Congreso, la clave para superar crisis con Perú

La crisis entre Colombia y Perú sigue agudizándose sin que asomen soluciones viables. Se trata del periodo más crítico en la relación binacional en la contemporaneidad y del que no existen antecedentes asimilables. Solo si se escarba, se halla el antecedente de la guerra en la década de los 30, para nada comparable con la actualidad. 

La dramática situación requiere de una respuesta en el corto plazo, pues la dilación de una salida puede tener efectos difícilmente corregibles y significará en el futuro, un riesgoso precedente. Hasta ahora, han sido pocos los intentos para revertir la situación que, en los últimos días se complicó por la decisión del Congreso del Perú de declarar persona non grata a Gustavo Petro. 

La situación comenzó ante la destitución de Pedro Castillo a finales de 2022, cuando disolvió el Congreso adelantándose a un juicio de vacancia que se estaría tramitando para deponerlo. Aunque la Constitución faculta al presidente para tales efectos (artículo 134), el legislativo previamente habría tenido que aprobar mociones de censura contra su gabinete, algo que jamás sucedió.  

Argentina, Brasil, Colombia y México han insistido en la necesidad de preservar los derechos de Castillo para que sea juzgado con garantías. Pero el gobierno colombiano ha ido mas allá y se ha abstenido de reconocer a quien asumió las funciones según la línea de sucesión constitucional, Dilma Boluarte elegida como fórmula vicepresidencial del depuesto mandatario. 

La tesis del presidente colombiano es que Castillo fue expulsado por un golpe blando asestado por el Congreso y que, de forma arbitraria, le fueron arrebatados derechos. Bajo esta lógica, ha insistido en que la justicia peruana no brinda garantías -lo cual no es lejano de la realidad- y en medio de las protestas que han derivado en la muerte de más de 70 personas, por el uso excesivo de la fuerza, llegó a comparar a la policía peruana con el régimen nazi, al considerar que “marchaban contra su pueblo”.  

La declaración causó rechazo en varios círculos de la política peruana, en especial en los de la derecha, que ven en la declaración una señal de intromisión inaceptable e incompatible con los principios de la diplomacia que rigen las interacciones entre Estados. La situación recuerda las expresiones de Hugo Chávez que solía referirse a los políticos de terceros países, en términos tanto apologéticos como despectivos causando estragos diplomáticos. 

Con el Perú sucedió algo similar cuando habló positivamente del entonces candidato Ollanta Humala y se refirió a Alán García como “bandido” en pleno proceso electoral de 2006. García ganó y terminó manteniendo buenas relaciones con su homólogo venezolano. 

En respuesta, el Congreso peruano aprobó la declaración de Petro como persona non grata, es decir se trata de prohibirle el ingreso a territorio peruano. Es importante aclarar que quien, en últimas, toma estas decisiones es el gobierno, por lo cual el legislativo le ha hecho la solicitud a la administración de Boluarte y la haga efectiva. Roy Barreras ha sido de los pocos que ha propuesto una salida y enviando una carta a su homólogo José Williams Zapata en la que le pide revertir la decisión, amparándose en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (artículos 9 y 10) y en la Carta de la OEA en los artículos posteriores al 30, que consagran la necesidad de cooperar regionalmente. 

A pesar de las buenas intenciones del mensaje, el articulado de Viena que se evoca, es claro al señalar como potestad de cada Estado, la declaración de persona non grata aclarando que puede hacerlo en cualquier momento, e incluso eximiéndolo de la obligación de exponer los motivos. Dicho de otro modo, es un error el recurso a la legalidad internacional para solicitar revertir la decisión. Aquello supone obviar que el Perú, como Estado soberano, está en su derecho. 

La fórmula más expedita y que extrañamente aún no parece haberse puesto sobre la mesa debe surgir desde el Congreso, en términos que eviten la controversia política y permitan retomar el camino de la cooperación política estancada en los últimos meses. Existe el antecedente del Grupo Parlamentario de Amistad colombo peruano creado en octubre de 2020 y que podría revivir espacios de diálogo político que permitan superar la coyuntura. En este momento, Perú ejerce la presidencial rotativa de la Comunidad Andina (CAN) y de la Alianza del Pacífico, esquemas de integración y cooperación claves para la política exterior colombiana. 

Para este primer semestre se tenía pensado un gabinete binacional y la embajadora nombrada no ha podido presentar credenciales. En una de las primeras alocuciones de Petro en el exterior, dejó en claro el interés por relanzar y robustecer la integración andina con el retorno de Chile y Venezuela a la CAN, la ampliación a Argentina y la inclusión del tema de la droga. El impasse diplomático con el Perú retrasa innecesariamente su concreción y conspira contra el liderazgo que Petro anhela en la zona andina y en América Latina. 

Si bien la situación de derechos humanos en el vecino es deplorable y exige voces, se deben mantener los canales diplomáticos para demandar -como lo ha hecho buena parte de la comunidad internacional- mesura en el uso de la fuerza y respeto por los derechos procesales de Castillo.  

El Congreso colombiano y en particular la Comisión Segunda, encargada de la política exterior y la defensa y seguridad nacionales, tiene una oportunidad inmejorable por demostrar un papel activo que, hasta ahora, ha sido subvalorado y desconocido.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212