Democracia plebiscitaria

El Centro Democrático ha anunciado su disposición para recoger firmas y organizar una consulta popular para rechazar las reformas del Gobierno.


Mauricio Jaramillo Jassir
may 11 de 2023 07:31 a. m.
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El Centro Democrático ha anunciado su disposición para recoger firmas y organizar una consulta popular para rechazar las reformas laboral, pensional y a la salud. El mecanismo que está contemplado en la Constitución, se estaría alejando de su espíritu participativo, y abrirá la puerta para que el país caiga en la tentación de una democracia plebiscitaria de consensos improbables y donde la imposición ponga en riesgo los equilibrios institucionales. 

El mecanismo aplicado para el rechazo a estas reformas representa un riesgo, al menos por tres razones: sentará un mal precedente y erosionará la deliberación de proyectos futuros; ahondará la polarización y desechará posibles cambios que son necesarios en los sistemas de salud, pensiones y trabajo, pues incluso la misma oposición ha reconocido que se deben transformar; y, dejará la sensación de que solo se puede avanzar en reformas a través de la imposición, más no del diálogo.

En cuanto a lo primero, se debe recordar que la Constitución (artículo 103) reconoce el mecanismo de participación popular para indagar a la ciudadanía con una pregunta general sobre un tema de interés público. Difícilmente se puede elaborar un cuestionario con preguntas para temas donde la tecnicidad hace difícil la pedagogía. Esta situación es diametralmente opuesta a casos como el de Bogotá, bajo el gobierno de Enrique Peñalosa en octubre de 2000.  A través de una consulta se deliberó sobre la implementación del día sin carro por razones ambientales y de movilidad. Se trataba de una discusión de interés público y sin tecnicismos, donde la participación era vital para legitimar una medida que se debatió en toda su complejidad antes y después de la votación.  

En segundo lugar, tal como sucedió en 2003 con la reforma política que tercamente el gobierno de Uribe intentó convertir en referéndum, se simplificará la discusión en temas que requieren matices y en donde la opinión de expertos es clave. Las generalizaciones terminarán en informaciones imprecisas de lado y lado, dejando la sensación de que se trata de un voto de confianza o de castigo hacia el gobierno de Gustavo Petro. En sociedades tan polarizadas como la colombiana, ante consultas de semejante nivel de tecnicidad, la gente tiende a votar según la aceptación o rechazo hacia el mandatario. Para la muestra, el intento de Guillermo Lasso en Ecuador por aprobar un paquete de medidas sobre el orden público, rechazado en las urnas por su baja popularidad, más allá de la viabilidad de las propuestas. El caso opuesto es Chile, donde las consultas ha servido de espacio para debates fructíferos sobre la eventual nueva constitución. 

Y tercero, dejará la sensación de que los consensos no son posibles y ante eventuales desacuerdos, la salida será el recurso al constituyente primario, fórmula por excelencia de los regímenes autoritarios. El Centro Democrático ha recurrido con frecuencia a la ecuación participativa para modificar equilibrios y garantías consignadas en la Constitución del 91, pues no se siente del todo representado en ella. En el pasado, se han hecho propuestas de consultas (no solo el CD) para un nuevo sistema de justicia, la derogación de la dosis personal, la limitación de derechos a parejas del mismo sexo o para incluir la revocatoria al presidente (que solo aplica para alcaldes y gobernadores). En el fondo, todas esquivan la deliberación y apelan a los simplismos, falacias y emociones con tal de avanzar a los empellones en proyectos que, sesudamente discutidos, tendrían que modificarse para que sean del todo representativos o compatibles con el pluralismo.   

De prosperar la consulta, que deberá ser discutida en Senado, Colombia se privará de un debate a partir del cual se pueden acordar reformas que surjan de la discusión, más no de la imposición. La apuesta riesgosa del Centro Democrático abrirá las puertas para que en el futuro los disensos se terminen saldando única y exclusivamente en las urnas, debilitando con ello la institucionalidad y enviando el mensaje a la sociedad de que los consensos son imposibles, idea que parece antítesis del pluralismo, base de la democracia liberal. Extraña lógica la del Centro Democrático, que hace poco criticaba el “balconazo” considerándolo una amenaza a la institucionalidad y al Estado de derecho. Sin embargo, insiste en legitimar a través de elecciones lo que no se pueda lograr a través de la deliberación. Desde 2003 ha sido su estrategia que, de prosperar, implicará un retroceso democrático difícilmente corregible.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212 

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