Cavando nuestra propia tumba

Las medidas adoptadas favorecen el activismo sin seguir las recomendaciones de expertos, dejando a un lado el propósito de reducir la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, resulta fundamental entender el rol de nuestro país en la transición energética y verlo en función de sus necesidades.  

Colombia no contribuye sustancialmente a la formación del acervo de gases de efecto invernadero (GEI) ni contribuye a los flujos actuales de emisiones en proporción superior a la de su participación en la población mundial. En cambio, nuestro país sí presenta brechas de consumo de energía importantes que limitan el bienestar de su población: un colombiano promedio consume 36 GJ, mientras en el mundo en promedio se consumen 50 GJ por habitante. Ante esto, la actual reforma tributaria condena a los colombianos a consumir menos energía a precios más altos por acelerar de forma incorrecta la descarbonización del país ¿Estamos dispuestos a aumentar la pobreza por disminuir emisiones de GEI?

Mi preocupación no solo es por la terminación de contratos de exploración y explotación de combustibles, también es por el claro sesgo de la reforma tributaria en contra de las actividades de este sector. Flaco favor le hace al desarrollo del país que las regalías pagadas ya no puedan ser deducidas del impuesto de renta, el cambio en la tarifa del impuesto de renta en las zonas francas costa afuera y la terminación de subsidios a la inversión en este sector cuando las condiciones de mercado no son favorables. 

El impacto fiscal de estas medidas es preocupante cuando cerca de un tercio del recaudo tributario proviene de las empresas del sector petróleo y gas. Este sector aporta en promedio 24 billones de pesos al año; valor equivalente a cerca de tres veces una reforma tributaria típica. La actual reforma conduciría a una caída en la producción con afectaciones entre 3.7 y 6 billones anuales sobre el recaudo, además de impactar de manera directa a cerca de 97 municipios y 5 millones de habitantes cuya actividad económica se apalanca en este sector, y dejaría de generar cerca de 115 mil empleos formales al año. El costo de oportunidad es alto cuando este dinero es destinado a programas sociales que contribuyen a la superación de la pobreza y aportan al bienestar de los colombianos. Detener el cambio climático debe ser una prioridad para todos los países del mundo, pero la transición se debe hacer de forma responsable, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal ni la seguridad energética del país. 

Si el propósito fuera disminuir las emisiones de GEI, las acciones se deberían concentrar en las actividades productivas responsables del grueso de su producción. En nuestro país, el 55,6% de estas emisiones son explicadas por actividades relacionadas al uso del suelo, principalmente a la ganadería y deforestación ¿Dónde están las políticas públicas de este gobierno para descarbonizar estas actividades? ¿Qué está haciendo este nuevo gobierno para aprovechar el potencial forestal nacional y promover el mercado de derechos de emisiones?

El rol del gas en la transición energética también es un punto clave. Dada su flexibilidad en el transporte y su consumo, aunado a su menor precio relativo a otros combustibles, el gas es reconocido a nivel mundial como el combustible de la transición. A la fecha, Colombia tiene reservas probadas por 8 años, pero los proyectos de exploración podrían duplicar las reservas asegurando la independencia energética del país. Bajo las nuevas reglas de juego, no es claro el futuro de los proyectos de exploración vigentes ya que a futuro el gobierno dictaminó el fin de nuevas licencias. Irónicamente, pudiendo ser exportadores de gas y posicionarnos como un actor clave en la transición energética global, el gobierno nacional condena al país a importar gas a precios más altos, afectando principalmente a los hogares más pobres y vulnerables. 

La administración Petro está cavando nuestra propia tumba y este momento no se ve con claridad si logremos salir de allí.  Aunque es difícil mantener el optimismo, propongo un debate informado defendiendo la institucionalidad y los planes técnicos ya formulados, como lo son la Ley de Crecimiento Verde y el CONPES de transición energética. 

@mcforerolo
Economista de la Universidad de Los Andes y experta en pensiones