Control inflacionario, empresa y gobierno

El anuncio de las cadenas de supermercados, Ara, Olímpica, y Éxito, de reducir los precios de determinados productos básicos de la canasta familiar (leche, arroz, huevos, pasta y azúcar, entre otros) fue recibida con optimismo y con ciertos dejos de escepticismo en otros sectores. De forma inmediata, el gobierno señaló que se trataba de un logro que habría comenzado por el ejemplo dado por la cadena portuguesa Ara quien lo habría concertado con las autoridades. Si bien se trata de una información que ha tenido buen recibo, algunos apuntan a que no significa un control inflacionario efectivo, pues a su juicio, este no se puede ni decretar, ni alcanzar a punta de buena voluntad.  

Ahora bien, se deben tomar en consideración tres factores que hacen de esta decisión del sector privado, una ejemplarizante muestra de la responsabilidad social -que no es solo retórica- y una evidencia de cómo la voluntad política es esencial en los logros en materia económica. 

Primero se demuestra que es falsa la incompatibilidad entre los propósitos empresariales con los ideales de un gobierno que se reivindica como progresista o de izquierda. Es indispensable que la democracia colombiana compruebe en la práctica, que la economía de mercado, la libertad empresarial y las garantías a las inversiones no son capital programático de ninguna partido o movimiento, sino pilares insustituibles del Estado de derecho y la democracia. 

Obviamente, todo está sujeto a las reformas, pero resultaría imposible que en pleno siglo XXI, Colombia avanzara en una estatización de la economía que acabara con el mercado y la libertad empresarial.  

Segundo, comprueba que, para el alcance de ciertos objetivos ligados al bienestar o desarrollo económico, es indispensable la articulación público privada, y que como se ha insistido hasta a la saciedad desde la teoría de la gobernanza, la separación de ambos sectores es tan artificial, como dañina. Sucedió con el desarrollo, adquisición y posterior distribución de vacunas durante el Covid. 

Para la generación del bienestar no es suficiente el esfuerzo aislado del Estado o de los privados, pues se necesitan mutuamente, no solamente para que el gobierno canalice inversiones, sino porque dentro de la administración pública se han acumulado por décadas saberes, especialidades y experiencias valiosas en todos los sectores. La idea de que el Estado es sinónimo de ineficiencia y anquilosamiento es un anacronismo reduccionista. Sin sus aportes difícilmente se podría avanzar en innovaciones que han mejorado la vida de millones en el mundo.

En manos exclusivas del mercado, sería imposible superar la pobreza, lograr resiliencia frente al cambio climático o, en términos generales, alcanzar los logros del desarrollo sostenible. Con el control inflacionario sucede algo similar. 

En momentos en que en todo el mundo se sienten los efectos de la carencia de ciertos insumos para el sector agroindustrial se llevan a cabo esfuerzos políticos que mitiguen tales efectos. Para la muestra, la negociación en la que han intercedido Turquía y Naciones Unidas para que, en medio de la guerra, Ucrania pueda seguir exportando cereales, un acuerdo que acaba de prorrogarse por dos meses más y que tendrá efectos en la inflación rampante que golpea a varias latitudes -sobre todo Medio Oriente y África Subsahariana-. 

Y tercero, si bien la rebaja de precios no es la solución definitiva, demuestra que la gestión depende del nivel de articulación con esfuerzos de entidades como el Banco de la República que tienen a su cargo el control inflacionario. 

La Corte Constitucional ha señalado que la finalidad del Banco no es exclusivamente dicho control y que “la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano”. Esto implica que el control inflacionario no puede hacerse a expensas del desarrollo y bienestar sociales cuyo alcance debe coordinarse con el gobierno. 

La Corte recuerda que el Banco goza de una autonomía “relativa” lo cual no significa facultades para que el gobierno intervenga limitando su independencia consagrada en la Constitución del 91, uno de sus activos más importantes pues ha significado estabilidad macroeconómica a lo largo de décadas. 

La noticia habla bien del empresariado colombiano, blanco constante de las críticas del progresismo. A su vez, desmonta el mito de que el sector privado no tiene sensibilidades sociales más allá de la generación de utilidades.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212