sistema judicial. Además, el cambio podría fortalecer las garantías fundamentales de las personas procesadas, al privilegiar fórmulas que permitan resolver los conflictos sin necesidad de acudir a procesos judiciales prolongados que, en muchos casos, podrían haberse solucionado desde una etapa temprana.

Por otro lado, el proyecto también contempla los intereses de las víctimas, pues, si las controversias se resuelven de manera anticipada mediante fórmulas de equidad y justicia, se les brinda una mayor garantía de que su comparecencia ante la Administración de Justicia no habrá sido en vano. No es un secreto que, en muchas ocasiones, las presuntas víctimas prefieren evitar el contacto con las instituciones judiciales porque consideran que los procesos prolongados no conducirán a una solución efectiva de sus conflictos.

Así las cosas, si se materializa el proyecto de ley, la Fiscalía y sus funcionarios tienen una cuenta pendiente con el Sistema Penal Oral Acusatorio, concebido desde sus inicios para evitar que la mayoría de los procesos llegaran a juicio y, en su lugar, promover fórmulas de solución anticipada de los conflictos. Se trata de buscar alternativas en las que la víctima se sienta reparada y el presunto responsable de la conducta punible reciba una sanción que no necesariamente implique la privación de la libertad.